Tomada de Marvin Recinos – AFP

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno de El Salvador utiliza su sistema penal «como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos».

Señaló que el régimen de excepción extendido por más de 40 meses junto a las reformas al sistema penal «han desvirtuado el Estado de derecho en El Salvador» al fortalecer «el aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas».

«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad», señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

La organización sostiene que El Salvador «da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa». En este contexto, han documentado «cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos, como ‘agrupaciones ilícitas’ u ‘organizaciones terroristas’, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente».