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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala presentó el 21 de julio un recurso contra el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad. El documento interpuesto ante la máxima autoridad judicial del país se hizo con el objetivo de garantizar el desarrollo de las elecciones generales.

La denuncia, que además de la Fiscalía incluye a ocho funcionarios, señala que hay una «amenaza cierta, futura e inminente» de que las autoridades acusadas «vulneren» el Estado de derecho. Bajo ese argumento, el tribunal hizo un llamado a que se garantice el ejercicio de sus funciones como uno de los órganos competentes del ámbito electoral.

Otra de las razones de la denuncia fue el segundo allanamiento de las instalaciones del TSE por miembros de la Fiscalía el miércoles 20 de julio. Funcionarios del Ministerio Público, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, extrajeron un expediente de una representante del tribunal durante el operativo.

Entre los principales acusados, están los ministros de Relaciones Interiores, Defensa y Finanzas, David Barrientos, Henry Reyes y Edwin Martínez. También la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, el procurador general, Wuelmer Gómez y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano. Además, el procurador de los derechos humanos, José Córdova.

El próximo 20 de agosto está pautado el balotaje electoral por la presidencia y, desde el 12 de julio, la Fiscalía ha intentado cancelar al partido Movimiento Semilla, representado por Bernardo Arévalo de León. El fiscal, Rafael Curruchiche, acusó a la organización y al político de incorporar firmas falsas al proceso de inscripción del partido en 2018.

Ante esa acusación, el juez Freddy Orellana ordenó la cancelación del movimiento, pero el 13 de julio la Corte de Constitucionalidad amparó a Semilla y a su representante. Si Arévalo de León y su partido no son cancelados hasta el día 20 del próximo mes, competirá en la segunda vuelta de las elecciones contra la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la actuación de la Fiscalía como un «intento por desconocer la voluntad electoral». Además, especificó en su informe que «se ha puesto en riesgo la democracia» de Guatemala.