Rafael Quiñones 14.01.25

Uno de los problemas que ha generado actualmente el uso autoritario del poder en nuestra nación en los últimos 25 años, unido a la escasa institucionalidad política y económica que hoy sufre Venezuela, es que se ha generado y reforzado la lógica “neopatrimonial” en el funcionamiento del Estado. El neopatrimonialismo se caracteriza como una forma de operación del Estado donde formalmente se respeta el Estado de derecho, sin embargo, en la práctica, las conductas ponen de manifiesto una lógica patrimonialista ajena al mismo. Además, el “patrimonialismo” ha sido identificado como una modalidad de administración pública donde el gobierno y las agencias se orientan al rédito privado de los que los lideran, incumpliendo el deber de subordinar su actividad al servicio público de los ciudadanos.

En el funcionamiento neopatrimonial lo esencial es que se diluye la distinción entre lo que es público y lo que es privado que, si bien puede constar en las leyes, no es respetada de facto en la realidad, lo cual da más posibilidades para la captura del Estado de beneficios, induciendo a que una nación construya su economía no con base a la producción sino a la captura de la renta gubernamental. De este modo se posibilita que los agentes privados se apoderen de recursos colectivos, dando como consecuencia su uso para beneficio privado de las instituciones públicas. El neopatrimonialismo está conectado a condiciones de fragilidad estatal, estructuras que favorecen los conflictos de intereses, junto con la generalización de la corrupción, unido a la existencia de poderosos grupos de interés que influyen de manera ilegal sobre la agenda pública del Estado.

Existe una fuerte correlación de los países con mayor ausencia de corrupción al tener una renta per cápita superior, y viceversa. Esto nos dice que cuando existen las condiciones estructurales que generan el neopatrimonialismo, la competencia por el gobierno se transforma en una “lucha por el botín”; concretando que dos o más grupos luchan por el control de los resortes administrativos, ejecutivos y legales públicos  para beneficiar sus intereses privados, lo cual atenta contra la productividad económica de una nación. Bajo estas formas de organización, se reduce radicalmente la transparencia, y en detrimento, el acceso a la función pública se realiza más por fidelidad al grupo (mayormente mediante el nepotismo y los vínculos cliente-patrón) que a través del servicio a la ciudadanía.

Este neopatrimonialismo ha producido en Venezuela las últimas décadas mayor volatilidad y favoritismo, sea abierto o encubierto, en la operación de la administración del Estado, así como en las políticas o leyes originadas, que han erosionado significativamente el nivel de confianza en las instituciones públicas y propician la difusión de la ilegalidad en nuestro país. A su vez, este ha sido el contexto favorable para el desarrollo de una corrupción inmensa en el país como nunca se registró en su historia republicana. En este entorno, las personas han pasado a poner su confianza en las relaciones personales fuertes y cercanas, como la familia o las lealtades empleado-patrón que, por su configuración intrínsecamente asimétrica, reproduce la inequidad y relaciones de dependencia, todo lo contrario a un país de fuertes instituciones política y económicas inclusivas.

En Venezuela, ya antes de 1998 y luego reforzada radicalmente durante el chavismo, la ley ha surgido generalmente por medio de un proceso de negociación excluyente de élites, con limitada participación de la ciudadanía. Por esta razón las leyes en estos últimos 25 años se han redactado y ejecutado de modo distanciado de las necesidades generales de la gente, y a la hora de ser aplicadas han tenido problemas esenciales para ser implementadas con las condiciones concretas de sectores importantes de la población, dejando a la sociedad en un estado de anomia (ausencia de reglas). En otros casos existe una tácita percepción todavía más grave: la realidad de que las leyes actualmente en el país son creadas por determinados grupos de interés poderosos con acceso privilegiado a la interlocución con el gobierno (como el empresariado creado y protegido desde el Estado).

