Angel Oropeza 06.03.25  

En Venezuela ha habido en el pasado intentos de construcción de sistemas políticos democráticos. El más conocido es el que se inició en el año 1958 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Desde el punto de vista político, el éxito de ese ensayo democrático se fundamentó principalmente en su habilidad para manejar el Estado y los recursos rentísticos de acuerdo con los intereses de una alianza entre los partidos políticos, la jerarquía de las fuerzas armadas, la dirigencia del empresariado privado y la Iglesia. Desde el punto de vista económico, por su parte, fue el carácter rentista de la economía venezolana lo que hizo posible que la transición modernizadora, desde un país eminente rural, se efectuara a través de este modelo democrático, sin mayores conflictos entre los distintos actores de la sociedad.

Los recursos rentísticos provenientes de la actividad petrolera le permitieron al sistema político evitar la contradicción observable en otros países de América Latina entre el gasto social generador de beneficios inmediatos para la población (salud, educación, subsidios a la alimentación, transporte, etc.), y la acumulación / inversión para el surgimiento de un mercado que permitiera alimentar ese gasto social y crecer económicamente como país.

Así, se logró en Venezuela la implementación de una exitosa democracia policlasista, basada en un sistema político de conciliación de intereses, que pudo, mediante la distribución de la renta del Estado y la puesta en práctica de políticas de concertación y consenso, evitar las contradicciones sociales propias de la transición hacia la modernización.  El acuerdo político que dio origen a tan exitoso proyecto, conocido como el “pacto de Puntofijo”, es considerado todavía hoy en muchas universidades prestigiosas del mundo como un excelente e imitable ejemplo de ingeniería política.

Ahora bien, la estabilidad de un régimen democrático supone, entre otras variables, la capacidad de las diferentes instancias públicas para satisfacer el volumen de demandas sociales, demandas que, justamente a causa del propio proceso modernizador, crecen tanto en número como en complejidad.  Ya a mediados de la década de los 80 al Estado no le resultaba tan fácil como antes hacer frente a las demandas sociales en aumento, especialmente (aunque no únicamente) por el agotamiento de las bases rentistas sobre las cuales se sustentaba económicamente el modelo político.

Ya para la década de 1990, parecía claro que se estaba en un momento de transformación del modelo democrático 58, de las relaciones de poder político y de los fundamentos económicos del sistema.  Parecía inevitable una transición política, estrechamente ligada a la transición económica, hacia una Venezuela post-rentista.

Es en ese contexto cuando en el año 1999 triunfa electoralmente una propuesta, encabezada por Hugo Chávez, que prometía un nuevo modelo político que dejara atrás el modelo 58, pero nuevamente sobre una base económica centrada en la renta petrolera. Se planteaba así una transición política sin transición económica. De hecho, el país se volvió durante las administraciones de Chávez y después de Maduro todavía más dependiente de la renta petrolera. Así por ejemplo, mientras en 1998 el porcentaje de las exportaciones venezolanas debidas a petróleo era de 48%, en la década siguiente subió en promedio a 75%, con un pico de 96% en 2013.  Pero, todavía más grave, todo esto se desarrolló en un contexto de progresivas limitaciones a la libertad y a las condiciones democráticas mínimas. Hoy en día, el déficit democrático sufrido por Venezuela en los últimos lustros es de tal tamaño, que casi nadie en el mundo se refiere actualmente a Venezuela como un país democrático.

Lo cierto es que la tarea ineludible de avanzar hacia una necesaria transición económica está todavía por hacerse, y es uno de nuestros más urgentes retos como país. Pero hacerlo en democracia es todavía más importante y necesario. ¿Por qué­? Porque esa transición económica, para que sea políticamente viable, requerirá necesariamente la aceptación legitimadora de la población, y ésta sólo se logra a partir de la construcción progresiva de consensos sobre su necesidad y conveniencia, o en otras palabras, la construcción de un acuerdo nacional que la involucre.

