El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), emitió un comunicado en el que pide la verificación técnica de las actas de las elecciones del pasado domingo 28 de julio, por parte de las organizaciones competentes e independientes, tanto nacionales como internacionales.

EL comunicado fue presentado este jueves 01 de agosto en una rueda de prensa en Caracas, donde la institución fija posición frente a otros aspectos propios de la elección presidencial.

COMUNICADO

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello considera de urgencia que la voluntad de los venezolanos expresada el pasado 28 de julio en el proceso para elegir al Presidente de la República, sea respetada, por lo cual exige que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas fidedignas firmadas por los miembros de mesa y permita la verificación técnica de cada una de ellas.

Para que este proceso de auditoría tenga validez, el mismo debe ser realizado por observadores técnicos de instituciones internacionales independientes especializadas, con la debida presencia de los distintos actores políticos que participaron en la elección.

Igualmente, se exige a las autoridades garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

El CEPyG UCAB rechaza todos los actos de represión y persecución contra los manifestantes, así como contra líderes sociales y políticos o cualquier ciudadano venezolano o extranjero. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos de seguridad nacionales, regionales y municipales ya ha generado más de 20 muertes, y cientos de heridos y detenidos. La responsabilidad penal por la violación de derechos humanos, que incluye la represión contra manifestantes, los arrestos sin el debido procedimiento, la tortura, entre otras prácticas,  es personal, imprescriptible y no es negociable ni se puede justificar por venir del cumplimento de órdenes superiores, tal como lo establece el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que el  artículo 33 indica que quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe cumplir con su responsabilidad de proteger la soberanía nacional y respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La FANB, como institución profesional y sin militancia política, debe garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera libre, justa y transparente, salvaguardando el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes sin injerencias externas.

En este momento crítico para nuestra nación, es imperativo que la FANB mantenga una postura neutral y se abstenga de cualquier acción que pretenda influir o desconocer los resultados electorales. Actuar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos es esencial para preservar la dignidad y los derechos de todos los venezolanos, y para asegurar la paz y la estabilidad del país. Esto será crucial para fortalecer la confianza en nuestras instituciones democráticas y para fomentar la unidad y cohesión social.

Hacemos un llamado a todos los miembros de la FANB para que actúen con integridad y responsabilidad, reafirmando su compromiso con la democracia y la soberanía nacional, y apegándose a lo establecido en los artículos 328 y 330 de la Constitución Nacional.

El CEPyG UCAB reconoce los pronunciamientos por parte de la comunidad democrática internacional, mediante los cuales ha exigido al CNE la publicación de las actas reales, legítimas y verificables, en las cuales se refleja la decisión soberana de los venezolanos. Las instituciones mundiales, regionales y los distintos gobiernos, están haciendo todos los esfuerzos para que se respeten las garantías electorales de los ciudadanos, así como sus derechos humanos.

Es crucial que los actores internacionales activen todos los mecanismos a su alcance para que se resuelva este conflicto y pueda iniciarse el retorno parcial de venezolanos, pues de lo contrario podríamos estar a las puertas de otra ola migratoria.

Igualmente, es condenable la detención de cualquier líder político, así como el asedio de la Embajada de Argentina, donde se encuentran seis dirigentes a quienes se les pretende detener ilegalmente, desconociendo el derecho internacional al asilo y la inviolabilidad de toda sede diplomática.

En el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello estamos convencidos de que la ciudadanía como actor fundamental de este proceso político y titular de la soberanía popular tiene el derecho irrenunciable a decidir y a que su decisión, expresada en las urnas electorales, sea verificada e incondicionalmente respetada, según lo establece nuestra Constitución Nacional.

Caracas, 1 de agosto de 2024