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Cuba entra a un nuevo periodo de reformas y Venezuela debe verlo con atención para no cometer los mismo errores

Foto: Valerie Pinard / Hans Lucas (AFP)

Leonardo Vera


Amenazada por la esclerosis y el peso del Estado en la economía, por el endurecimiento de las sanciones del gobierno de Trump, y por la desvinculación progresiva con la economía de Venezuela, Cuba está atravesando, una vez más, por una crítica situación económica que interpela seriamente a su dirigencia política.

Temerosa y esquiva, la dirigencia cubana intenta evitar hoy la repetición de los terribles tiempos del periodo especial de los años noventa, y por eso ha anunciado y comenzado a lanzar un programa de reformas cuyo primer eslabón comenzó el día primero de enero (por un plazo de 6 meses) con la unificación monetaria y cambiaria,  y la eliminación del sistema de dos monedas.

Esta reforma monetaria pone fin a un problemático y disfuncional sistema que lastró a la economía cubana por más de 2 décadas. Desaparece así el peso convertible (CUC), que actualmente equivale a un dólar, y prevalecerá solamente el peso cubano (CUP), hasta ahora utilizado para pagar salarios y cobrar los servicios, y fijado a una tasa de 24 unidades por dólar. En consecuencia, todo aquello fijado o medido en pesos convertibles a la cotización 1 a 1 con el dólar, pasa a estar fijado en pesos cubanos a la nueva y única tasa de cambio de 24 a 1.

Desde luego, la nueva tasa implica una fuerte devaluación para el mayoritario sector estatal, donde hasta el último día del 2020 el CUC y el dólar eran paritarios. Las mismas estimaciones oficiales indican que el nuevo tipo de cambio deja “en una situación compleja, casi que de pérdida” a medio millar de empresas estatales que hasta ahora eran artificialmente rentables y para las que el Estado prevé destinar ayudas por 18.800 millones de pesos (unos US$ 783 millones).

En contraste, los sesudos que en Venezuela han tomado por práctica emular algunas fatídicas invenciones antillanas, se han empeñado en introducir a como dé lugar una segunda moneda doméstica (el Petro) con la expectativa de sacar o sustituir al dólar como medio de pago local e internacional. Esa fue exactamente la intención que cubrió de expectativas a las autoridades cubanas hace 26 años, y que dolorosamente hoy dan por descartada. El dólar sigue reinando en la economía cubana y ahora danza en una paridad significativamente más real con una única moneda local. La realidad se ha impuesto tarde, pero se ha impuesto, y es que no es el gobierno sino el público quien determina la aceptación de una moneda. En Venezuela al tratar de imponer dos monedas domésticas, con paridades tan disímiles ante un medio de pago duro y de aceptación internacional total, estamos, en cierto modo, 26 años atrás de Cuba, que no es poco decir.

Paralelamente a la unificación monetaria y cambiaria, el gobierno cubano ha autorizado que el salario mínimo del país pase de 400 a 2.100 pesos cubanos mensuales, un aumento de 525% que lo ubica en envidiable cifra para cualquier venezolano de 87 dólares. Por su parte, la cadena de aumentos de precios apenas comienza. Nuevos precios de compra al productor, precios mayoristas y precios máximos minoristas en pesos cubanos (CUP) para productos agropecuarios de primera calidad, han sido autorizados en toda la red de comercialización de La Habana, desde el día 3 de enero.

Diaz-Canel y Raúl Castro también han hecho ver que estos ajustes, “para actualizar el modelo socialista”, no vendrán solos. Serán acompañados por una reforma en el régimen de pensiones, incremento de los precios de bienes y servicios como la electricidad y un retiro progresivo de subsidios.

