Tomada de Correo del Orinoco

Alex Fergusson

18.09.24

La Amazonía sudamericana es la mayor selva tropical del mundo, con una extensión de unos 7 millones de kilómetros cuadrados que une a nueve países, y hoy está en peligro, pero no es solo la minería lo que amenaza su presente y futuro en Venezuela y en los países sudamericanos que la conforman.

Un reciente informe presentado por la ONG Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), titulado: “Amazon Underworld: Economías Criminales en la Mayor Selva Tropical del Mundo”, pone de relieve la creciente criminalización de la región amazónica.

Afirman allí, que la Amazonia “se ha convertido en uno de los principales centros de actividad y punto de tránsito de las economías criminales de América Latina”.

Desde el cultivo y transporte de drogas, hasta los cargamentos de oro, diamantes, madera y especies silvestres animales y vegetales muy cotizadas, que son desplazados por sus cientos de ríos hacia las pistas de aterrizaje clandestinas y puertos de embarque. La Amazonia alberga hoy una compleja economía paralela a la oficial, que alimenta la creciente demanda mundial de bienes, y sufre también la violencia de las organizaciones criminales y los grupos paramilitares, que actúan con total impunidad y controlan la región con un poder creciente.

Esto constituye una amenaza existencial para la región más biodiversa del planeta y para las comunidades humanas, indígenas y criollas que la habitan, que son sometidas a un régimen de violencia que disuelve su estructura social y cultural.

En Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas y criollas han sido objeto de invasiones violentas por parte de mineros ilegales armados, narcotraficantes y grupos guerrilleros, mientras que en Colombia se han documentado 43 masacres desde 2020, realizadas por esos grupos.

Algo similar está ocurriendo en Venezuela, en el denominado Arco Minero del Orinoco (estado Bolívar) y en el estado Amazonas, que se convirtió en “un nuevo corredor de la cocaína” manejado por grupos criminales de las FARC colombianas y bandas brasileras que se disputan el territorio fronterizo entre Brasil y Colombia.

Este “corredor” está vinculado al tráfico ilegal de oro a través de la presencia en la zona del conocido “Tren de Aragua”, que también controla una buena parte del tráfico de especies silvestres, particularmente caimanes y tortugas terrestres (morrocoyes), de los cuales se han exportado ilícitamente unos 200 mil ejemplares, para su venta en el exterior como mascotas.

En Perú, los narcotraficantes reclutan cada vez más a niños indígenas de ambos sexos para trabajar en plantaciones de coca, y los grupos guerrilleros envían a familias enteras a trabajar en minas de oro ilegales en Venezuela.

En los últimos dos años, uno de cada cinco asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo, se produjo en la Amazonia.

La inmensa riqueza natural de la selva tropical junto a la creciente demanda internacional de materias primas amazónicas unida a la escasa presencia de los gobiernos, a la corrupción, a décadas de estrategias de seguridad fallidas y a una falta de coordinación entre los Estados, han creado el entorno perfecto y una fórmula exitosa para que algunos de los grupos delictivos más prolíficos de América (narcotraficantes, guerrilleros y mega bandas) se organicen y tomen el control de la región.

Esta presencia se traduce en diversas formas de gobernanza y control criminal, como ocurre en la actualidad en el denominado Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, pero que se está extendiendo, directa o indirectamente, a la vida de gran parte de los casi 50 millones de habitantes de la Amazonia, poniendo a prueba los esfuerzos de los Estados, las comunidades y la sociedad civil por proteger la selva y sus poblaciones humanas.

Las comunidades locales, a menudo indígenas, luchan a diario contra la violencia que impone una forma de gobernanza criminal, que dicta el acceso a la región, controla 

las actividades económicas locales, obliga a algunas personas a participar en actividades ilícitas y utiliza la fuerza para impartir una justicia arbitraria. 

Estas dinámicas criminales también están contribuyendo a acelerar la destrucción ambiental de la Amazonia, que se ha convertido en un bien público mundial de suma importancia.

Existen numerosas pruebas de que las comunidades indígenas y criollas desempeñan un papel fundamental en la protección de la selva tropical, mientras son objeto de crecientes ataques por parte del crimen organizado.

Así que los esfuerzos para proteger el ecosistema amazónico deben ir de la mano de políticas sociales, medioambientales y de seguridad que sean a la vez sostenibles y sólidas, y de la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales.

La ejecución de los proyectos de conservación para los que se dispone de fondos será difícil si los Estados no controlan sus respectivas partes de la Amazonia.

Cualquier esfuerzo estatal que no sea coordinado con sus contrapartes simplemente fracasará y, mientras tanto, el medioambiente, así como las comunidades que protegen la Amazonia pagan el precio. 

En este contexto, no es irrelevante recordar que el Esequibo venezolano forma parte, geográfica, geológica y geopolíticamente, de la Amazonía suramericana, y que ahora está a punto de convertirse en blanco de la criminalidad que impera en la región.