Tomada de BBC News

   Rafael Quiñones

16.07.24

Muy en contra del extendido mito sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (MPJ), en 1957 Venezuela estaba en una muy profunda crisis económica. Entre 1945 y 1957 los ingresos gubernamentales se multiplicaron por 8 y los recursos provenientes del petróleo por 11. En 1957 el petróleo era responsable del 70,7% de los ingresos fiscales del Estado venezolano (Aranda, 1977, Pág:141). Durante el régimen de MPJ, la abundancia de ingresos fiscales por el petróleo fue el motor de la ampliación de los negocios del sector privado y también de gastos excesivos y derroches sobre la base de créditos fáciles para los empresarios locales. Incluso la construcción de zonas altamente lujosas para los empresarios más ricos del país se hizo en esta época. Pero para el año 1957, el ciclo expansivo de la economía venezolana generó una contracción fiscal que hizo que el sector empresarial local se sintiera presionado por los acreedores, y que muchas de sus empresas se vieran al borde de la bancarrota.

Hasta la bien mitificada industria de la construcción durante la dictadura militar entró en depresión. Elena Plaza (1978), cree que más que la lucha por la democracia, fue esta crisis económica, unida al descontento en los cuarteles, lo que precipitó la caída de MPJ en enero del 58. El problema residía en que desde el pico de ingresos petroleros en 1955, el Gobierno militar “había adoptado la práctica de posponer los pagos a las compañías contratistas de la construcción. Emitía bonos que no podían canjearse en los bancos de inmediato, pero que las compañías podían emplear para obtener créditos a menudo de la banca extranjera. De hecho, estos bonos gubernamentales constituían préstamos forzados sin interés que las firmas duramente necesitadas de efectivo se veían obligadas a vender… a precio menor al nominal”.  (Coronil, 2002, Pág:218).

En palabras de Fernando Coronil, la dictadura militar emitía bonos que no podían canjearse inmediatamente, aunque las compañías podían usarlos para obtener créditos, especialmente en la banca extranjera. Por eso en las cifras del Banco Central de Venezuela, la dictadura no se endeudó nominalmente, aunque de facto bajo este truco el Estado lo hizo de manera exorbitante.  (Kolb, 1974, Pág:167; Burggraaff, 1972, Pág:144).

Gracias a este artilugio, la deuda gubernamental estuvo en alrededor de los 1.400 millones de dólares, de los cuales la deuda interna representaba 150 millones (Vallenilla Lanz, 1967, Págs: 452-453). Según MPJ, “era el sector privado y no el Gobierno el que había incurrido en esta deuda. Estimaba que los contratistas habían obtenido financiamiento sobre la base de los contratos públicos, incluidos aquellos con calendarios que ataban los pagos a las fases de las obras. Cuando no las terminaban en las fechas pactadas, los pagos se posponían, aun cuando las firmas tuvieran que pagar puntualmente a sus acreedores. Desde esta perspectiva, la deuda era el resultado de la incapacidad del sector privado para cumplir a tiempo sus compromisos” (Coronil, 2002, Págs:218-219).

La contracción fiscal de 1957 hizo que los acreedores se tornaran más duros en el proceso de cobro y los contratistas estuvieron mucho más presionados para cumplir con sus obligaciones financieras. Según Vallenilla Lanz, la negativa de Pérez Jiménez a efectuar los pagos de los 150 millones de dólares de deuda interna (pese a que el Tesoro contaba con un excedente de más de 700 millones), y pese también a las súplicas de su ministro Vallenilla, se debió a su terquedad, vanidad y avaricia. Incluso, después de la preocupación por el creciente descontento militar contra su gobierno, Pérez Jiménez cortó el diálogo con los empresarios, negando que existiera deuda alguna: “no hay deudas, sino compromisos” (Vallenilla Lanz, 1967, Pág: 451). Esto llevó a que la clase empresarial dejara de percibir las dificultades financieras del 57 en términos de problemas económicos y clasificara lo que se vivía como una auténtica crisis económica que ponía entredicho la viabilidad de la dictadura como sistema político beneficioso para la economía, haciendo imperativo un cambio político. El empresariado del 57 comprendió que la raíz de la crisis de la economía venezolana no era económica, sino política, ya que el sistema político en que la economía se sostenía ya no era factible, no hay respuesta oportuna a la gestión de los asuntos públicos del país.

