Polítika UCAB

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a seguir dando especial atención a la situación en Ecuador, e instó al Gobierno de Daniel Noboa a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia ocurridos entre el 8 y 9 de enero. Según las autoridades, hay más de 2.000 detenidos tras los disturbios iniciados por las bandas criminales.

En un comunicado conjunto con la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión (RELE), reconoció la «zozobra» que vivió el pueblo ecuatoriano y reiteró su disposición para cooperar en la implementación de medidas que garanticen la seguridad ciudadana, el Estado de derecho y la protección a los periodistas.

Noboa señaló que Ecuador se mantiene en un «estado de conflicto armado interno» y continúa enfrentando las acciones de «grupos terroristas».

El 17 de enero se reportó el asesinato del fiscal César Suárez, quien estaba investigando a los responsables del atraco al canal TC Televisión durante los actos de violencia. Mientras conducía en la zona norte de Guayaquil, el funcionario fue perseguido por sujetos que lo acribillaron con disparos. Un día después se informó la detención de dos individuos que, de acuerdo con el comandante general de la policía, César Zapata, estarían implicados en el hecho.

La fiscal general, Diana Salazar, lamentó el asesinato de Suárez y reiteró que el Ministerio Público no se detendrá hasta vencer al crimen organizado. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, el país cerró el 2023 con un balance de 7.200 muertes violentas, es decir, una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes.