Luego de los resultados de la elección primaria que tomaron por sorpresa al oficialismo, pareciera que el gobierno estaría actuando bajo la presión del grupo más radical dentro del PSUV. No sólo sorprendió con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspende los efectos de la Primaria, y que nadie entiende cómo se ejecuta, sino también puso en marcha un referéndum para tratar de nuclear a la población en torno a una posición nacionalista de defensa del Esequibo, a la que nadie hasta ahora le presta la mayor atención, lo que podría traducirse en otra sorpresa adversa para el  gobierno

Benigno Alarcón Deza

Uno de los recursos más utilizados por los gobiernos cuando se sienten acorralados y con rechazo popular, es activar conflictos territoriales con sus vecinos para generar reacciones de adhesión nacionalista y apoyo por parte de la ciudadanía. Ese justamente pareciera ser el caso del gobierno venezolano al hacer provocaciones contra su homólogo de Guyana y, repentinamente, convocar a la población a un referéndum para decidir si hay que defender ese territorio.

Maduro y sus funcionarios han subido el tono para enfocar la atención en este terreno, luego de que el oficialismo fue sorprendido por los resultados de la elección primaria opositora realizada el pasado domingo 22 de octubre, donde se logró una participación inesperadamente alta de personas, que además votaron en su casi totalidad por una sola candidata: María Corina Machado. Al darse cuenta de la movilización que se generó y la fuerza que logró Machado, a pesar de estar inhabilitada, el gobierno decidió mover varias piezas para tratar de restarle atención a este fenómeno político.

El gobierno ha impulsado dos jugadas nada sorpresivas para quienes siguen su patrón de comprtamiento, la descalificación y la judicialización. Inicialmente generó una matriz de opinión para tildar las elecciones primarias de fraudulentas. Posteriormente, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pretende anular sus efectos. Además, se llevaron a cabo interrogatorios por parte de la Fiscalía al presidente y dos miembros de la Comisión Nacional de Primaria, así como a varios directivos de las Juntas Regionales.

La interpretación de esta jugada es que el gobierno intenta evadir los próximos pasos en el cumplimiento de la negociación en Barbados, y en especial el referido a las habilitaciones de los dirigentes políticos opositores, especialmente de quien ganó la elección. Y esto es algo sobre lo cual el gobierno pareciera no tener disposición a ceder, por el riesgo que significa María Corina Machado como candidata. Por eso, la sentencia del máximo tribunal de justicia advierte que no ha habido primarias y, por tanto, no hay nada que dilucidar en materia de inhabilitaciones.

Sin embargo, estas acciones han generado el rechazo de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, que ha sido el impulsor de las concesiones dadas a Venezuela, basadas en compromisos establecidos como el hecho de que cada una de las partes escogiera libremente a su representante en las elecciones presidenciales de 2024. Este desconocimiento de la Primaria por parte del gobierno podría generar que se revierta o no se renueve la flexibilización de sanciones que se había acordado.

Maduro, en última instancia, busca la negociación como vía para asegurar los recursos necesarios que le permitan mantenerse en el poder. Pero resulta poco probable que Estados Unidos se deje sorprender con un giro repentino del proceso en el que se pretendan obviar las habilitaciones políticas a cambio de un chantaje basado en la posible imputación de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Por ende, en la medida que el gobierno necesite de los recursos que se derivarían de una flexibilización de sanciones, se verá limitado en su capacidad de mantener la persecución contra los directivos de la Comisión Nacional de Primarias y sus Juntas Regionales, por lo que, al menos por ahora, le convendría seguir la hoja de ruta establecida en Barbados, lo que no es garantía de que se mantenga fiel a los compromisos hasta el final.

Es evidente que el gobierno ha accedido a participar en el proceso de negociación en vista de las próximas elecciones, dado que requiere una considerable inversión de recursos para mejorar su popularidad y ejecutar una campaña de corte clientelar, como lo fueron las misiones implementadas en 2004, cuando Chávez tuvo que enfretar el referéndum revocatorio negociado en 2002, o la del 2012 con la Misión Vivienda. Este interés se sustenta en el hecho de que las encuestas indican que el oficialismo podría contar, en el mejor de los casos, con alredededor de 25% de apoyo si logra cohesionar nuevamente a sus bases. La única forma de mantener este porcentaje es a través de una campaña clientelar, en la cual se ofrezcan incentivos a los posibles votantes para motivarlos a emitir su voto. Estos incentivos pueden abarcar desde viviendas hasta alimentos y otros estímulos similares, lo que implica una necesidad considerable de recursos financieros para llevar a cabo una operación masiva de esta naturaleza.

Toda esa preocupación que ha venido expresando Maduro para que se liberen los recursos, incluso los de los fondos humanitarios, es más que todo por el control de este dinero, no por los beneficios que pudieran generar a la población, sino por sus necesidades electorales.

Se habla de un fondo de 3.000 millones de dólares que podría liberarse, que no será destinado 100% a la ayuda humanitaria, ya que una parte está comprometida con el desarrollo eléctrico. Sin embargo, aunque esos recursos podrían ser entregados en un corto lapso, ha habido problemas burocráticos porque está pendiente por definir quién será el administrador, el garante del buen uso de esos fondos. Se ha señalado que el gobierno no aceptaría un tutelaje en esa materia, pero esa ha sido la condición establecida por las Naciones Unidas y por el gobierno de Estados Unidos.

En conclusión…

El gobierno está haciendo todo lo posible por anular el impacto de las elecciones primarias. Ante la sorprendente participación y apoyo a María Corina Machado, ha descalificado y judicializado el proceso. Esto evidencia una estrategia para contrarrestar el impulso de la oposición y entorpecer el cumplimento de los acuerdos alcanzados en la negociación.

Asimismo, se utiliza el conflicto territorial con Guyana como estrategia de distracción, a los fines de generar adhesión nacionalista y desviar la atención de problemas internos.

El régimen necesita recursos para mantenerse en el poder. Las encuestas indican que el apoyo al oficialismo es limitado, lo que implica la necesidad de una campaña clientelar costosa para asegurar un mínimo de votos de las bases tradicionalmente chavistas. Por ello, el gobierno busca liberar fondos externos, incluso los destinados a la ayuda humanitaria, para financiar sus necesidades electorales.

Aunque el mapa político latinoamericano ha cambiado, lo que afecta las tendencias y alianzas en la región, la atención sobre Venezuela se mantiene. La migración masiva, que podría incrementarse significativamente de no producirse un cambio político en el país, continúa siendo una preocupación importante para la comunidad internacional.

En definitiva, cobra importancia la forma cómo los actores internacionales abordarán el caso venezolano para que no se cierre la puerta de un escenario de democratización que ha abierto las primarias y las negociaciones con los Estados Unidos, suscritas por la oposición en el acuerdo de Barbados. Y también cómo se mueven las fuerzas opositoras ahora bajo el liderazgo de María Corina Machado.