Trino Márquez

Se sabe que obtener la victoria en las votaciones de julio no será sencillo. El régimen que se instaló en Miraflores hace un cuarto de siglo considera su permanencia en el Palacio de Gobierno como una especie de derecho adquirido. Un beneficio basado en el dominio de la Fuerza Armada y las demás instituciones del Estado, logrado tras décadas de control. La casta gobernante no acepta la alternancia en el poder y desprecia el voto popular como fórmula para elegir las autoridades de los poderes públicos. Viola constantemente la Constitución que ellos mismos aprobaron por amplia mayoría en 1999.

Sin embargo, con el paso de los años mantener la hegemonía se les ha ido complicando cada vez más. Nicolás Maduro no posee el carisma de Hugo Chávez, ni tampoco el caudal de petrodólares en el cual navegó el comandante, regalo divino que le permitió aplicar políticas populistas que compraban y enceguecían a las masas. Chávez podía ganar elecciones sin verse obligado a recurrir a amenazas, extorsión y fraude. En algún momento su popularidad llegó a superar 70%. Maduro no posee ese encanto. Sí, lo une al caudillo fallecido su apetito insaciable y el goce obsceno que él y su camarilla sienten por el poder. Maduro está frente al reto de preservarse en la cúspide con el respaldo de solo una cuarta parte de la población.

Por el lado opositor, el desafío se centra en convalidar el peso de la inmensa mayoría que rechaza al Gobierno –cerca de 80%- por su inenarrable ineptitud, pero que no cuenta con grandes partidos; ni con federaciones, sindicatos y gremios poderosos; ni con un movimiento estudiantil que actúe como factor de agitación; ni con una sociedad civil bien tramada capaz de reclamar la satisfacción de sus derechos.

En esas condiciones de debilidad, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y María Corina Machado les exigen a los jerarcas del régimen que se ajusten a lo establecido en las leyes, especialmente a lo señalado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Aunque la presión internacional es intensa, no se ve factible que Maduro admita concurrir a unos comicios competitivos y justos. Tampoco le resultará fácil repetir la historia de 2018, cuando le ordenó al CNE fabricar un traje a la medida de sus ambiciones. En esta ocasión son muchos los factores involucrados. Los gobiernos de la región serán los primeros afectados si Maduro decide arrollar e imponer su voluntad, más allá de lo que ya ha logrado.

En las elecciones del 28 de julio es posible que la oposición triunfe y que se inicie una transición hacia la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional. Para que esa meta se logre, creo que deben  superarse algunas barreras. Destaco las siguientes.

En primer lugar, hay que poner de acuerdo a la PUD, MCM y Manuel Rosales. La desintegración de esa trilogía sería la renuncia a toda posibilidad de victoria. Luego hay que abandonar todas las posturas fatalistas y derrotistas basadas en análisis teleológicos. Es decir, en ese tipo ‘análisis’ que parte del presupuesto según el cual el Gobierno no va a dejarse arrebatar el mando mediante el voto popular. Sea quien sea el candidato, consideran quienes así piensan, este será inhabilitado si despunta en las encuestas y se convierte en una seria amenaza para las pretensiones continuistas de Maduro y su claque. A partir de una visión como esta, resulta más coherente y honesto con la gente cometer el desbarro de llamar desde ya a la abstención, para no ‘legitimar’ unos comicios que desde su propio nacimiento están viciados, y tampoco ‘blanquear’ el manchado rostro de Maduro.

El otro prejuicio que debe combatirse sostiene que sólo MCM encarna los deseos de cambio y si no es ella, o Corina Yoris, la aspirante, no vale la pena acudir a la cita de julio. Yo he sido un entusiasta seguidor de MCM. Voté por ella en la Primaria. Considero que es la dirigente política que mejor se conecta con la gente. Estimo que sería una excelente candidata y una extraordinaria presidenta. Pero, admito que estamos acorralados por un régimen hegemónico que busca perpetuarse pisoteando el Estado de derecho, y que deben aprovechare las rendijas que abre para intentar colarse por ellas con el fin de construir una alternativa que haga posible reencontrarse con la democracia y la prosperidad.

Si se acepta que nos encontramos atenazados por el cepo de un gobierno autoritario, y que carecemos del músculo organizativo para salirnos de esa cuadrícula y fijar nosotros las reglas, o al menos lograr que se cumplan las existentes, entonces la consecuencia lógica es que actuemos según las normas impuestas, con el fin de modificarlas cuando poseamos la capacidad de hacerlo.

De acuerdo con lo establecido por el CNE, el candidato de la PUD deberá salir de los doce aspirantes admitidos por el organismo.  Edmundo González, Manuel Rosales y Enrique Márquez representan las opciones reales. Con cualquiera de ellos es posible triunfar. Se necesita el apoyo activo de MCM.

         @trinomarquezc