A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han utilizado reformas constitucionales para consolidar su poder. Estas reformas a menudo buscan dar una apariencia de legalidad a medidas que perpetúan la autocracia, como la eliminación de límites a los mandatarios o la concentración del poder en el ejecutivo. Sin embargo, en el caso venezolano, existen razones específicas por las que esta estrategia fracasará

Benigno Alarcón Deza 24.03.25

El régimen autoritario venezolano, pese a que ha pasado de ser un autoritarismo competitivo, cuando tenía capacidad para competir electoralmente mientras Chávez lideró el proceso, a uno hegemónico, cuando la actual élite gubernamental descubrió que ya no podía ganar elecciones tras las derrotas de 2015 y la más reciente del 28 de julio pasado, pareciera no encontrar una fórmula adecuada para su consolidación definitiva en el poder.

Entre las fórmulas que el régimen ensaya está la reciente propuesta de reforma constitucional en Venezuela, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, que busca modificar aspectos fundamentales de la Constitución de 1999. Según sus promotores, esta reforma fortalecería el “Poder Comunal” y reestructuraría el sistema político para mejorar la gobernabilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de los estudios sobre regímenes autoritarios, es poco probable que esta estrategia aumente sustancialmente las probabilidades de supervivencia del régimen y, por el contrario, no debería extrañarnos que termine jugando en su contra.

Para entender por qué, es necesario analizar los factores que inciden en la estabilidad de las autocracias, las dinámicas internas del chavismo, la presión internacional y las condiciones sociopolíticas actuales en Venezuela.

Los estudios sobre la longevidad de los regímenes autoritarios han identificado tres pilares clave que sostienen su permanencia en el tiempo: legitimidad, represión y cooptación. La combinación de estos factores define la capacidad del régimen para resistir presiones internas y externas, así como la probabilidad de colapso.

La legitimidad en los regímenes autoritarios puede provenir, según Wolfgang Merkel[1], de dos fuentes principales: la ideología y los resultados. En algunos casos, los regímenes logran una base de apoyo popular a través de una narrativa ideológica fuerte o de la entrega de bienes materiales que sostienen la estabilidad social. Sin embargo, cuando el régimen pierde la capacidad de generar bienestar o si su discurso deja de ser creíble, su legitimidad se erosiona rápidamente. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente el régimen venezolano, el deterioro de la narrativa ideológica del chavismo y el evidente deterioro de las condiciones materiales de vida.

En el caso de la represión, ésta puede dividirse en “blanda” y “dura”. La primera incluye censura mediática, restricciones a la libertad de expresión y control de las instituciones políticas. La segunda implica el uso de la violencia directa contra la oposición. La represión dura tiene siempre un costo muy elevado para el régimen, ya que incide negativamente en sus niveles de legitimidad generando un círculo vicioso, a mayor represión menor legitimidad y a menor legitimidad mayor necesidad de reprimir. Este círculo vicioso incide dramáticamente en un aumento del descontento de la gente y se convierte en el germen de la movilización de protestas masivas.

El tercer pilar es la cooptación. Los regímenes autoritarios suelen garantizar su supervivencia mediante la cooptación de actores clave como empresarios, militares y burócratas, entre otros. Esto se logra otorgando privilegios y acceso a recursos económicos a cambio de lealtad política.

Si bien estos tres elementos han estado presentes desde hace mucho y explican en buena medida la continuidad del chavismo, su eficacia se ha deteriorado en los últimos años. La pérdida de legitimidad por la crisis económica, el aumento de la represión y la incapacidad de cooptar actores relevantes, principalmente a los que hoy en día lideran la oposición democrática, que ha demostrado niveles inéditos de resiliencia en contraste con otros que se han rendido e intentan cohabitar con el régimen convirtiéndose en actores irrelevantes de la política venezolana, con niveles de apoyo inferiores a los que hoy tienen la mayoría de los actores oficialistas.

La reforma constitucional en el contexto venezolano

El proyecto de reforma constitucional busca consolidar un modelo político donde el “Poder Comunal” juegue un rol central. Este cambio podría diluir la influencia de los gobiernos locales y regionales, centralizando aún más el poder en el Ejecutivo. Sin embargo, esta estrategia tiene serias limitaciones como mecanismo de sostenimiento del régimen por tres razones principales:

1. Descontento interno y fracturas en el chavismo: Aunque Maduro ha logrado mantenerse en el poder gracias a la lealtad de la cúpula militar y de sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su liderazgo no está exento de fracturas, como quedó demostrado en la elección del pasado 28 de julio. Es bien sabido, aunque el chavismo se cuida de lavar los trapos sucios en casa, que, desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, han surgido disputas internas entre diferentes facciones del chavismo, algunas de las cuales cuestionan la gestión del gobierno, ven cada vez más cuesta arriba mantener el statu quo, o tienen aspiraciones de ascender en el poder.

