Elsa Cardozo

En días recientes Andrés Manuel López Obrador, en una de sus “mañaneras” ha vuelto a proponer lo que él mismo y otros mandatarios latinoamericanos ya han dicho antes: que desaparezca la OEA. Nicolás Maduro lo ha secundado añadiendo las añejas descalificaciones propias del discurso cubano y un “nos fuimos para siempre y no pensamos volver”. Mientras tanto, también se intenta la reactivación de foros alternativos creados entre la primera y segunda década de este siglo, como es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unasur.

Entre lo uno y lo otro, desde Colombia, Gustavo Petro ha insistido repetidas veces en el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero lo viene promoviendo con alcances políticos que conviene analizar. Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva ha convocado para el próximo 30 de mayo una Cumbre de Presidentes Suramericanos en Brasilia. Esta cita tiene como trasfondo la persistente visión brasileña de un espacio geopolítico suramericano, que también genera recelos y merece atención.

En todo esto se juega el modo de concebir no solo el orden regional y sus reglas, sino su ubicación y relaciones con el resto del mundo, que no termina en Estados Unidos pero comienza por ahí. Políticamente, vistas las motivaciones de quienes descalifican a la OEA y proponen su reinterpretación o  eliminación, cabe preguntarse y procurar responder, ¿cómo quedan la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia? Centrémonos por lo pronto en la propuesta de Petro y en la de acercamiento suramericano que impulsa Lula desde Brasilia.

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En algunas noticias sobre el discurso de Gustavo Petro ante el Consejo Permanente de la OEA pronunciado el pasado 19 de abril, se hablaba de que el Presidente de Colombia proponía modificar la Carta Democrática de la OEA. En realidad, su propuesta es asumir como Carta Democrática la que él considera como tal, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Ese es el compromiso que propone ampliar, el de “los derechos individuales liberales, que habla de libre expresión y que habla del voto secreto, que habla de los derechos políticos”, según abunda su discurso en la OEA. Significativamente,  buena parte de ese discurso fue incorporado al que pronunció días después al instalar la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político Venezolano. Pese a lo valioso del apoyo a este régimen supranacional de protección de los derechos humanos –del que el propio Petro reconoce haber sido beneficiario– su elaboración discursiva revela un serio retroceso en materia de protección de la democracia y el Estado de derecho.

Para comenzar, su planteamiento deja de lado a la Carta Democrática Interamericana acordada hemisféricamente en 2001.  Con ello da la espalda al avance que esa confluencia hemisférica supuso: como respuesta multilateral ante rupturas del orden constitucional, incluyendo a las provocadas por gobiernos democráticamente elegidos. Mientras la Carta Democrática Interamericana precisaba elementos esenciales de la democracia, Petro habla para Latinoamérica de “una democracia que (…) no es propiamente occidental, porque estamos cruzados por las culturas y los vientos de la diversidad de la humanidad del mundo”.

Es desde esas referencias que el presidente colombiano sostiene que Pedro Castillo sigue siendo el legítimo presidente de Perú alegando que ha sido privado de los derechos políticos que le consagraría la Carta Democrática que propone Petro. En su argumentación deja por fuera las decisiones y decretos con los que Castillo anunció el toque de queda, la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la instalación de un gobierno de excepción.

En tiempos en los que ganan espacio iniciativas iliberales y ambiciones autocráticas, son de preocuparse tanto la idea de renombrar a la Convención Americana como Carta Democrática –con las propuestas y ambivalencias que lo rodean–, como el encuadre de la crisis peruana. Así se alienta la regresión en los compromisos hemisféricos de protección de la democracia, su consideración como derecho de los ciudadanos y la disolución de los derechos humanos individuales en derechos colectivos o difusos, mientras se privilegia a la seguridad y los derechos del gobierno.  Sobran razones para que esa posición sea vista con enorme recelo en la propia Colombia y entre los demócratas latinoamericanos.

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En cuanto a Brasil, la necesidad de lidiar con demandas sociales crecientes y acordar soluciones en un país polarizado y sin la mayoría parlamentaria de otros tiempos no parecen haber limitado, sino más bien alentado en el gobierno de Lula, el propósito de “recuperar la política exterior activa y altiva que nos elevó a la condición de protagonista global”. Así fue enunciado en el plan de gobierno formalmente presentado para las elecciones de 2022 cuya breve presentación  de la visión internacional, vincula la defensa de la soberanía a la seguridad y la integración regional. De allí el interés en fortalecer el Mercosur, el retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños así como a la Unión de Naciones Suramericanas.

En ese espíritu, tras las iniciativas para limar asperezas en el Mercosur y el regreso a la Celac, a finales de mayo está por reunirse en Brasilia una Cumbre Presidencial Suramericana cuya convocatoria habla de dar impulso a la integración regional. Le han antecedido, aparte de la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, las propuestas de ampliación de la Comunidad Andina y retorno de Venezuela hechas por Gustavo Petro. También ha sido propuesto el retorno de Venezuela al Mercosur, acuerdo del que fue suspendida en agosto de 2017 por la ruptura del orden constitucional que significó la elección e instalación de la Asamblea Constituyente. Esa iniciativa fue más cuidadosamente presentada por los presidentes de  Argentina y Brasil  en enero pasado, como “disposición de trabajar constructivamente para el futuro regreso de Venezuela”, junto a la expresa referencia al protocolo democrático del Mercosur y, seguramente, la memoria de muchos otros incumplimientos del gobierno venezolano. También entonces Lula da Silva y Alberto Fernández, anunciaban el inicio de contactos presidenciales para el relanzamiento de la Unasur.

