Polítika UCAB

La oposición peruana interpondrá una demanda contra la reciente ley que le permite a la presidenta, Dina Boluarte, ejercer sus funciones desde el extranjero. El Congreso aprobó esta medida debido a que no hay un vicepresidente que cubra las labores de la mandataria cuando se encuentre de viaje.

«Su Gobierno se sostiene en un papel y ahora en la virtualidad», dijo la congresista Ruth Luque, representante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Tras el anuncio de la ley en el boletín oficial, ella aseguró que su bancada presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada ‘Ley 31810’.

El pasado 22 de junio, los legisladores aprobaron la ley que obtuvo 72 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones. El artículo 115 de la Constitución establecía que cuando el presidente esté fuera del país, «el primer vicepresidente es encargado». Ya que no está esa figura en la actualidad, la nueva cláusula especifica que el mandatario ejercerá sus funciones de forma «remota» y «empleando las tecnologías digitales».

Luque no fue la única que cuestionó la medida, ya que otra de las parlamentarias, Susel Paredes, había calificado la misma como una «reforma constitucional encubierta» cuando se ratificó. Ambas diputadas también formaron parte de las recientes protestas contra Boluarte en el centro de Lima.

Por su parte, Boluarte ya tiene programado su primer viaje de carácter presidencial para noviembre de 2023. Viajará a San Francisco, Estados Unidos, para recibir la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que ejercerá durante 2024.

Mientras, la oposición, aparte de la demanda, continúa organizando la tercera ‘Toma de Lima’ que se llevará a cabo el 19 de julio. Boluarte dijo que las movilizaciones no eran «el camino» para llegar a un acuerdo y que estas no habían traído ningún resultado favorable entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, período en el que fallecieron 69 personas entre civiles y policías.

En cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido criticadas por la represión durante las protestas, anunciaron que 8.000 efectivos serán desplegados por distintos puntos de la capital. La Policía Nacional de Perú (PNP) aseguró que sus efectivos recibieron capacitaciones sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos para controlar las manifestaciones.