El empresariado venezolano hasta ese momento era unos de los pilares de la dictadura y se había beneficiado mucho de ella.  En el trienio de AD (1945-48), los empresarios percibían que habían sido víctimas de una política sectaria en nombre de la democracia y veían en Acción Democrática un partido radical populista, de líderes comunistas disfrazados, a pesar de que Betancourt había incluido a miembros destacados del empresariado nacional en el gabinete y de que había tratado de fomentar la formación de un sector empresarial nacional en su proyecto de modernización del país. La intervención militar de 1948 contra Rómulo Gallegos, hizo sentir al sector privado que ese evento los salvaba a ellos y sus negocios de un potencial gobierno revolucionario de carácter socialista.

El desarrollismo militar, inicialmente con la Junta Militar (1948-1952) y luego con la dictadura plena de Marcos Pérez Jiménez, implicaba un programa desarrollista que fortalecía al empresariado local supuestamente bajo la bota de un déspota ilustrado. En este interludio de tiempo, los empresarios locales del país aumentaron sus inversiones en áreas tradicionales como la banca, la construcción, el comercio. A su vez que diversificaron sus actividades al invertir en nuevos sectores como la agricultura comercial y la industria manufacturera. Pero esta expansión, que era producto del auge petrolero, se vio limitada por las políticas de Pérez Jiménez, que intentaba de modo simultáneo fomentar el crecimiento económico alrededor del Estado e impedir el desarrollo de un sector privado independiente que se pusiera en su contra en el futuro. Esto derivó en alentar al mismo tiempo el espíritu de empresa y contenerlo dentro de límites asfixiantes y autoritarios de una economía estatocéntrica que sostenía a la dictadura.

 Durante esta década el sector bancario creció con rapidez, en respuesta a la explosiva expansión de las entradas fiscales, el gasto gubernamental y las actividades comerciales. La producción local experimentó poco desarrollo y los precios se mantuvieron estables. “El gran incremento de las importaciones venezolanas hasta 1957 redujo la presión inflacionaria producida por el aumento del volumen de dinero y de la demanda efectiva en un momento cuando la capacidad productiva de la economía era limitada” (Hassan, 1975, Pág: 66).

Si bien el empresariado venezolano creció en ingresos y número de actividades durante el auge económico de los años 50, su expansión a nuevas actividades se vio bloqueada por límites definidos por un Estado dictatorial cada vez más arbitrario y sordo. Los grandes empresarios que intentaron trasponer esos límites invirtiendo en acero, productos metálicos y petroquímicos, y reclamando un fomento estatal más activo a la industrialización venezolana fueron percibidos como enemigos del gobierno militar. Aunque habían crecido y prosperado a la sombra del Estado y con el apoyo de la economía petrolera, carecían de fuerza económica más allá de lo que el gobierno le convenía. Pero cuando en 1957 convergió tanto la crisis fiscal como la negación del gobierno de pagar sus deudas con ese sector, llegaron a la conclusión de que el país no podía seguir sin un cambio político.

Pérez Jiménez creía que la Iglesia, las Fuerzas Armadas y especialmente el empresariado, preferían su dictadura antes que el salto desconocido a una democracia que nadie sabía cómo era.  Cuando la dictadura violando su propia Constitución, llamó al plebiscito fraudulento en vez de elecciones generales a finales de 1957, el sector privado no estaba entre los elementos dispuestos a sostener al régimen. En 1948 y en 1952 la mayoría de los líderes del sector empresarial, disgustados por las políticas populistas de AD durante el trienio, le brindaron un obvio apoyo al régimen militar. Pero en 1957 algunos miembros de la elite empresarial, en particular quienes promovían de la industrialización, se habían convertido en críticos de la indiferencia gubernamental respecto a sus preocupaciones, del mal manejo de la economía y la falta de respuesta a la deuda con el empresariado local, lo que los llevó a empezar a finales de ese año a tender puentes con AD, COPEI y URD.

“La Cámara de Comercio de Caracas emitió una crítica pública al régimen, y en diciembre prominentes hombres de negocios, Eugenio Mendoza (expresidente del Sindicato del Hierro) y el banquero Mario Diez (ejecutivo de la subsidiaria del First National City Bank), se reunieron con los líderes de AD, URD y Copei en Nueva York a fin de debatir la organización de la oposición y dejar sentadas las reglas para el establecimiento de un régimen electoral. El acuerdo logrado en esa reunión simbolizó el reconocimiento por parte de AD de que el apoyo electoral mayoritario no justificaba un gobierno de un solo partido. Y lo que es igualmente importante, simbolizó también el reconocimiento de AD ante el hecho de que un gobierno de partido no justificaba la exclusión del sector privado de la participación gubernamental activa, así como el reconocimiento privado de que los partidos podían convertirse en un medio confiable para representar sus intereses” (Coronil, 2002, Págs: 225-226).

Cuando MPJ cayó el 23 de enero de 1958, el 25, dos civiles reemplazaron a dos coroneles en la Junta de Transición. Eran dos líderes del sector empresarial privado, Eugenio Mendoza, expresidente del Sindicato del Hierro, y Blas Lamberti. Ambos estuvieron entre los primeros miembros de la elite económica que habían buscado una alianza de amplia base para derrocar la dictadura.

 Es importante ver a esta clase empresarial que fue primero cómplice de la dictadura militar y luego aliada de la democracia,  según  giraban sus posturas políticas.  Después de 1948 algunos miembros prominentes del empresariado venezolano se habían declarado enemigos del sistema democrático basado en partidos y habían depositado su confianza en los militares. Gran equivocación. Al ser conscientes de dicho error, en 1957, cuando se hizo evidente que para Pérez Jiménez no había más partido que él mismo, llegaron a aceptar un sistema donde la actividad privada no fuera asfixiada por la bota militar. Betancourt se había venido preparando para la estrategia. En 1956 había propuesto a los líderes de AD en el exilio que el partido cooperara más íntimamente con el sector privado y con los partidos democráticos: Copei y la URD (excluyendo el partido comunista, cuyo dogma político era la dictadura del proletariado y no una democracia liberal).

Estos empresarios, no eran ni héroes ni villanos, sino simplemente defensores de sus intereses y de la funcionalidad de la economía en que estaban trabajando. Si vieron el trienio adeco como una amenaza comunista latente contra sus intereses, en 1957 estaban conscientes de que el gobierno militar llevaba la economía venezolana al abismo y era necesario un cambio más allá de lo económico. Que al menos en democracia tendrían voz para influenciar el devenir económico de la nación más que en una dictadura que podía no cumplir sus promesas al sector privado cuando se le antojara. En resumen, si el país se hundía, también lo harían ellos y sus muy particulares intereses. Si la dictadura hubiera sido un sistema idóneo para desarrollar la economía del país, no hubieran dudado en ver hacia otro lado mientras, mientras existía persecución política.

Sabemos que los sucesores de ese empresariado crecieron a tal nivel que en los 90 entorpecieron deliberadamente los procesos de modernización del Estado y la apertura económica, generando el proceso de deterioro de la democracia que llevó al chavismo al poder, su mayor enemigo. Pero estamos seguro de que, al menos, la generación del 57  entendió que era preferible una democracia con tensiones en su relación con el sector privado, que un cómodo pero estéril diálogo con una dictadura,  que nominalmente les favorecía pero llevaba al país al abismo económico.

En la actualidad, en el contexto del gobierno más antagónico al sector privado en la historia de Venezuela, con las infraestructuras físicas destruidas, la institucionalidad económica demolida, uno de los sistemas de tributación más altos del mundo y una corrupción galopante; es desconcertante que buena parte de nuestra clase empresarial apueste al sostenimiento del status quo actual del país.

Como ya dijimos, los empresarios del 57 no eran ángeles ni demonios, pero tenían sentido común para saber que si el país se hundía, ellos también lo harían. Sería tiempo de tratar de recordar eso a la actual clase empresarial venezolana, que ante un gobierno que ha sido su mayor enemigo, es inadmisible defenderlo y apoyarlo a cambio de vacuas promesas de sobrevivencia. Ya no es sólo inmoral sino también profundamente irracional ser la comparsa del verdugo propio y del país entero, hay empezar a ser cuerdos y no buscar excusas falsas a un régimen que nos ha llevado al borde del abismo, sería lo mínimo que podría hacer el sector privado,  incluso si están resguardando sus más cerrados intereses particulares.