Polítika UCAB

A partir del 12 de enero, la Asamblea Nacional (AN) consultará a la población sobre el proyecto legislativo que busca fiscalizar las actividades y fuentes de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Esta iniciativa, cuya creación fue aprobada en enero de 2023, establece multas que alcanzan los 12.000 dólares a aquellas entidades que no se registren en el sistema de control que se creará si se promulga.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la decisión el pasado 9 de enero y le indicó a los diputados que deben sumarse a la consulta. «Es nuestro deber consultar todo con el pueblo», dijo y añadió que el objetivo es alcanzar los elementos necesarios para iniciar una «fructífera segunda discusión». El primer debate se llevó a cabo hace un año, cuando se dio luz verde la creación del proyecto.

Las ONG venezolanas se han pronunciado en contra de la medida y han asegurado que es una forma de «criminalizar y restringir» a aquellas instituciones que reciban recursos de otros órganos aliados. También denunciaron que el proyecto viola la libertad de asociación, que está concebida en el derecho internacional. Incluso, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) rechazaron la iniciativa del Gobierno de Nicolás Maduro.

En enero de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Volker Türk, exigió a la AN que el proyecto debía ser sometido a un «amplio proceso consultivo». Un año después el Parlamento decidió iniciar la consulta popular.