Por: Benigno Alarcón Deza / 14 de Febrero de 2014

“Democratización es el resultado de incrementar el costo de la opresión

al tiempo que se reduce el de la tolerancia.” (Robert Dahl, 1971).

En nuestro último artículo hacíamos referencia a la convocatoria que el pasado 2 de Febrero un grupo de líderes políticos, entre los que destacan María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, hicieron para proponer el inicio de una nueva etapa en la oposición a la que denominaron ¨LA UNIDAD EN LA CALLE¨ o ¨LA SALIDA¨, y nos preguntábamos si era ésta una propuesta ingenua o contraproducente como denuncian, intuitivamente, algunas de las voces de la crítica ilustrada de la oposición, o si por el contrario era una propuesta con sentido.

Para contestar a ello, y tras los últimos días incluida la marcha de este pasado miércoles, resulta más que oportuno partir de nuestro artículo de la semana pasada, en el que de la mano de dos de los más importantes autores de la Ciencia política contemporánea, Huntington y Linz, revisamos cómo se han producido las transiciones en el período conocido como la Tercera Ola que se inicia con el golpe de estado de 1974 en Portugal (Revolución de los Claveles). Aprendimos, gracias a Huntington, que los procesos de democratización que se han producido a partir de la Tercera Ola han sido, en su gran mayoría, procesos sociales, a diferencia de los períodos anteriores en donde la iniciativa ha estado en manos de fuerzas externas o pequeñas élites locales; en este período el éxito depende de la socialización de los procesos y la participación efectiva de la gente.

Asimismo vimos que, al contrario de lo que mucha gente cree, incluidos algunos respetables historiadores venezolanos, las transiciones de gobiernos autoritarios a democracias por la vía de las intervenciones extrajeras, los golpes de estado, e incluso las rupturas, son eventos más bien extraños y poco frecuentes cuando se les compara con otras formas de transición como es el caso de las reformas o transformaciones, entendidas como transiciones que se materializan por el impulso de las mismas élites que gobiernan, o las ruptformas o traspasos que son el resultado de la iniciativa conjunta de gobiernos que se ven en la necesidad de negociar y ceder espacios a la oposición de manera progresiva y negociada ante la precariedad de su propia situación y en un intento por mantener cierto control sobre los costos derivados de una situación que les coloca ante la perspectiva de una posible salida del poder.

Ahora bien, qué tiene que ver esto con nuestra pregunta inicial sobre si la calle es una manifestación política con sentido o no.

¿Cómo funciona la protesta?

Recientemente terminé de leer un interesantísimo libro, que reseñamos en nuestra sección Recomendados,  titulado: Why Civil Resistence Works? (Por Qué la Resistencia Civil Funciona?). Este trabajo realizado por Erica Chenoweth y Maria J. Stephan (Universidad de Columbia, 2011) presenta estudios comparados entre conflictos asimétricos en los que se usa la violencia como estrategia versus aquellos en los que la resistencia civil, o no violenta como popularmente se le conoce, fue la estrategia dominante. Los resultados, aunque previsibles para quienes venimos estudiando el tema, no dejan de ser impresionantes. Los procesos de resistencia no violenta han sido exitosos en una proporción de 10 a 1 cuando se les compara con aquellos que se han caracterizado por el uso de la violencia, independientemente de que se trate de gobiernos democráticos o autoritarios, e incluso, para mayor sorpresa, de los niveles de represión que el gobierno esté dispuesto a aplicar contra quienes protestan.

La explicación principal viene dada por el nivel de participación que las formas no violentas de protesta logran en comparación con las formas de insurgencia violenta, y como consecuencia los costos de represión que ello implica para el gobierno en caso de que éste necesite o decida reprimir.

