Tomada de France 24

Alex Fergusson 24.04.25

La decisión tomada en Francia sobre inhabilitar a Marine Le Pen, por emplear a los asistentes legales de los parlamentarios de su partido para realizar trabajos para su propia organización política, pone en cuestión el tema de la malversación de fondos, y parece más bien un asunto de aplicación de la ley con propósitos políticos.
Esto lleva a Europa al borde del precipicio, si es que la derecha continúa contraponiéndose al bipartidismo, un movimiento de opciones en todos los países donde tiene representación. Estamos hablando de la España de Vox, de la Francia de Le Pen, y por supuesto, de Orbán en Hungría, lo cual, junto con el reciente caso ocurrido en Rumanía- donde no solo se anuló el resultado electoral, sino que no se dejó presentar al mismo candidato ni a cualquier otro que tuviera opción de ganar- comienza a conformar un patrón evidente de deriva antidemocrática.
Parece, entonces, que la justicia europea ha entrado en un proceso de eliminación de candidatos políticos, sin distinciones ideológicas, pero que pueden poner “patas arribas” al escenario comunitario, porque fundamentalmente se oponen al relato dominante que pretende la inmolación de los Estados nación, para potenciar un engendro supranacional, cuya deriva suicida amenaza con poner en riesgo las vidas, las haciendas y las tradiciones nacionales.
Al respecto, los europeos comienzan a darse cuenta de que los enemigos más peligrosos de Europa, están dentro de sus fronteras, y esto está quedando demostrado en las urnas, como ocurre en Alemania, en Georgia, en las elecciones francesas y quizás pronto en España.
Nos referimos a las élites políticas que obedecen ciegamente los designios que se establecen en los despachos empresariales y políticos ubicados fuera de sus fronteras.
Así que la razón por la que se condena a Le Pen, y a otros como ella, se encuentra más cerca de sus denuncias contra una burocracia europea que ha hecho de la corrupción su modo de vida, y contra los no pocos parlamentarios que reciben pagos periódicos de gobiernos extranjeros, que son hoy “vox populi”, como los de aquellos altos funcionarios que recibieron cuantiosos sobornos del Reino Unido, Qatar o Marruecos (el Qatargate) para favorecer decisiones a favor de sus empresas; o la existencia de poderosos lobbys que tienen en nómina a eurodiputados, como ha admitido el multimillonario George Soros respecto al Parlamento Europeo.
Hay, además, miembros de altas instancias imputados por sus conexiones oscuras con las grandes farmacéuticas o por el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de armamento, o condenados por entregar maletines a empresarios, o involucrados en los escándalos de corrupción en España, solo para citar los ejemplos conocidos y públicos.
Están, también, los supuestos líderes europeos, de izquierdas y derechas, que no tienen el respaldo de sus pueblos, y que en realidad trabajan para defender los intereses de sus padrinos bancarios y empresariales fuera de sus países, o de otros gobiernos aliados, proveedores.
Así que la eliminación de figuras políticas que amenazan el statu quo y que han recibido el apoyo de la población en proceso electorales, no obedece a que tengan discursos extremistas o a que hayan cometido delitos dudosos, como se quiere hacer creer, sinoa que están gritado “el rey está desnudo”, tal como los hechos demuestran.
El problema es que se está produciendo una deriva antidemocrática en Europa, la cuna de la democracia. La Europa de la Unión Europea ya no es una Europa de la democracia; es una Europa que está secuestrando la voluntad popular que comienza a votar en masa contra los promotores de una agenda liberticida, que está poniendo de rodillas al continente con políticas económicas suicidas, comandadas por burócratas corruptos, que ganan dinero y poder con las penurias de los demás.
Como ya señalan muchos analistas políticos, el peligro de sustraer a la sociedad su capacidad de decidir en las urnas tendría un efecto terrible, al permitir a las élites políticas actuales, mantener y ampliar sus esferas de control, e incluso aprovechar el caos para imponer el orden por la fuerza.
Hacia allá apuntan las decisiones en las que los pueblos están ausentes, como el rearme que están impulsando, o la instalación de centrales nucleares por parte de empresas extranjeras, o la adquisición de tecnología foránea, todo con el dinero de las generaciones presentes y futuras. Ese es el mayor riesgo de Europa.
Lo que vemos es, entonces, una Unión Europea viviendo momentos difíciles con relación al ejercicio de la democracia, su estabilidad económica, su seguridad y su capacidad de respuesta frente a los retos del presente y el futuro cercano.
Hasta ahora su seguridad económica, política y militar está en manos de unas elites burocratizadas y corrompidas que dependen del apoyo de Norteamérica y de las grandes corporaciones internacionales o de naciones como Rusia (energía) y China (comercio).
Sabemos además que el proyecto presentado por Mario Draghi, economista italiano, expresidente del Consejo de Ministros de Italia y exdirector del Banco Central Europeo, que adelanta el Parlamento Europeo, podría conducir a que los países de la UE deban renunciar a su soberanía monetaria, energética, tecnológica y también militar, para entregarla a un organismo supranacional que va a ser dirigido por un tecnócrata o por “un equipo de técnicos sabios” elegido por las élites que hoy controlan el poder y no por los pueblos de sus países.
Así que cabe la pregunta de si Trump podría tener razón cuando llama “aprovechados” a los europeos, cuando dice que “Europa se creó para fastidiar a los Estados Unidos”, y cuando expresa a través de sus voceros, el desprecio hacia la región.
Quizás eso explique su penalización a Europa con los aranceles.