Tomada de Clarín

El Gobierno de Javier Milei impuso restricciones parciales al derecho a huelga en Argentina, cuando amplió a través de un decreto la cantidad de servicios que deberán garantizar una prestación mínima, aún en medio de un conflicto laboral.

En un decreto que se refiere a la desregularización del transporte marítimo y fluvial, se incluye un artículo que plantea modificaciones a la Ley del Régimen Laboral.

El artículo modifica el número de actividades esenciales y añade una nueva categoría llamada «actividades o servicios de importancia trascendental», a las que corresponde un mínimo del 75% y 50% de la prestación del servicio, aún cuando exista un conflicto laboral.

«El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo», dijo este martes la Central General del Trabajo (CGT), el cuerpo obrero más importante de Argentina, en un comunicado. «La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender», agregó.

Entre los servicios considerados esenciales se encuentran los sanitarios, hospitalarios, relativos a agua potable, a la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo, y se suman los del transporte marítimo y fluvial, también los servicios aduaneros, migratorios y la educación en todos sus niveles.

Se definieron como «actividades o servicios de importancia transcendental» las siguientes áreas de producción: medicamentos e insumos hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo, la radio y televisión, las actividades industriales, la industria alimenticia, la producción y distribución de materiales de construcción, los servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, los servicios logísticos, la actividad minera, la actividad frigorífica, el correo, la distribución y comercialización de alimentos y bebidas, la actividad agropecuaria, los servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, el comercio electrónico y la producción de bienes y/o servicios ligados a compromisos de exportación.