Esto ha agravado el hecho de que los venezolanos se inclinen a no percibir la ley como un instrumento de protección social e inclusión, sino como algo ajeno, incluso perjudicial para los ciudadanos. Dicha situación ha permitido extender enormemente una cultura de informalidad, de la búsqueda de amparos en el poder y su red discrecional de recompensas y castigos que retroalimenta la difusión de instituciones extractivas en Venezuela, que hacen al país profundamente pobre y a sus ciudadanos desconfiados, entre ellos mismos y frente al Estado.

 Esta forma de lógica clientelar es inconducente para crear un entorno de inclusión sostenible e igualdad de oportunidades en un país libre, democrático y productivo. Pero el neopatrimonialismo ha contribuido en Venezuela enérgicamente a fortalecer la tendencia a buscar la pertenencia a algún grupo de poder para participar de su red de distribución de privilegios y protección. Adicionalmente, refuerza una lógica de subordinación en lugar de una de independencia y empoderamiento de la ciudadanía frente al Estado, cristalizando una desigualdad entre los que lideran y los que son seguidores, y la división de la sociedad de acuerdo con los que forman parte o no de esa red de corrupción.

Podemos enumerar los elementos más importantes para garantizar una democracia representativa eficaz y una economía de mercado vibrante que combata el Estado neopatrimonialista que impera hoy en Venezuela:

1. Robusto Estado de derecho: Conformado por fuertes restricciones a los poderes gubernamentales que eviten el autoritarismo, mecanismos para regular y reducir la corrupción, gobierno abierto que comparte información que empoderaría al ciudadano para controlar a su gobierno y que le permitiría influir en la agenda pública estatal.

2. Democracia liberal: Integrada por cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso a fuentes alternativas de información a las del Estado; autonomía de las asociaciones de la sociedad civil y ciudadanía inclusiva.

3. Derechos de propiedad sólidos: El componente de derechos de propiedad es una evaluación de la capacidad de los individuos para acumular propiedad privada, garantizada por leyes claras que el Estado hace cumplir plenamente. Es el grado en que las leyes de un país protegen los derechos de propiedad privada y el grado en que su gobierno hace cumplir dichas leyes. También evalúa la probabilidad de que la propiedad privada sea expropiada, analiza la independencia y existencia de corrupción del Poder Judicial, y la capacidad de individuos y empresas para hacer cumplir los contratos de forma honesta.

4. Eficiencia regulatoria del Estado: Consiste en la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria, midiendo la ausencia de licencias y otras políticas directamente limitantes, regulaciones de contratación y despido, y la existencia de una política monetaria estable, predecible y no inflacionaria.

5. Instituciones para la estabilización macroeconómica: Un Banco Central independiente y libre de presiones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para emitir moneda sólo por razones técnicas de la economía y no de clientelismo político.

6. Instituciones de Bienestar Social: El Estado de Bienestar Social legitima una economía de mercado porque la hace compatible con la estabilidad y la cohesión social, dando servicios de educación, salud, comunicación, infraestructura y seguridad que el mercado no puede dar, y son necesarios para que los individuos sean autónomos y prósperos. La idea del Estado de Bienestar Social no es tanto que el Estado distribuya bienes y servicios para subsidiar a los grupos menos favorecidos, sino que tengan ellos las condiciones mínimas para competir en la carrera económica y perseguir sus propios fines, tanto particulares como colectivos, en una sociedad libre y democrática.

7. Cooperación entre empresarios, academia y Estado: Entre estos 3 actores sociales debe haber canales institucionales de comunicación y cooperación para la generación de ideas, construcción de conocimiento científico y técnico, y las capacidades para ponerlos en práctica, siendo las claves esenciales del progreso económico y social. En primer lugar, está el esfuerzo a favor de la colaboración público-privada con la academia, para lo cual se deben desarrollar programas y políticas especiales. Debe existir como eje  una visión de la investigación y desarrollo como elemento fundamental pero no único, poniendo especial énfasis en la comercialización de nuevos productos y procesos generados dentro de Venezuela. Se debe tener un fuerte énfasis en la colaboración entre los principales actores: las empresas, las universidades y los centros de investigación del sector público.

Índice de reglas neopatrimoniales en Venezuela: 0,98/1. Fuente: https://www.v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/