Benigno Alarcón Deza

Cuando se cumple un mes de la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, la incertidumbre política, económica y social se ha profundizado en todos los sectores del país. La oposición ha logrado el apoyo de la comunidad democrática internacional, que ha demandado la publicación de las actas por parte del CNE y ha condenado violaciones a los derechos humanos, al tiempo que crecen la expectativas sobre las acciones que Estados Unidos, Europa y los países de la región tomarán tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que validó, como se esperaba, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un intento por pasar la página y cerrar el tema al escrutinio internacional

No ha sido sorpresa para nadie que el Tribunal Supremo de Justicia terminara ratificando los resultados que la noche del 28 de julio el Consejo Nacional Electoral, dando como ganador a Nicolás Maduro, sin que, hasta hoy, un mes después de la elección, se muestren las actas en las que se fundamenta la decisión, ni los resultados por mesa, en franca violación a los artículos 382 y 384 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y a los principios más elementales de transparencia electoral. 

Mientras tanto, el resultado mostrado mediante la publicación de actas por el Comando con Venezuela se posiciona como el único creíble, no solo para el país, sino para toda la comunidad internacional democrática. Resultado que da como ganador, con una amplísima ventaja de más de 30 puntos porcentuales, a Edmundo González Urrutia, como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.

Esta decisión del TSJ, lejos de resolver el conflicto, solo contribuye a su escalada generando mayor indignación e incertidumbre en la población, no solo por las implicaciones políticas que de allí se derivarían, sino por su impacto económico y social. Esta decisión abre una caja de Pandora donde todo es posible, incluyendo la exacerbación del conflicto, la ingobernabilidad, antes y después de enero de 2025, cuando se inicia el nuevo período presidencial, y una nueva ola migratoria sin precedentes en caso de que no se materialice un cambio político

La presión interna

Ante este nuevo paso dado desde el frente oficialista, estarían por verse las acciones que adoptaría el liderazgo opositor, donde una de las líneas clave es la movilización para la defensa de los resultados electorales. Si bien hubo protestas luego de los anuncios del CNE, el ritmo y la asistencia de las concentraciones ha ido disminuyendo como consecuencia de la represión.

El liderazgo opositor comprende que la presión interna, principalmente traducida en las actividades de calle que visibilicen el desacuerdo de la gente con el actual estado de cosas, es esencial al interés de que se respete el resultado electoral, se mantenga la presión interna, y se abra un proceso de negociación, al que la oposición siempre ha estado dispuesta pese a los múltiples intentos fallidos por el incumplimiento del gobierno.  Por ello, no hay dudas de que habrá nuevas movilizaciones en todo el país, como la que se anuncia para el próximo miércoles 28, al cumplirse un mes de la elección.

Mientras tanto, el gobierno trata de controlar la situación con anuncios y acciones de represión que, ciertamente, han contribuido a limitar la iniciativa ciudadana y la presencia en las concentraciones. Por ejemplo, en la última convocatoria en Caracas, se movilizaron equipos policiales a las adyacencias de barrios populares, como Petare, para evitar la incorporación de sus habitantes a la manifestación de la oposición, aparte de los muertos y heridos, los arrestos y las amenazas a líderes políticos y sociales, periodistas e incluso académicos con la llamada operación “tuntún”, que se suman al ya abultado expediente de violaciones a los derechos humanos. 

Provea, el Foro Penal, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, entre otras organizaciones, ocupan su tiempo documentando miles de casos, entre los que se encuentras alrededor de unos 1.500 arrestos verificados e identificados. El gobierno, al contrario de lo que suelen hacer otros gobiernos, no trata de suavizar las denuncias en su contra, sino que, por el contrario, las exhibe y magnifica reconociendo cifras aún mayores con el propósito de generar aún mayor temor en la gente. 

La creciente presión internacional

El rechazo de la comunidad internacional democrática al resultado anunciado por el CNE, y ahora por el TSJ, ha sido unánime y contundente. Como ejemplo, la semana pasada la OEA adoptó una resolución por consenso que exige la verificación de los resultados electorales en Venezuela, pide respetar los derechos humanos y llama al Estado y sectores políticos a “abstenerse” de cualquier conducta que comprometa la salida pacífica a la crisis. Igualmente, veintidós países y la Unión Europea pidieron verificación imparcial de resultados electorales en Venezuela e hicieron un llamado urgente para que las autoridades venezolanas «pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición». Asimismo, países aliados del gobierno venezolano como Brasil, Colombia y México siguen sin reconocer el veredicto del CNE y demandan la publicación de resultados documentados y verificables. 

Estados Unidos, como consecuencia de un acuerdo bipartidista, ha sido consistente en advertir que si no se respeta el resultado de las elecciones vendrán acciones contundentes de respuesta y todo apunta a que, en una primera etapa que se iniciará próximamente, se concentrará en sanciones personales más que sectoriales, que tendrán el acompañamiento de otros países, en especial la Unión Europea, pero que, después de enero, podrían escalar a otras consecuencias como la suspensión de licencias. 

Las consecuencias económicas

Por ahora, la economía de este segundo semestre, después de haber crecido 4% en el primer semestre del año, está sufriendo un frenazo. Tras la elección las ventas del sector privado son las más bajas de todo el 2024. Por eso las predicciones, algo alentadoras para este año, ya no son las mismas. De hecho, el aumento del PIB ya no pasaría del 3%. Asimismo, para el 2025, se estima un crecimiento de apenas un 2%, en el mejor de los casos.

Estás cifras implican un crecimiento tan pequeño, considerando que nuestra economía viene de una caída de 80%, que acarreará ninguna mejora perceptible para la mayoría de las personas. Si el país queda aislado por la crisis política derivada del conflicto electoral, puede incluso haber un retroceso porque no habrá posibilidades de inversiones ni financiamiento foráneo. 

A ello se suma a la precariedad de los servicios públicos, el cierre de empresas medianas y pequeñas por el menor consumo, un aumento en el trabajo informal de baja remuneración, y una situación social que tenderá a agravarse, lo que, según algunos estudios generaría en el próximo año y medio una ola migratoria de 1.500.000 a 2.000.000 de personas. Es así como, durante las semanas siguientes a la elección, el paso por la frontera hacia Colombia se ha triplicado.

En cualquier caso, la incertidumbre se ha instalado en todos los sectores del país, que temen no lograr finalmente el objetivo que aspiraban de un cambio para superar la crisis política, social y económica. Al final del día, el cambio no depende solo de lo que los líderes políticos hagan, sino de todos y cada uno de nosotros.