La gran pregunta es si ante tales ajustes, la economía y la población cubana puede resistir el embate inflacionario y las presiones sobre la paridad cambiaria peso/dólar. De no ser así, la espiral inflacionaria puede ser imparable y la caída tendencial de los salarios reales, inevitable e implacable. Esto nos lleva a plantear las grandes deficiencias y restricciones estructurales que hacen flaca a la economía cubana frente a los desafíos que plantean las mencionadas reformas. Plantearemos 5 grandes restricciones o problemas que las reformas no atajan y que al final son determinantes si Cuba quiere llegar a algún lado: La restricción agrícola, la restricción externa (o carencia de divisas), la restricción energética, la restricción fiscal y la escasa formación bruta de capital. No sin asombro, veremos cuán parecidas son las dificultades de estas dos economías.

En Cuba uno de los sectores más débiles y estancados es el sector agrícola. Por carecer de una elástica oferta agrícola el alza en el precio de los alimentos que producirán las reformas difícilmente puede no ser evitada. La agricultura en Cuba escasamente aporta el 3,8% del PIB (según datos del Banco Mundial). Las formulas clásicas de propiedad de la tierra no ayudan a incentivar inversiones o mejoras en la productividad. La propiedad de la tierra es del Estado y alrededor de esa estructura de propiedad gravitan empresas del Estado, cooperativas, y productores individuales que deben entregar una parte de la producción al Estado. La falta de divisas ha generado escasez de diésel, fertilizantes y maquinaria. Así que la agricultura cubana está volviendo a la tracción animal y los métodos rudimentarios de antaño. Las pequeñas concesiones en materias de fijación de precios dadas a los productores independientes durante el periodo especial fueron revertidas (años más tarde) por Raúl Castro. Volver ahora a cualquier intento de desregulación de los precios no brindaría mejores resultados productivos, si la precariedad de otros factores esenciales para aumentar la producción no es atendida. 

Así que la restricción externa (entre muchos factores) pesa sobre la oferta agrícola. Cuba importa cerca de un 70% de los alimentos que consume y se vale para traerlos de los ingresos por turismo y remesas, ahora menguados por el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y por los efectos del Covid-19. Frente a la escasez de divisas, racionar su distribución y las importaciones desde el exterior es una opción empobrecedora. Maduro la copió a partir de su primer mandato en el año 2013 y hundió a Venezuela en una pavorosa situación de escasez y aceleración inflacionaria, llevando a la población a un profundo sufrimiento.

No menos importante es la restricción energética. Cuando el colapso de la Unión Soviética puso fin a los envíos de petróleo barato a Cuba, la Asamblea Nacional cubana aprobó planes energéticos que enfatizaban las energías renovables, incluyendo biomasa de caña de azúcar (bagazo), sistemas solares de pequeña escala y las micro-centrales hidroeléctricas que se fueron instalado en zonas rurales. Entonces Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y replicó la práctica soviética de suministro de petróleo barato a cambio de personal médico cubano y la venta de otros servicios profesionales. Cuba abandonó entonces cualquier esfuerzo destinado a reducir su dependencia energética externa y se aprovechó de la prodigalidad y los créditos blandos de Chávez para profundizar su modelo estatista y revertir las reformas del “periodo especial”.

El déficit energético en Cuba es crónico, pero la situación ha empeorado con las sanciones impuestas por Estados Unidos, y el impedimento para la navegación a los cargueros que traen crudo e hidrocarburos de Venezuela, una entre la gran escalada de medidas de la administración de Donald Trump ha instrumentado para promover un cambio en el apoyo político al régimen de Maduro y en el modelo político en la isla.

La crisis energética exigió a las autoridades tomar medidas incluso antes de la pandemia a lo largo y ancho del país: pedir a los ingenios azucareros recortar sus asignaciones de combustible incluso para el cultivo de la caña, reestructurar los horarios de clases en escuelas y disminuir el consumo de electricidad en las dependencias públicas. Todo esto parece conocido, pero no es, por supuesto, tan escalofriante como el racionamiento de más de 6 horas que a diario sufre el 31% de la población en Venezuela.