La creación del “Poder Comunal” tiene el potencial para generar nuevas tensiones, no solo con quienes se oponen al gobierno, sino también con actores y estructuras de poder ya establecidas dentro del régimen, como es el caso de gobernadores y alcaldes oficialistas, que podrían ver esta medida como una amenaza a su autonomía y a sus propios feudos de poder. La historia de otros regímenes autoritarios muestra que cuando un dictador busca alterar el equilibrio de poder interno, puede generar divisiones que debilitan la propia estabilidad del régimen.

• Presión internacional y aislamiento diplomático: El régimen de Maduro enfrenta sanciones económicas y restricciones diplomáticas de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países democráticos. Es predecible que la reforma constitucional, al reforzar el carácter autoritario del gobierno, podría desencadenar mayores sanciones y un mayor aislamiento internacional. Y, aunque el gobierno venezolano tiene aliados internacionales como China, Rusia e Irán, estos países tienen intereses estratégicos y económicos propios, enfrentan problemas mayores como las guerras con Ucrania e Israel, así como las medidas económicas y comerciales impuestas por la administración Trump, por lo que pueden tener un menor interés y recursos limitados para invertir en el sostenimiento de un régimen evidentemente debilitado.

Además, la pérdida de legitimidad internacional afecta la capacidad del régimen para acceder a financiamiento externo. La crisis económica venezolana ya ha reducido significativamente los ingresos estatales, lo que se verá agravado por la cancelación de las licencias petroleras y una mayor presión internacional que podría agravar esta ya precaria situación.

• Crisis económica y deterioro de las condiciones sociales: Uno de los factores más críticos para la estabilidad de un régimen autoritario es su capacidad para manejar la economía. En el caso venezolano, la crisis económica ha golpeado fuertemente el nivel de vida de la población. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y el colapso de los servicios públicos, la migración, han erosionado de manera irreversible el respaldo popular al gobierno.

Las reformas constitucionales, por sí solas, no ofrecen soluciones concretas a estos problemas. De hecho, la centralización del poder y la falta de medidas económicas efectivas podrían aumentar la incertidumbre y generar un mayor deterioro de la situación social. En la historia reciente, varios regímenes autoritarios han colapsado cuando la crisis económica se convirtió en un detonante del descontento colectivo.

Conclusión: La reforma constitucional no garantiza estabilidad

Si bien a algunos puede preocupar las advertencias que uno pueda hacer desde espacios como este a un régimen autoritario sobre los errores que lo debilitarán, y dirán, con algo de razón que escribir sobre esto no es estratégico para quienes queremos un cambio político, sabemos que el régimen se sobreestima y se burlará del sector democrático hasta que deje de hacerlo. El régimen se burló y subestimó las primarias de la oposición, hasta que vio la respuesta de la gente en la calle. El régimen se burló y subestimó la alianza Machado-González Urrutia hasta que contó los votos el 28 de julio. Y el régimen leerá, subestimará y aparentará ignorar, o quizás se burle de este análisis, como lo ha hecho en el pasado, pero, como sabemos, la procesión va por dentro.

Es así como seguramente se continuará adelante con una reforma constitucional que no resolverá los problemas estructurales que enfrenta el régimen. Una reforma que aumentará su control institucional, debilitando a todas las instituciones que podrían representar un problema, pero que no podrá incidir en los factores clave que determinan la estabilidad de un régimen autoritario: legitimidad, represión y cooptación.

El descontento interno, el aislamiento internacional y la crisis económica son obstáculos difíciles de sortear, y la reforma podría incluso acelerar el debilitamiento del régimen al generar nuevas tensiones políticas y económicas. Asimismo, la reforma, al ofrecer fortalecer el “Poder Comunal” intentará retomar una relación clientelar que busca una relación directa de mayor dependencia de la gente hacia el poder central. Una relación que ya no le sirve a la gente, que nunca ha funcionado, y menos funcionará desde un Estado con recursos económicos mermados por la evidente corrupción y las recientes medidas tomadas por el gobierno norteamericano.

[1] Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 267, enero-febrero de 2017, ISSN: 0251-3552, www.nuso.org