Polítika UCAB

La Asamblea Nacional (AN) nicaragüense le quitó competencias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, tras una reforma del artículo 165 de la Constitución. Ahora estas facultades recaen en la Procuraduría General, luego de la aprobación de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (Sinare).

«Se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia», anunció el órgano legislativo en un comunicado el pasado 31 de octubre. Los legisladores, la mayoría miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguraron que la reforma y promulgación de la ley se hizo para «agilizar y optimizar» los servicios en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles.

Mientras que la AN reformó y legisló sobre los aspectos mercantiles y de propiedad, la CSJ aún se encuentra intervenida luego de que fuerzas de seguridad del Estado desalojaran de sus oficinas a la presidenta, Alba Luz Ramos, y a la magistrada Yadira Centeno, el pasado 24 de octubre. El operativo policial fue planificado y ejecutado por el ministro asesor de la Presidencia para Asuntos de Seguridad, Horacio Rocha.

La Procuraduría ha participado en la cancelación de más de 3.400 ONG desde 2018. Ese año el presidente Daniel Ortega denunció un «golpe de Estado» tras una serie de manifestaciones y, hasta entonces, ha detenido a sus opositores. Incluso, cuando fue reelegido en 2021 para un cuarto mandato consecutivo, no hubo otros candidatos en la contienda.