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En un año que se espera sea electoral, Maduro marcó la línea el pasado lunes con su mensaje al país ante la Asamblea Nacional. Además de dejar un mal sabor en la boca de los trabajadores y de los pensionados y jubilados al anunciar un precario aumento del ingreso a través de las bonificaciones, se refirió a cuatro supuestas conspiraciones que mantuvo en secreto, las cuales podrían ser usadas como una nueva excusa para emprender nuevas persecuciones políticas, e incluso para evitar que María Corina Machado sea la candidata opositora en las presidenciales pautadas para 2024. El escenario, como decíamos el año pasado, está cantado y será de una creciente conflictividad y represión para mantener el statu quo. La pregunta a despejar no es lo que gobierno y oposición quieren, que está relativamente claro para todos, sino lo que ambos actores están en capacidad de hacer, que será lo que definirá el resultado final de las próximas batallas y el futuro del país

Benigno Alarcón Deza

El año 2024 se presenta como un período electoral en Venezuela, al igual que en más de 70 países alrededor del mundo. Sin embargo, a diferencia de muchos de estos países, en Venezuela siguen sin estar claras las reglas y la fecha, lo que genera una enorme incertidumbre en un momento en el que el 85% del país considera importante que se produzca un cambio de gobierno. Entre estas incertidumbres, luce como principal lo relacionado con la habilitación de María Corina Machado, quien obtuvo un triunfo contundente en la Primaria para elegir la candidatura de oposición el pasado 22 de octubre, con un 92% de los votos a su favor.

Desde el pasado mes de diciembre, se espera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tome una decisión sobre la participación de María Corina Machado en la elección presidencial de este año. Sin embargo, hasta el momento, solo ha habido dilaciones. La razón es que al final no se trata de una decisión administrativa o judicial, sino de una decisión política en la que intervienen varios factores, especialmente el hecho de que el gobierno es consciente de que no cuenta con la cantidad de votos necesaria para garantizar su permanencia en el poder si Machado es la candidata que enfrentará a Nicolás Maduro.

¿Cuáles podrían ser las opciones que está considerando el gobierno? Parece que el enfoque está puesto en, tras haber aceptado la apertura de un procedimiento, tal como se expresó en el acuerdo ratificado en Barbados, tratar de justificar la inhabilitación, para lo cual el TSJ solicitó la opinión de la Contraloría de la República. Sin embargo, el documento emitido por dicho organismo carece de bases sólidas que permitan al TSJ justificar una decisión desfavorable a la candidata, lo que complica no admitir la medida cautelar interpuesta por Machado sin caer en el incumplimiento de los acuerdos de Barbados.

La cuestión de la habilitación se revela como un componente crucial en el proceso de negociación por su impacto en el escenario político. Las decisiones que tome el oficialismo en este ámbito tendrán repercusiones directas en los acuerdos firmados en Barbados, la viabilidad de las negociaciones con los Estados Unidos, e incluso pueden posicionarse como un issue en el debate electoral norteamericano. Existe especulación acerca de que Estados Unidos podría estar dispuesto a ofrecer importantes concesiones al gobierno a cambio de la habilitación de la candidata de VENTE.

¿Cómo luce la economía de cara al 2024?

El gobierno venezolano tendrá este año más recursos provenientes del sector petrolero. Hasta abril, si se mantiene el relajamiento de sanciones, serían unos 6 mil millones de dólares adicionales; si la medida se extiende a diciembre, el monto podría andar en torno a unos 15 mil millones de dólares adicionales.

Estos ingresos adicionales pueden ayudar a mantener la estabilidad de la tasa de cambio y a incrementar el gasto, lo que movería a la economía. Ya se acaba de dar un primer paso con los ajustes en los bonos para los trabajadores públicos. Lo más probable es que cerca de mayo se decrete un aumento del salario mínimo. En el caso del sector privado, el impacto de estos incrementos salariales es muy fuerte por lo que respecta al pasivo laboral.

Obviamente que al haber mayores recursos por la renta petrolera y al crecer el consumo como consecuencia del incremento en el ingreso salarial, la economía puede crecer hasta 10%. El presupuesto para 2024 proyecta un 40 % de aumento del ingreso en dólares y eso es muy significativo en términos relativos. Si esto se detiene en abril por una suspensión de las licencias petroleras condicionadas a compromisos políticos, habrá una reducción importante de ingresos y por tanto en el flujo de recursos de la economía. Pero si no es así, la expectativa para este año es que habrá una mejora importante en la economía.

