Ley que agilice proceso es vulnerable a bloqueo por parte del Poder Judicial

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) incluye en su hoja de ruta para adelantar el cambio de gobierno un referéndum que revoque el mandato del presidente Nicolás Maduro.

Para que esto sea realmente efectivo, la consulta debe realizarse antes del 10 de enero de 2017. De lo contrario, habrán pasado cuatro años del período de Maduro, y no se llamaría a elecciones de inmediato. En vez de eso, el vicepresidente (actualmente Aristóbulo Istúriz) completará los dos años restantes del mandato.

En la MUD están conscientes de esta condición, como lo han manifestado varios de sus voceros. Ante la posibilidad de que el chavismo use su hegemonía sobre el Consejo Nacional Electoral para poner trabas que retrasen la activación de la consulta, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional prevé aprobar una Ley de Referéndum que agilice el proceso.

Esta legislación es, en realidad, una deuda pendiente de las legislaturas anteriores. Desde la aprobación de la Carta Magna de 1999, se suponía que la Asamblea redactara una ley que detalle el procedimiento para las consultas populares. Sin embargo, las sucesivas mayorías oficialistas en el Parlamento nunca lo hicieron. El CNE desarrolló un reglamento por su cuenta, señalado por algunos como oneroso.

Ahora la AN retoma el proyecto de ley. Pero como ha pasado con todas las iniciativas de la bancada opositora que no cuentan con el consentimiento de la minoría chavista, esta última podría amenazar con exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare la inconstitucionalidad del proyecto. Al bloque oficialista no le sería difícil “olvidar” que de sus propias filas emergió la propuesta de una ley para las consultas populares, y esgrimir el argumento de que la oposición pretende valerse de la AN para usurpar funciones del CNE.

De esta forma podría verse frustrado el plan de la MUD de evitar que el organismo comicial bloquee hasta 2017 el llamado a referéndum. Por ese ángulo, este mecanismo para el cambio de gobierno tiene la misma vulnerabilidad que la enmienda.

Extraído de: Descifrado