Benigno Alarcón Deza

Aunque la Fiscalía continúa citando a miembros tanto de la Comisión Nacional de Primaria como de las juntas regionales de la Primaria, así como a los integrantes de la ONG «Súmate», se observa que la intención de privar de libertad a algunos de ellos parece estar perdiendo fuerza, ante la perspectiva de lo que comentabamos en anteriores editoriales: “nada que ganar, mucho que perder”. Es plausible que el gobierno haya reconocido que su línea de persecución podría tener más costos que beneficios. No obstante, es importante subrayar que aún no se puede descartar completamente esta ruta de acción con la intención de utilizar la amenaza contra los miembros de la comisión como posible carta de intercambio por sanciones en sustitución de la habilitación política, chantaje para el cual el gobierno norteamericano no pareciera tener ninguna disposición.

A fin de desviar el foco de atención mediática, el gobierno actual ha cambiado su estrategia para centrarla en obtener el apoyo en la disputa por el territorio del Esequibo que se espera unifique al país ante una causa patriótica común, pero que al mismo tiempo le serviría para poner a prueba y optimizar la maquinaria organizativa de cara a las futuras elecciones presidenciales.

En este contexto, se hace necesario evaluar los recursos disponibles y la capacidad de movilización. Para tal fin se activarán más de 40.000 mesas de votación, lo que servirá para medir las capacidades reales de movilización local, y se ha instituido la creación de las Unidades Populares para la Paz (UPAZ), una coalición que integra a fuerzas policiales, milicias y colectivos, con el objetivo de contar con una estructura cohesionada y articulada. Este movimiento es una práctica común por parte del gobierno en períodos previos a los comicios. La puesta en marcha de las UPAZ sugiere un esfuerzo por consolidar un cuerpo organizado que respalde sus objetivos políticos. Colectivos, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, Consejos Comunales, Comunas, Misiones Sociales, Consejos de Trabajadores y Frentes Sociales forman parte integral del entramado político y social en Venezuela, representando la diversidad de estrategias empleadas por el chavismo para promover su agenda y mantener su base de apoyo.

El gobierno predica que la gente debe votar el 3 de diciembre porque lo del Esequibo es una cuestión de soberanía del país. Pero a estas alturas, y por sus propias mediciones, la desesperación aumenta ante la falta de motivación por parte de la población que desde hace mucho es ajena al conflicto con Guyana, entiende esto como una maniobra para medir el respaldo del gobierno tras la Primaria, y que a tres semanas del referéndum no está para nada pendiente de este proceso.

El gobierno busca movilizar a la población apelando al patriotismo para demostrar que aún cuenta con respaldo popular. Sin embargo, surgen dudas sobre el nivel de participación que logrará esta convocatoria. Resulta pertinente señalar que, al comunicar los resultados de la votación, es posible que se presenten cifras convenientes para la narrativa oficial, dado el contexto en el que el referéndum se lleva a cabo sin una contraparte con representación en las mesas, y sin observación electoral, lo que coloca el éxito o el fracaso del proceso para el gobierno como un tema de percepción de la opinión pública, lo que puede tener efectos contraproducentes y cuestionamientos para un gobierno que hoy sufre de niveles muy bajos de credibilidad, ante lo que puede ser una mala foto que se nutriría de una baja participación, agravada por la baja presencia de votantes en los centros producto de su dispersión en un número de mesas que es ocho veces mayor al que hubo en la Primaria.

El tema del Esequibo, independientemente de su importancia estratégica innegable, se encuentra en una encrucijada de acontecimientos críticos que determinarán su suerte en los próximos tiempos. El tema se ha manejado de forma pésima y tiende a convertirse en otro grave error de cálculo para el gobierno, que puede tener costos importantes desde el punto de vista político interno e internacional. Desde el inicio del simulacro del referéndum, se inicia un primer momento clave en el devenir de esta cuestión. Posteriormente, el resultado del referéndum marcará el segundo hito determinante en esta compleja trama. Sin embargo, no debemos perder de vista que un tercer momento crucial será la celebración del juicio en la Corte Internacional de Justicia, que no se detendrá por el referéndum, pero que si puede terminar allanando el camino para una decisión que, dado el mal manejo de este caso, podría ser desfavorable para el país y una debacle para el gobierno.

El impacto económico del acuerdo con los Estados Unidos

Mientras todo ello ocurre, uno de los focos de atención es el futuro de las negociaciones en Barbados, sobre el cual Estados Unidos ha venido insistiendo en que la continuidad de las flexibilizaciones a las sanciones, dependen de que se cumplan los aspectos políticos acordados.

Para el próximo 30 de noviembre se debe definir la fecha para las elecciones presidenciales, que en principio estarían previstas para octubre de 2024. Contar con una fecha específica para los comicios puede ayudar a los mercados y a los actores económicos a tener mayor confianza en que se sigue avanzando en la negociación, aunque no cabe esperar la entrada de inversiones significativas antes de la elección de 2024. Adicionalmente, se espera una definición sobre las inhabilitaciones, concretamente sobre la candidatura presidencial de María Corina Machado, y sobre la liberación de presos políticos.

Las petroleras Chevron, Eni, Repsol, Reliance, Halliburton y Maka Energy, están viendo un escenario de reactivación de actividades parciales limitadas. En cuanto a la posibilidad del regreso de las sanciones ante los incumplimientos de los acuerdos por parte del gobierno venezolano, la expectativa es que podrían producirse algunos retrocesos, pero se cree que, en cualquier caso, las sanciones, tal como estaban antes de los acuerdos, no volverán.

Pareciera, entonces, que hay alguna mejora sostenible en la dinámica petrolera que, aunque no garantiza nuevas inversiones, permite utilizar la capacidad ya instalada, y eso es importante para Maduro. En este punto es necesario destacar que el incremento en el flujo de caja para el gobierno, a consecuencia de la entrega de licencias a las petroleras, es significativo. Por la vía conservadora se pueden obtener en este momento 5.000 millones de dólares adicionales dado que el producto se venderá en los mercados internacionales sin descuentos. Pero si la producción se eleva a 1.000.000 o 1.200.000 barriles diarios, dicho ingreso se puede acercar a 9.000 millones de dólares y eso es factible porque Venezuela tiene 400 mil campos que se pueden reactivar con baja inversión, lo cual es un monto importante para la campaña electoral. Después de allí, es más difícil incrementar producción porque se requerirán montos más grandes.

Sin embargo, hay que estar atentos a las decisiones que podría tomar Estados Unidos después del 30 de noviembre. En este sentido, Ian Bremer, director ejecutivo de Eurasia Group, reconoce que se produjo un gran avance en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ya que la administración Biden anunció la suspensión durante seis meses de las sanciones sobre petróleo, gas y oro, lo que califica como una gran victoria para Maduro.

Bremer, uno de los analistas más importantes del mundo, agrega que con los altos precios de la energía y con la inflación norteamericana como un problema principal para Biden en una temporada electoral apretada, por no hablar de la inmigración ilegal -que incluye un gran número de venezolanos-; el momento de la medida es útil para el presidente del país norteamericano. Venezuela ahora puede vender petróleo directamente a Estados Unidos, el destino más natural, grande y rentable para su exportación. Bremer piensa que Venezuela tiene que permitir elecciones abiertas, libres y justas para que esto se mantenga.