Eglé Iturbe

Un poco de historia

Durante los años de la democracia representativa (1958-1998), se contó con una Administración pública de calidad, porque en los primeros años del gobierno de Rómulo Betancourt , a partir de 1958  se hicieron grandes esfuerzos para  crear una administración pública de calidad. Se creó CORDIPLAN (1959) como oficina asesora del presidente de la República; se dictaron las Leyes de la Función Pública , Ley de Carrera  Administrativa y Ley Orgánica de la Administración Pública.

Apoyados en estos marcos legales se configuró un equipo de Gobierno integrado por pocos ministros y los presidentes y gerentes de las empresas del Estado existentes en esos momentos. Con pocos ministros de calidad, responsables de las políticas de sus sectores y con gran autonomía en su gestión; se seleccionaban sin fines políticos, pero estaban en contacto permanente con el presidente de la República. Su responsabilidad fundamental era definir las políticas públicas para cada sector con coherencia entre los distintos sectores, y se crearon grupos de trabajo interministerial

A partir de 1999, con la llegada del gobierno revolucionario, la Administración pública se ha deshecho, se han incrementado el número de ministerios, de 16 a más de 30, de los institutos autónomos, las empresas públicas por la política de expropiaciones, y se cambiaron las condiciones de la misma con la nueva Constitución aprobada en el 2000, la cual  convirtió la democracia representativa, en democracia participativa.

El gobierno revolucionario en lugar de definir políticas crea una nueva organización para resolver el problema y así el empleo público ha pasado de menos de 800 mil personas a más de 3 millones estimado; porque se han dejado de publicar estadísticas de todas las actividades económicas y sociales del país. Se han debilitado todos los frentes de trabajo: los ministerios, el Banco Central, la industria petrolera y la calidad de la atención en los organismos oficiales, entre otros.

El gobierno revolucionario se caracteriza, y así se presenta, como un gobierno cívico-militar, pero es al revés, militar- cívico, porque los militares están al frente de los sectores productivos y de servicios públicos, y en la gerencia de gran número de empresas públicas, contribuyendo al deterioro de la calidad de las políticas públicas, porque no saben gerenciar, sino mandar.

Otra característica del gobierno revolucionario es la poca duración de  los ministros en el cargo, alrededor de año medio ,con pocas excepciones  (Rafael Ramírez, en Petróleo, Ricardo Meneses en Planificación y el general Vladimir Padrino en Defensa), lo cual no permite definir e instrumentar políticas públicas.  Adicional a lo anterior se ha devaluado el papel del ministro con la creación de vicepresidentes sectoriales que deben rendir cuenta el ministro y se ha creado un doble Consejo de Ministros: uno donde solo van los viceministros sectoriales y otro donde se incorporan los ministros para las decisiones operativas. Todo el poder está concentrado en la cúpula gobernante, a veces los ministros no saben de políticas que se aprueban para su sector y son presentadas por Nicolás Maduro

Se selecciona el personal por dos criterios, la pertenencia al PSUV y la lealtad al gobierno, pasando por encima de los concursos de ingreso, las credenciales de cada candidato y la experiencia para el cargo, lo cual genera la indefinición en algunos campos o las materias que debe conocer el funcionario. Tampoco hay programas de entrenamiento adecuados. Hay muchas otras cosas que podríamos decir pero no caben en este artículo que va dirigido a mostrar cómo podemos recuperar lo que en estos 23 años se ha destruido.

Qué hacer para reconstruir la Administración publica

Enfrentamos un proceso electoral cercano, con unas primarias para escoger un candidato de oposición que pueda ganar las elecciones de 2024, con un programa de gobierno que sea acordado entre todos los aspirantes y que en realidad se comprometan a cumplirlo. Hay una gran variedad de candidatos anotándose para las primarias y me pregunto, si todos ellos han pensado que este próximo gobierno es un gobierno de transición entre el autoritarismo y la democracia,  y que al que sea electo, le va a tocar construir un puente entre la situación actual y la deseada.

Una primera cosa que se debe decir para reflexión de los aspirantes a gobernar en este período es que gobernar no se improvisa, hay que tener muy clara la situación que sobrevendrá, las dificultades que se van a encontrar por la destrucción sin misericordia de la Administración pública, sin recursos adecuados y personal entrenado para estas luchas, y un partido de gobierno que no quiere dejar el poder y va a estar atrincherado para obstaculizar nuevas políticas democráticas.

El puente que se debe tender para cruzar este charco debe apoyarse en tres cosas básicas: apoyo verdadero a la democracia, Estado de derecho y capacidad estatal.  Esto significa para la Administración pública que se debe tener muy claro el diagnóstico de sus condiciones, que se consideren oportunidades y limitaciones, lo cual debe ser parte del Acuerdo Nacional que se logre en las primarias, donde haya claridad en la situación actual y unidad de propósitos para poder avanzar, involucrando el compromiso de todos los actores políticos y sociales, y de la sociedad civil. El acuerdo debe incluir además de la defensa de la democracia y la libertad individual que garantice calidad de vida a todos los ciudadanos, un compromiso para crear capacidad estatal a través de la reposición de las leyes que orientan la acertada selección de los equipos de gobierno, para lograr la recuperación de la capacidad productiva.

Pero no estamos solos. Estamos inmersos en un universo que se mueve entre el entorno nacional y es cada vez más influido por el entorno internacional y el entorno institucional, de modo que el equipo de gobierno para la transición debe tener muy claro estos tres espacios.  Debe tener unidad de propósitos, claridad de objetivos con mirada al futuro, porque el tiempo para la transición es corto y no se puede improvisar, se deben asumir pocas tareas con equipos preparados, sin ambición de permanencia y con el apoyo de todos los actores políticos; porque será necesario negociar con actores del gobierno saliente e incluso incorporar parte de ellos, aunque es necesario lograr un cambio de actores y de relaciones de poder.

También puede ser necesario apoyo internacional para definir algunas áreas de acción, que permitan lograr financiamiento, apoyo técnico y apoyo de un plan de vuelta a la patria para la diáspora, se puede necesitar en campos específicos como salud, educación y algunos sectores productivos, en especial el petrolero, en el de la investigación, la industria, el agro y el turismo.

En resumen, podemos decir que se necesita  un Acuerdo Nacional para la Administración pública.  Una visión integral de las políticas públicas. Establecer prioridades para abordar las reformas y gradualidad en la aplicación del proceso, sin olvidar el criterio social.

El Acuerdo Nacional debe involucrar a los candidatos a las primarias, a productores y empresarios, trabajadores, y políticos y sociedad civil. A cada uno le corresponderá un rol particular en el Acuerdo orientado a su sector y a su integridad. Para cada equipo se debe diseñar un conjunto de ideas que deberán ser discutidas.

Además de los anterior, el Gobierno de transición debe abordar tres tareas adicionales: 1- Tratar de solventar la crisis económica y social que vive el país en especial en salud y educación, 2- avanzar en la restitución de la gobernabilidad mediante el cambio de actores y reglas del sistema, y 3- iniciar el diseño de una nueva estructura de la administración pública, acorde a los objetivos del desarrollo para ofrecerla a los candidatos de las próximas elecciones.

Algunas propuestas concretas para la recuperación de la  Administración pública

La recuperación de la administración de Venezuela va a llevarse como mínimo el tiempo del Gobierno de transición porque es necesario realizar tareas concretas en las áreas que señalamos a continuación:

• Reconstruir un marco legal que apoye las actividades para tener una nueva estructura que se dedique a definir y aplicar políticas públicas.
• Simplificar la estructura administrativa de la Administración pública reduciendo el tamaño de la misma,  empezando por eliminar a los siete vicepresidentes sectoriales y a la vez reducir los más de 30 ministerios a la mitad, porque no hay necesidad de tener cuatro ministros en el área agrícola (agricultura urbana, agricultura productiva y tierras, pesca y acuicultura,  y alimentación), dos en el área de ecosocialismo (atención a las aguas y ecosocialismo), tres en Educación (educación, educación universitaria, y Ciencia y tecnología), tres en infraestructura (transporte, vivienda y hábitat, y obras públicas), entre otros.
• Evitar nombrar dos personas para un mismo cargo, como en Petróleo se hizo con Rafael Ramírez, ministro y presidente de PDVSA, y con Tarek El Aissami la misma cosa, lo cual generó la crisis de corrupción develada recientemente. Otro caso, el de nombrar a una misma persona para varios cargos, se registra con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que ocupa además el cargo de ministro de Economía y Finanzas
• Deben retirarse de la administración pública los militares al frente de ministerios, gerencia de empresas públicas y cargos de dirección, porque los ministros no están preparados para gerenciar, han sido formados para defender el país y deben volver a su actividad propia. La excepción sería el ministro de Defensa, aunque también puede ser un civil.
• Se deben retomar los concursos para los cargos y no emplear por solidaridad partidista y apoyo al gobierno como se hace actualmente. Todo funcionario público debe llenar los requisitos para el cargo que es requerido.
• La presentación de balance personal a la Contraloría General de la República, debe ser un requisito que se debe cumplir, al ingresar al cargo y al retirarse del mismo.
• Las remuneraciones de los funcionarios públicos deben formar parte de una tabla pública y diferenciada por cargos, con las respectivas bonificaciones por rango,  y proceder a su modificación cuando las circunstancias lo requieran.
• Evitar los cambios frecuentes de altos funcionarios como ministros porque eso genera inestabilidad y dificulta el diseño de políticas públicas coherentes. Al cambiar el ministro se cambian casi siempre todos los directores del despacho con la consecuencia de volver a empezar de cero a diseñar políticas públicas.
• Es importante mantener reuniones periódicas con los sindicatos, los gremios privados y las ONG vinculadas a las finanzas públicas y ministerios de la producción para ir calibrando la aceptación de las políticas o recibir sugerencias para su diseño.
• Crear y mantener gabinetes sectoriales para discutir las políticas que se van a plantear para las áreas productivas y sociales, de manera que las políticas que se adopten sean coherentes y posibles de aplicar. Puede mantenerse un gabinete sectorial para lo económico-financiero, otro para lo social, donde participe el ministro de Hacienda para que se sepa si hay recursos para los proyectos que allí se discutan, antes de llevarlos al Consejo de Ministros.
• El Consejo de Ministros debe retomar la forma anterior, todos los ministros tienen que ser miembros del Consejo, junto con el presidente y vicepresidente, y allí, en esa instancia, discutir políticas públicas de todos los sectores. Puede tenerse también un gabinete de Infraestructura y otro de Política Internacional, por la situación mundial que estamos enfrentados.

 Este    conjunto   de  sugerencias puede ser de mucha utilidad para la reconstrucción de la Administración pública, que debe hacerse por etapas, porque no es posible resolver todo en un mismo momento. El Gobierno de transición debe preparar los elementos básicos para esa transición y sería conveniente nombrar una comisión interministerial que vaya trabajando sobre los distintos aspectos.