Aunque la breve nota de prensa  que difundió a comienzos de mayo la convocatoria de la cita en Brasilia no menciona la reanimación o recreación de la Unión de Naciones Suramericanas, viene precedida por las decisiones de reincorporación de  Argentina y Brasil.  La primera, había sido anunciada en marzo en un foro del Grupo de Puebla por el presidente Alberto Fernández. Lo hizo en compañía de Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Samper, José L. Rodríguez Zapatero, es decir, entre las personalidades más asociadas a la deriva de la Unasur, entre su creación y su abandono. El retorno de Argentina fue oficializado en abril cuando también lo hizo la cancillería de Brasil. 

Ahora, valga recordar que la reunión del 30 de mayo tiene antecedentes en otras iniciativas brasileñas, incluida la que se materializó en la creación de la Unasur en 2008. Esta también tuvo su origen en la convocatoria de la Primera Cumbre de Presidentes Suramericanos por el gobierno de Fernando H. Cardoso en el año 2000. La intención era ampliar el Mercosur buscando la confluencia con la Comunidad Andina. A ese encuentro  siguieron otros dos, en  Guayaquil y en Cusco donde en  2004 fue creada la Comunidad Suramericana de Naciones. En 2008 fue formalizada en Brasilia su institucionalidad inicial como Unión de Naciones Suramericanas. Diez años después, comenzaron los retiros de Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú. Luego vinieron los de Ecuador y Uruguay. Sólo se quedaron Bolivia, Guyana, Venezuela y Surinam, cierto que sin organización, reuniones, Secretario General ni sede.

También hay que volver a recordar que el final de la Unasur no solo se debió a los cambios de gobiernos al moverse el péndulo político regional al centro y la derecha, o a la invención de otro foro a la medida, de limitada vida, como ha sido Prosur. A la amplitud de propósitos, acompañada por la multiplicación de instancias, falta de coherencia y de seguimiento de los proyectos, se sumó en lo procedimental la regla de unanimidad que se transformó en generalizado poder de veto. El desgaste y las inconformidades (incluso en Brasil bajo el gobierno de Dilma Rousseff) se hizo cada vez más visible durante la secretaría de Ernesto Samper por sus iniciativas inconsultas, o solo consultadas con algunos miembros, cada vez más con Venezuela. Al final, ni siquiera fue posible el acuerdo regional para designar un nuevo secretario general.

En lo sustantivo, hay al menos tres temas sobre los cuales –no por casualidad– guarda silencio la carta a todos los mandatarios de la región suscrita el año pasado por un grupo de expresidentes, excancilleres y exministros, junto con académicos y exembajadores suramericanos, que alentaban la reactivación de la Unasur. Es el silencio muy propio del lema, repetido una y otra vez en el reciente encuentro de la Celac: “unidad más allá de las ideologías”. Lema que, antes que pluralismo, ha cobijado en el pasado y se asoma en algunas propuestas recientes como un acuerdo de mínimos denominadores y pobres compromisos sobre democracia, elecciones y derechos humanos. En efecto, la Unasur con su protocolo democrático, se centró en la protección de los gobiernos. Al lado de la mención de la observación electoral, el Estatuto del Consejo Electoral de la Unasur abrió espacio a la limitadísima figura del acompañamiento electoral. En cuanto a los derechos humanos, estuvieron poco presentes salvo en enunciados generales como los del Tratado Constitutivo sobre su respeto irrestricto –al lado de la plena vigencia de la democracia– como condición esencial “para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”.

Estos rasgos fueron los que entre 2014 y 2017 hicieron de la Unasur la única instancia regional aceptable por el gobierno de Nicolás Maduro en momentos de crisis políticas y procesos electorales. Ahora, el interés en reactivar un espacio suramericano más o menos institucionalizado se produce en condiciones nacionales y regionales de mayor diversidad, incertidumbres en gobernabilidad y pragmatismo en lo geopolítico y económico, lo que tiende a debilitar los compromisos democráticos y a relativizar la protección de los derechos humanos. Esa es la sombra que se proyecta sobre la Cumbre en Brasilia y que también se asomó en la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá.

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El desplazamiento de la OEA y el abandono de su compromiso democrático y sistema de protección de derechos humanos viene ocurriendo hace varios años, y no cuesta relacionarlo con las tendencias iliberales y las abiertamente autocráticas que se vienen manifestando en nuestro hemisferio. Al lado de la valoración central del principio de no injerencia se encuentra la tendencia a considerar que sobre la condición democrática y de protección de los derechos humanos en cada país, solo a su gobierno corresponde decir y hacer.

Finalmente, aparte de explorar y advertir lo enorme del desafío autoritario en su impulso  global de desplazamiento, descalificación y reinterpretación del orden y las reglas internacionales, es necesario hacer útil el análisis para volver sobre las virtudes y fortalezas democráticas y sobre la valoración de los derechos humanos. Es, precisamente, lo que los gobernantes autoritarios o próximos a ellos temen: por eso necesitan protegerse y, si es posible aislarse.  Por eso difunden sus propias versiones no solo sobre seguridad y desarrollo sino, cada vez más, sobre democracia y derechos humanos.