El uso de la violencia contra gobiernos establecidos siempre implica la existencia de barreras más elevadas para la participación, que vienen dadas por el limitado acceso a la información que el uso de la violencia exige de quienes escogen tal vía, un nivel de riesgo mucho más elevado así como la necesidad de contar con condiciones físicas y de alerta y disposición mental con las que la mayoría de la gente común no cuenta, y barreras éticas más elevadas que hacen que el uso de la violencia no sea una vía aceptable para la mayoría de la gente, incluso para quienes podrían estar en contra de un gobierno particular. Al mismo tiempo, el uso de la violencia coloca el conflicto en el campo en donde quien normalmente tiene el poder tiene la ventaja, ya que ante iniciativas violentas es fácil justificar respuestas represivas violentas y lograr una mayor cohesión del gobierno con sus fuerzas armadas y policiales, en medio de situaciones en que todos necesitan unos de otros para salvaguardar su propia integridad.

Por el contrario, las protestas pacíficas, como las que algunos líderes políticos han convocado recientemente en Venezuela, pese a la existencia de algunas acciones violentas que se han producido en el marco de las mismas, tienden a masificarse con mucha más facilidad, justamente porque las barreras a la participación son mucho más bajas. Es así como las barreras informativas prácticamente no existen (todos saben que el 12 de Febrero habría una marcha que se iniciaba en Plaza Venezuela con motivo del Día de la Juventud), las barreras físicas y mentales también son muy bajas, y por ello vimos participando gente con las más variadas condiciones, desde amas de casa y profesores universitarios, hasta jóvenes, e incluso niños o algunos ancianos (siempre y cuando no se exija el recorrido de distancias maratónicas, que entonces se convertirían en caminatas de relevo en donde los que comienzan no son los mismos que terminan); y asimismo las barreras morales ya que la no violencia es vista por todos como formas de protesta legítimas que no buscan dañar a nadie y, por el contrario, son quienes agreden los que se ven cuestionados en su legitimidad.

Uno de los más importantes maestros de la ciencia política moderna y estudioso de los procesos de democratización, Robert Dahl (1971), decía que todo proceso de democratización es el resultado de incrementar el costo de la opresión al tiempo que se reduce el de la tolerancia. Esta importantísima afirmación hoy casi olvidada, es rescatada por Staffan Lindberg (2009) en un estudio realizado con la cooperación de varios autores (Democratization by Elections) como fundamento de lo que pretende ser un intento inicial por formular una teoría de las transiciones democráticas que rescata como esencia el postulado de Dahl y coloca como variable determinante de los procesos de transición en lo que éste denomina: balance entre el costo de tolerancia y el costo de represión.

Esta relación entre el costo de la opresión y el de la tolerancia, muchas veces subestimada y otras incomprendida, ha sido la clave de buena parte de los procesos de transición tanto por la vía de la reforma (por iniciativa de quienes están en el poder), como por ruptforma (procesos de transición negociados entre gobierno y oposición), que como ya sabemos son las formas de transición más frecuentes y probables, así como las más deseables si consideramos los costos que por lo general las intervenciones y rupturas suelen acarrear en términos de destrucción y vidas humanas, tal como ha sido el caso de Filipinas, Rumania, Grecia, Libia y ahora Siria.

Cuando se está en presencia de regímenes que han ejercido el gobierno de manera autoritaria, todo movimiento hacia la alternancia en el poder se convierte en una amenaza real a los intereses, el patrimonio, la seguridad y en ocasiones hasta a la vida misma de quienes se benefician del status quo. En tal sentido, un gobierno con vocación autoritaria que ha recurrido al uso de la fuerza para llegar al poder o para ejercerlo e imponer sus decisiones se encontrará ante un dilema cuando la presión por reformas democráticas o el poder de los grupos de oposición crece, que tendrá que ser resuelto considerando dos asuntos inter-relacionados entre sí:

1. El costo potencial que tendría cualquier reforma o decisión que pudiese incrementar el poder y la competitividad de los grupos de oposición, poniendo en riesgo el poder, la riqueza, el estatus quo y la seguridad misma de quienes hoy gobiernan;

2.  El nivel de costos aceptables que el gobierno estaría dispuesto a soportar para mantener el poder por la fuerza al evitar las reformas necesarias, controlar el comportamiento de los opositores o incluso para imponer resultados electorales, expresados no solo en términos de legitimidad sino también en pérdidas económicas para el país y para ellos mismos, y hasta en vidas humanas.