Una cuarta y muy importante restricción es la que está ligada al inmenso peso que tiene y ejerce el Estado sobre la economía. En Cuba el 82% del ingreso bruto de la economía es generado por la actividad del Estado. De los 4,4 millones de trabajadores empleados, 3 millones lo hacen para el sector público. Las empresas estatales, en muchos casos monopolios protegidos, dominan todos los sectores económicos clave, pero su situación financiera se revela catastrófica con la unificación monetaria. Con un decrecimiento del 11 por ciento del PIB, gastos crecientes para enfrentar la epidemia por Covid-19 y serias limitaciones financieras, Cuba entra al 2021 con una brecha fiscal que se proyecta en 18 puntos del PIB. Una crisis fiscal muy similar a la que exhibe Venezuela.

Por el momento el gobierno cubano ha resistido la tentación de financiar la brecha fiscal con emisión de dinero base, y en contraste ha recurrido a la venta de títulos al sector financiero estatal, una opción que ya tiene a sus límites. Maduro, menos competente y osado, repitió lo de Chávez y puso al Banco Central de Venezuela de rodillas para que comprara pagarés sin límites de PDVSA, regando de combustible la hoguera del proceso inflacionario en Venezuela, multiplicando pobres con una hiperinflación no vista en años en el planeta. Por otro lado, las posibilidades de financiamiento externo para Cuba son muy limitadas. Cuba está en mora una vez más con el Club de París, luego que en 2015 se celebrara un acuerdo que perdonó 8 mil 500 millones de dólares de la deuda externa que Cuba ya había incumplido en 1986. Cuba renunció en el año 1964 a ser miembro del FMI y del Banco Mundial. Así que su situación de aislamiento financiero internacional no puede ser peor.

Todo esto es muy penoso pues con el advenimiento de la pandemia, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica que no están recibiendo auxilio financiero del FMI y del Banco Mundial, y justamente cuando más se necesita. En el caso de Venezuela, Chávez y Maduro se encargaron de destruir las relaciones con los multilaterales.

Al igual que en los países en desarrollo en la década de los 40s y 50s, Cuba enfrenta hoy además una severa restricción de inversión y ahorro interno que incide en su bajo o nulo crecimiento. Esto es el resultado de su raquítica economía privada. El emergente sector privado nacional está básicamente integrado por personas “autónomas”, los llamados “cuentapropistas”. Estos necesitan una licencia especial para poder trabajar, la que con frecuencia es revocada (un hecho altamente publicitado por las autoridades para disuadir comportamientos que el régimen desaprueba). Los cuentapropistas no tienen acceso al crédito interno (dependen mayormente de las remesas), operan con limitaciones sustanciales dentro de estructuras legales débiles, no pueden franquiciarse y carecen del derecho a participar en el comercio internacional. De hecho, la acumulación de capital sigue siendo mal vista por las autoridades cubanas. Así que la precariedad de la economía privada cubana es por diseño. Nadie puede crecer.

Las empresas extranjeras pueden asociarse con empresas estatales, pero fuera del turismo y la actividad extractiva, la inversión extranjera sigue siendo modesta. Las empresas mixtas de propiedad estatal y extranjera están estrechamente reguladas y pueden enfrentarse a medidas estatales arbitrarias.

En este contexto de restricciones provenientes de la estructura misma de la economía y de otras anacrónicas regulaciones, promover una ruta estable y sostenida de desarrollo requiere mucho más que las correcciones monetarias y de precios relativos anunciadas por las autoridades cubanas. Cuba y su parigual a la zaga, Venezuela, necesitan salir del aislamiento y restablecer los nexos con la comunidad financiera internacional; construir un verdadero clima de libertades económicas; abrir el sector energético a las nuevas energías renovables; reordenar y repensar el papel del Estado en la economía; y preparar el terreno para generar un aluvión de inversiones. De ese tamaño son los desafíos y para eso se requiere visión, liderazgo y estatura política.

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