Para el Centro de Estudios Políticos de la UCAB deben establecerse normas claras y sin cabida a la interpretación para el proceso de recolección, procesamiento, verificación y validación de las firmas de los electores que solicitan el referendo revocatorio.

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP) considera que es urgente la aprobación de una reforma electoral que incluya una Ley de referendos que acabe con la discrecionalidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente regulan este tipo de iniciativas mediante resoluciones y la exigencia de trámites imprevistos, que surgen durante la marcha del proceso.

El CEP estima conveniente que la reforma electoral contemple normas claras y precisas que limiten la discrecionalidad en cuanto a los requisitos para el proceso de recolección, procesamiento, verificación y validación de las firmas para la solicitud del referendo revocatorio.

Actualmente el referendo revocatorio es regulado por las normas publicadas en la Gaceta Electoral 405 del 18 de diciembre de 2007. Este reglamento incluyó un trámite no establecido en la Constitución: la necesidad de recabar manifestaciones de voluntad equivalentes al 1% de los electores para solicitar el referendo.

Asimismo, la discrecionalidad del CNE ha derivado en que, para procesar la solicitud de referendo revocatorio del mandato presidencial que impulsa actualmente la oposición, está exigiendo trámites no contemplados de forma taxativa en el reglamento, como la digitalización y transcripción de las planillas que contienen las firmas de los electores.

El vacío que genera la falta de una ley que regule la materia también se manifiesta en que las normas y requisitos que se exigen actualmente difieren de las que fueron aplicadas durante el referendo revocatorio que se llevó a cabo en agosto de 2004.

El CEP advierte que la reforma también debe incluir leyes como la LOPRE (Ley Orgánica de Procesos Electorales) y LOPE (Ley Orgánica del Poder Electoral) para garantizar equilibrio y transparencia en todos los eventos electorales, tales como disposiciones para obligar a que se establezca con suficiente antelación la fecha de las elecciones; que todos los candidatos y formaciones políticas tengan acceso por igual a los medios de comunicación; control en el uso de los recursos públicos en las campañas electorales; normas para evitar el ventajismo; que el CNE esté obligado a permitir la observación internacional y que el proceso de totalización de votos se muestre al público en vivo.

Extraído de: El Estímulo.