Por esas razones, el gobierno estaría tratando, desesperadamente, de que se eliminen las licencias por seis meses o, mejor aún, se levanten las sanciones definitivamente porque, de esa manera, podrían lograr mejores condiciones con empresas internacionales que consideran que con un marco temporal de seis meses no se pueden hacer nuevas inversiones. Tener como plazo abril frena los avances en materia petrolera, impide que haya planes de inversión, aunque ya hay acuerdos con Chevron y con algunas petroleras europeas. Hay posibilidades con una compañía francesa, otra canadiense y una de la India, que pueden representar un aumento importante de la producción nacional. Si las licencias se mantienen hasta diciembre se puede llegar a un millón de barriles diarios. Es aquí donde están las que parecen ser las mayores posibilidades para un acuerdo a cambio de condiciones electorales.

Regresa la amenaza bolivariana

La evidencia de que las negociaciones podrían estar alcanzando un punto crítico se manifiesta en el discurso pronunciado por Nicolás Maduro durante la presentación de su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional el pasado lunes 15 de enero. Su intervención se caracterizó por ser nada conciliadora, mostrando una disposición a radicalizarse al punto de amenazar con desatar la «furia bolivariana». Dedicó una parte significativa de su extenso discurso a confrontar enérgicamente a la oposición, a la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y al propio gobierno estadounidense. Para muchos analistas, el tono agresivo del mensaje presidencial podría interpretarse como una estrategia para abordar las negociaciones exigiendo el levantamiento total e incondicional de todas las sanciones, un punto que Maduro ha subrayado repetidamente.

En su intervención, Maduro focalizó su discurso en aludir a presuntas conspiraciones o rebeliones que se habían mantenido en secreto hasta ese momento, subrayando que, en cada una de esas instancias, la oposición se había retirado de la mesa de negociaciones. Destaca que, durante su alocución, hizo mención específica de apellidos vinculados a estas acciones, entre los cuales se incluyó el de Machado. Es importante resaltar que Maduro expresó su intención de presentar el expediente completo de dichas conspiraciones al presidente de la Asamblea Nacional. Se estima que el propósito de esta entrega es que ese expediente sea posteriormente remitido a las autoridades de Estados Unidos y a los negociadores de la oposición. Este gesto parece buscar justificar posibles acciones en contra de actores políticos, con un énfasis particular en María Corina Machado. A este mensaje se suma uno aún más claro con la rotación del día de ayer en los cargos del TSJ, colocando en su presidencia a la magistrada Caryslya Rodríguez, quien previamente presidía la Sala Electoral, desde la cual se sentenció la nulidad de la Primaria; y como primer y seundo vicepresidentes a Edgar Gavidia y Tania D’Amelio, exrectora del Consejo Nacional Electoral.

Hasta ahora lo que está contemplado en las negociaciones es que la elección presidencial se realice en el segundo semestre del año. Pero hay temas que siguen generando preocupación, como el Registro Electoral (RE), que solo está abierto en las 23 capitales de estado y las dos oficinas de Caracas (Plaza Venezuela y Centro Simón Bolívar); y sin ninguna señal de que el proceso se vaya a extender a los venezolanos en el exterior.

Se habla de más de 4 millones de personas que aparecen registradas con domicilio en Venezuela y que forman parte de la diáspora que no deja de crecer. Mientras que al interior del país, según el último censo de 2011, hay aproximadamente un millón y medio de personas con edades entre 18 y 45 años, que no están inscritas y otros 2 millones de personas que forman parte de la migración interna que intenta escapar de la crisis de servicios públicos y que no han sido reubicadas en los centros de votación.

Mientras tanto, uno de los temas que también genera gran preocupación es la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, con lo que se buscaría neutralizar a una gran cantidad de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales, la defensa del voto, así como a la capacitación, organización y activación de la sociedad civil.

Como ha sido la dinámica con este gobierno, no hay claridad hacia dónde va. Lo que sí es evidente es que la persecución sobre actores políticos va a continuar. De hecho, la semana pasada hubo fuertes rumores de detención contra militantes de Primero Justicia por hechos relacionados con Citgo y con la Asamblea de 2015. Y se produjo la detención de un dirigente laboral en Barinas, que forma parte del grupo que había sido recientemente liberado el pasado mes de diciembre.

En conclusión…

Los escenarios que se vislumbran para Venezuela en 2024 son sumamente complejos y plenos de incertidumbre, marcados por una negociación en la que la oposición busca elecciones competitivas, mientras que el gobierno se esfuerza por mantenerse en el poder a toda costa. La insistencia gubernamental en la extensión de licencias o el levantamiento total de sanciones, sin ofrecer concesiones, evidencia su estrategia de cerco hacia la oposición, particularmente hacia el liderazgo de María Corina Machado, dado el riesgo que su postulación representa para Nicolás Maduro.

En el ámbito opositor, la cautela prevalece. Pareciera que existe la consciencia de que cualquier acción puede proporcionar excusas al gobierno para precipitar una decisión que escale el conflicto. Su desafío es aprovechar las consecuencias positivas de la Primaria para su liderazgo y, a partir de allí, constituir una base de apoyo sólida para la elección presidencial de este año.