Es así como opresión y tolerancia son las dos estrategias disponibles para un régimen autoritario, y ambas tienen costos y beneficios. En la medida que el costo de la opresión excede al de la tolerancia, mayores serán las posibilidades de que se permita un mayor nivel de competitividad y de que se materialice una transición del poder hacia actores opuestos a quienes detentan el poder.

Toda forma de manifestación, huelga, protesta que tienda a escalar y a generalizarse obliga a las autoridades a aumentar los niveles de represión. Autores como Andreas Schedler han dado un peso específico importantísimo a la movilización para la protesta, sobre todo en tiempos pre-electorales. Este tipo de movilización tiene un doble efecto que es muy importante, por un lado contribuye de manera progresiva pero acelerada a la deslegitimación del gobierno, mientras que simultáneamente eleva los costos de la represión para todo el aparato represivo del Estado, sobre todo en la medida que dicha represión no pueda ser justificada, lo que sucede cuando dichas manifestaciones son pacíficas, caso en el cual el ejercicio represivo genera una espiral creciente de deslegitimación tanto para el gobierno como para quienes la ejercen. En tal sentido, y a los fines de que las movilizaciones ciudadanas tengan tal efecto deslegitimador es importante que dichas protestas se desarrollen y sean capaces de desafiar de manera pacífica las restricciones impuestas de manera unilateral para evitar su materialización a los fines de lograr producir una espiral creciente de movilización-protesta-deslegitimación, dinámica en la que a mayor represión mayor deslegitimación, lo que progresivamente va haciendo más difícil mantener el control por la vía de la opresión debido el aumentando en el costo de su ejercicio para el gobierno y en especial para quienes tienen la responsabilidad personal y directa de su ejecución.

Estas espirales generan con frecuencia resistencia a continuar ejerciendo la represión entre quienes son responsables personalmente de su ejecución, con el consecuente fortalecimiento de la posición de actores gubernamentales moderados, así como el des-escalamiento progresivo del conflicto a partir del momento en que quienes detentan el poder se percatan de la imposibilidad de mantenerlo por la fuerza de manera indefinida. Procesos como estos son los que han caracterizado transiciones democráticas como las denominadas ¨Revoluciones de Colores¨, así como durante eventos más recientes como los de ¨La Primavera Árabe¨.

Es así como el ejercicio ilegitimo y reiterativo de la opresión eleva sus costos para el régimen, y en especial para quienes tienen que ejercerla de manera directa como es el caso de las autoridades y miembros de las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y del aparato judicial.

Si la teoría expuesta es correcta, los eventos del pasado 12 de Febrero pueden constituirse en un parte aguas para el actual gobierno, que podría ver su legitimidad gravemente afectada a partir del desmedido uso de la violencia y la represión, a través de fuerzas armadas y policiales formales o milicias informales, pero identificadas por la gran mayoría de las personas con el gobierno.

Es así como podríamos concluir, como resultado de esta esta reflexión, que la convocatoria a las movilizaciones de calle, siempre y cuando puedan controlarse y mantenerse como expresiones no violentas, tienen un efecto importante en la construcción de una ¨salida¨ o transición democrática, que incluso puede verse acelerada en aquellos casos en que se presentan niveles injustificados de represión, como los que vimos el pasado 12 de Febrero, que cobran su costo en un grave deterioro de la legitimidad gubernamental y las dificultades crecientes para poder mantener la gobernabilidad por el ejercicio de la fuerza.