Un nuevo acuerdo nacional, para que tenga viabilidad política más allá del corto plazo, no puede ser impuesto por una persona, un grupo, un gobierno o una parcialidad política, sean quienes sean. De ser así, ya no sería un “acuerdo” sino una imposición, y ninguna imposición al final funciona.

Para que acordemos de verdad un nuevo y viable proyecto nacional de país, en el que nos sintamos todos identificados y del cual todos formemos parte, es imprescindible que los sectores sociales organizados y los partidos políticos nacionales hagan acto de presencia en la actual coyuntura, y no se deje la resolución de este proceso solamente en manos de dos actores, como hasta ahora. Sólo un acuerdo nacional amplio permitiría contar con el apoyo y participación activa de la población y de los principales actores nacionales, garantizaría un nivel adecuado y revisable de inclusión social al no dejar por fuera a los sectores más vulnerables, y sería más estable y sostenible en el tiempo porque no dependería exclusivamente de los intereses de dominio de solo unos pocos actores de poder.

Cualquier proyecto nacional que no sea amplio, construido con la participación de los sectores sociales organizados del país, será siempre el proyecto de “alguien”, pero no de todos. Y lo que es todavía más importante, no va a funcionar, en el sentido que no va a servir para viabilizar una transición política a la democracia. Porque si no recoge los consensos de quienes formamos a Venezuela -es decir, todos- no será nunca un proyecto viable.

La historia nos enseña que los países que han intentado cruzar el umbral del autoritarismo a la democracia sin construir un amplio consenso social y político han terminado atrapados en el abismo de la inestabilidad o retrocediendo hacia el autoritarismo que se intentó dejar atrás. La transición a la democracia no es un simple cambio de gobierno o de actores políticos. Es una reconstrucción del tejido nacional, y esa obra no puede levantarse sobre los intereses de un solo actor.

Para que una transición sea exitosa, duradera y legítima, se requiere un pacto fundamental que actúe como un «puente» sobre el barranco del pasado.

¿Por qué es tan crucial lograr este acuerdo, sobre la base de la búsqueda de entendimientos y consensos mínimos? En primer lugar, porque una transición es, por definición, un momento de máxima fragilidad institucional. Las viejas reglas van colapsando y las nuevas aún no terminan de aparecer. En este vacío, cualquier evento impredecible o hasta azaroso puede provocar consecuencias indeseables para todos. Un acuerdo amplio entre sectores sociales organizados (sindicatos, universidades, Iglesia, ONG, empresarios, estudiantes) y partidos políticos (de oposición y de gobierno) actúa como un cortafuegos, garantizando que, a pesar de las diferencias, nadie empujará el sistema al borde del precipicio para ganar una ventaja táctica.

En segundo lugar, un acuerdo político es esencial para la reconciliación social. Un régimen autoritario en decadencia deja una sociedad fracturada, con víctimas y verdugos, con miedos y rencores enquistados. El acuerdo político debe ir acompañado de un relato común o, al menos, de un compromiso de mirar hacia adelante sin olvidar la justicia. No se trata de imponer el olvido, sino de canalizar el dolor hacia la construcción de garantías de «nunca más». Y esto requiere la participación de todos los sectores sociales, desde las asociaciones de víctimas hasta los jueces, pasando por los educadores y los medios de comunicación.

Por último, un acuerdo de amplio espectro otorga legitimidad y estabilidad a las nuevas reglas del juego. Cuando la Constitución o las leyes fundamentales que emergen de una transición son fruto de una mayoría abrumadora —y no de la imposición de un solo actor—, estas adquieren un carácter sagrado para la ciudadanía. Se convierten en la «casa de todos», y no en la trinchera de unos pocos.

La transición a la democracia es el parto de una nueva nación. Y como en todo parto, el proceso es doloroso y requiere del cuidado y el consenso de todos los que esperan al otro lado. Sin un amplio acuerdo político y social, lo que nace puede ser frágil, enfermizo o, simplemente, no sobrevivir. Por eso, el momento que vivimos exige lo mejor de nosotros como nación. De hecho, la historia nos juzgará no por nuestros deseos, sino por la grandeza e inteligencia de nuestros acuerdos compartidos.