Tomada de Efecto Cocuyo

Benigno Alarcón Deza

La línea de acción del gobierno para distanciarse aún más de los compromisos que había adquirido bajo el marco de las negociaciones coordinadas por Noruega sigue su marcha. Su principal negociador, Jorge Rodríguez, al presentar esta semana el documento donde se proponen opciones para establecer el cronograma electoral, recogidas entre quienes fueron convocados por la Asamblea Nacional, señaló que este escrito es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye por su amplitud, y “el que puede lo más puede lo menos”. Tesis que inmediatamente refrendó Nicolás Maduro: “es un acuerdo más incluyente que todos los acuerdos anteriores que hemos firmado en Oslo, México y en Barbados”.

Según Rodríguez, 97% de los partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) formaron parte de este acuerdo, en el cual las organizaciones de la PUD no están incluidas. De esta manera, estarían llevando a la realidad lo que se venía gestando semanas atrás cuando el gobierno decidió mantener la inhabilitación de María Corina Machado, candidata electa en la Primaria para representar a la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, pasando por encima de lo acordado con los mediadores internacionales de Noruega y Estados Unidos en Barbados.

Con este paso, el gobierno avanza en lo que siempre había buscado, que no era otra cosa que conformar su propia mesa de diálogo, con los actores que ellos mismos escogieron, generando un documento que fue presentado ante el CNE con supuestas condiciones del evento electoral, que serán respetadas por todos los sectores firmantes, políticos y de la sociedad civil, que proponen 27 fechas distintas entre las que el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), escogerá la más conveniente para realizar la elección presidencial.

Vale señalar que la propuesta de calendario electoral aprobada en la AN contempla una lista de condiciones que, en una interpretación forzada y conveniente del Acuerdo de Barbados, se apartan de lo establecido, no solo en cuanto a las fechas, sino también por los tiempos para realizar todos los procesos que garantizan las condiciones electorales, así como por la inclusión preferencial de las oposiciones cooptadas por el régimen. La pregunta obligada es si con los cambios que el país ha experimentado, evidenciados tras la alta participación en la Primaria, y la abstención en el referendo por el Esequibo y en los demás actos convocados por el gobierno, como el del jueves pasado en Caracas para celebrar la declaración antiimperialista de Chávez, la comunidad internacional y la nación serán testigos pasivos, una vez más, de la imposición de un fraude electoral.

La comunidad internacional

Y aunque Barbados haya sido echada a un lado por el gobierno, no hay que olvidar que Estados Unidos seguirá teniendo peso en las decisiones, entre otras razones, por la importancia que tiene sobre las finanzas del gobierno la renovación de la licencia 44, que autoriza las operaciones relacionadas con petróleo y gas en Venezuela, y vence en el próximo mes de abril sin posibilidades de que sea renovada si no se produce la habilitación política de la candidata María Corina Machado.

Pese a que hay sectores en el gobierno norteamericano que han planteado considerar una posible sustitución de la candidata, son muchos más los que se oponen, tanto entre republicanos como entre algunos demócratas, que insisten en que Machado es la candidata elegida por la oposición y se le debe apoyar. Posición de la cual resulta difícil zafarse para la Casa Blanca, en un año electoral en el que la política exterior de Biden se ha convertido en un tema central de la campaña, y en el que la elección venezolana, para suerte o desgracia del mismo Biden, tendrá lugar poco tiempo antes de la norteamericana.

En todo caso, habrá que esperar a ver la reacción oficial del gobierno norteamericano frente a esta declaración unilateral del gobierno venezolano de sustituir el acuerdo de Barbados por este memorando de entendimiento, en el que solo participan actores cooptarlos, dejando de lado a quienes desarrollaron, durante años, todas las iniciativas anteriores de negociación internacional.

En medio de todo este escenario, es necesario considerar también que se aproximan algunas fechas clave y el gobierno de Maduro se está preparando para responder de manera desafiante por ser, precisamente, las que evidencian sus debilidades. Una de ellas es la presentación por parte del Alto Comisionado del informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el gobierno tiene mucho que perder, en materia de apoyos y silencios con los que venía contando. Adicionalmente, en esa reunión se presentará el Informe de Determinación de los Hechos que documentan las violaciones de derechos humanos ocurridos en nuestro país en los últimos años. Y en una noticia de última hora, de las que nos enteramos este pasado viernes, 1 de marzo, es que la que la Corte Penal Internacional rechazó la apelación del régimen por unanimidad y confirmó que la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno venezolano continuará.

Y, como para aumentar aún más la presión sobre el gobierno, en abril, está prevista una primera decisión de la Corte Internacional de la Haya sobre el caso de Venezuela Vs. Guyana. También está pendiente la posible renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que es la que básicamente está generando las evidencias y pruebas para la Corte Penal Internacional.

En medio de todo este complicado escenario para el gobierno, no hay que olvidar que la posición de los vecinos más cercanos ha venido cambiando de cara a los nuevos sucesos. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró recientemente sobre la necesidad de que Venezuela vuelva al Sistema Interamericanos de Derechos Humanos. Y, por otra parte, Celso Amorín, de Brasil, advierte que el Acuerdo de Barbados debe cumplirse y muestra su preocupación por la situación con Guyana, señalando que las fronteras deben ser respetadas, posición a la que se une CARICOM en pleno.

¿Puede escalar la presión interna?

La Encuesta de Prospectiva del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la UCAB presentada el 11 de octubre del pasado año, registró un nivel muy importante de crecimiento en la disposición a protestar contra el gobierno. Sin embargo, este fenómeno se ha ralentizado y es evidente que la mayor parte de las protestas son en el interior del país.

Pero la gente sí cree que hay que seguir luchando, y no se trata de acciones necesariamente de protesta. En este sentido, el llamado de María Corina Machado a conformar “comanditos” de campaña en pueblos, urbanizaciones y barrios de todo el país, ha tenido resonancia. Esos comanditos serían la manera en la que la gente, sin necesidad de estar en un partido, dé un paso hacia la acción política, y no se quede solo en la protesta laboral o por problemas comunitarios.

Esto es importante a la hora de que se requiera la participación de la población en función de lograr cambios. En eso influye, obviamente, el liderazgo y su capacidad de generar una respuesta. Ahora la movilización puede expresarse de diferentes formas. En estos momentos, se puede decir que tenemos una población con menos miedo y una muy alta disposición a actuar colectivamente para lograr un cambio político. Se logró en la Primaria; sucedió, sin la intervención de partidos ni líderes, durante el referéndum del Esequibo; y volvió a suceder con motivo de la convocatoria por la que se trancaron las principales vías de Caracas el pasado viernes, cuando vimos más autobuses que gente. Estos son tres claros ejemplos y una dura advertencia para el gobierno de cómo la gente puede, potencialmente, movilizarse, o desmovilizarse, colectivamente en otros escenarios.

Aprovechar esto demandará del liderazgo político y social mayor creatividad para llevar la acción colectiva más allá de la protesta tradicional y no agotar la disposición de la gente a hacer algo, así como mayor determinación para dar los pasos necesarios y no permitir que el miedo y la duda se impongan y desvíen al liderazgo de su norte, dejando al país, nuevamente, dando vueltas sin orientación.