Tomada de El País

Nelly Arenas

Legitimidad y democracia son dos conceptos que se emparentan automáticamente. No puede haber gobierno democrático sino goza de legitimidad y toda legitimidad política en estos tiempos, se ve forzada a ser democrática.
Hablar de legitimidad nos obliga a repasar el concepto de dominación. Según Max Weber, dominación es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un determinado grupo para toda variedad de mandatos. Esta dominación puede reposar en distintos móviles de sumisión. En todo caso, un mínimo de voluntad de obediencia es necesaria en toda relación de genuina autoridad. Muchos factores juegan en la posibilidad de dominación y obediencia. Uno de ellos es el de legitimidad.
El concepto de ‘’orden legítimo’’ es la columna vertebral de la sociología del poder en Max Weber. Un orden legítimo es aquel que se percibe como válido, que logre ser obedecido realmente. Un orden considerado legítimo tiene mayor fuerza de convocatoria que uno cuyo sustento sea solo la coacción.
Una relación social orientada por la creencia de que existe un orden legitimo, tiene el efecto práctico, de primera importancia, de asegurar con mayor efectividad empírica el acatamiento de ese orden.
La fuente fundamental de legitimidad de los gobiernos democráticos ha sido a lo largo del tiempo la elección popular. La instalación de gobiernos democráticos en el mundo occidental a finales del siglo XIX y principios del XX, se basó principalmente en su constitución vía electoral. Gracias a esto se les podía considerar auténtica expresión de la voluntad popular. Fueron estos los casos primigenios de Estados Unidos y Francia. Ello era válido para equiparar a la mayoría con la soberanía popular. De este modo, los gobiernos emanados de procesos electorales, si bien eran tan solo la preferencia manifiesta de una parte del pueblo, se asumió que su carácter mayoritario les otorgaba el derecho a reclamarse representantes de la totalidad. Adquirían así una legitimidad democrática fuera de dudas. Luego de 1920 la legitimidad comenzó a apoyarse en una nueva base, la de la administración pública. Ya en esa época el Estado había tomado para sí la prestación de numerosos servicios públicos, por lo cual la sociedad lo asimilaba no solo como una autoridad que imponía un determinado orden, sino también como una agencia prestadora de servicios. En tanto tal, los ciudadanos comenzaron a valorar, exigir y esperar racionalidad y eficiencia del Estado. De esta manera se conformó el sistema de doble legitimidad sobre el cual se sostendrían las democracias durante la mayor parte del siglo XX. Esta fórmula daría origen a una teoría de la legitimidad dual: la legitimidad de origen y la legitimidad funcional o legitimidad de desempeño, como bien señala Roberto García Jurado.
En Venezuela, la legitimidad democrática no se alcanza hasta bien entrado el siglo XX, aunque el mecanismo del voto es de antigua data. En su trabajo sobre el poder electoral venezolano, del cual tomamos parte de las líneas siguientes, Ani Urse refiere que con la finalidad de conformar la Junta Suprema de Caracas en 1811, se convocarán la primeras elecciones para diputados. Los mismos integrarían el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII en las provincias de Venezuela. Estas elecciones serán censitarias e indirectas, conforme al texto constitucional de 1811, el primero del país. Por censitarias se entiende un sufragio restringido solo a algunas personas con particulares características como la de ser propietario o saber leer y escribir, por ejemplo. Las constituciones vigentes hasta 1858 se manifiestan de manera similar. En los textos inscritos dentro del constitucionalismo federal, como los de 1864 y 1874, se proclamó el sufragio universal masculino. A pesar de que en la Carta Magna de 1893 se incorporaría la elección directa del presidente de la república, en los textos de 1901 y 1904, se vuelve a la elección indirecta del jefe de Estado. Bajo el mandato dictatorial de Juan Vicente Gómez, las constituciones sucesivas refuerzan el poder ejecutivo y tienen expresión solo nominativa. Aunque desaparecida la dictadura gomecista en 1935, el texto de 1936 mantiene las mismas restricciones legadas del largo periodo dictatorial; es decir, los senadores y diputados serán seleccionados a través de elecciones de segundo grado. Ellos a su vez se encargarán de elegir al presidente de la república. En 1945, se alcanza la elección directa de los diputados por vez primera en la historia de Venezuela. También se proclama el sufragio universal incluyendo a las mujeres pero únicamente para las elecciones municipales.
La Constitución de 1947, finalmente, contempla el voto universal y directo para todos los ciudadanos sin distinción alguna.
Este hecho será reconocido como una victoria de la ciudadanía e igualará al país con el resto de las democracias occidentales. En efecto, el reclamo principal de la sociedad venezolana en los años cuarenta, era el voto universal, directo, y secreto para la elección de los poderes públicos. Al respecto, Ramon J. Velásquez diría que en esos días todos los venezolanos creían en “el voto universal [como] el milagro de la purificación nacional”. En la voz de Andrés Eloy Blanco este milagro se vestirá de poesía y sacralidad al exclamar: !Bendita sea Venezuela entre todas las patrias y bendito sea el fruto de su vientre, su pueblo! Y el pueblo, el hijo, el fruto de su vientre, está en el voto… el voto es el pueblo, que era verbo y se hace carne”.
A partir de la Constitución de 1947 y hasta hoy, el voto será universal y directo. Los años de dictadura perezjimenista no alterarán este curso. La reconquista de la democracia en 1958, y la plataforma constitucional que la respaldará hasta 1999, la Carta Magna de 1961, refrendará el voto universal y directo. De igual manera la Constitución de 1999 engendrada por la Revolución bolivariana, consagra el sufragio como un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.
Con ello, la legitimidad de origen de cada uno de los gobiernos que ha tenido Venezuela desde 1959 y hasta la fecha, quedó amarrada al designio de la voluntad popular mayoritaria expresada en las urnas electorales mediante el voto.

Bibliografía
Arenas, Nelly y Gómez, Luis (2000) El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a la quinta república bolivariana, CENDES, Temas para la discusión, Caracas.

García Jurado, Roberto (2013) (Reseña) “La legitimidad democrática: Imparcialidad, reflexibidad, proximidad.” UAM.
México. Disponible en http://www.scielo.org.mx

Urse, Ani (2020) El poder electoral en Venezuela Tesis doctoral. UNED. Disponible en dialnet.unirioja.es

Weber, Max (1992) Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México.