Polítika UCAB

La cantidad de detenidos en El Salvador desde marzo de 2022 superó las 71.770 personas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, actualizó la cifra el pasado 24 de julio durante una entrevista en un canal nacional. En paralelo, organizaciones civiles han denunciado que, al menos, 5.490 individuos han sufrido violaciones a sus derechos humanos durante las detenciones.

Villatoro aseguró que las colaboraciones con otros países han sido importantes para detener pandilleros. Explicó que las fuerzas de seguridad de El Salvador tienen una «comunicación directa» con sus similares de Belice, Estados Unidos, Guatemala, México y otros países de Norteamérica y Centroamérica, para coordinar la captura de criminales que han huido a otros países.

De acuerdo con el ministro, esa colaboración entre países ha derivado en las detención de 30 personas en Guatemala, «más de 15» en Belice, cinco en Honduras y aproximadamente tres en Costa Rica. También precisó que, entre los detenidos a nivel general, hay 1.100 líderes de las pandillas y agregó que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cuya capacidad es para 40.000 detenidos, ya tienen 12.500.

En lo que respecta a la actualidad política y social de El Salvador, el pasado 11 de julio la Asamblea Legislativa aprobó la decimosexta prórroga de 30 días para el estado de excepción. Mientras tanto, instituciones como el Servicio Social Pasionista (Spass) han denunciado que, por lo menos, 5.490 personas han sido «víctimas directas» de violaciones a sus derechos humanos bajo el régimen de emergencia.

Aparte de las organizaciones nacionales, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han expresado su preocupación.

«La suspensión de garantías es un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común», sentenció la CIDH en un comunicado dirigido al Gobierno de Nayib Bukele. Además, enfatizó en que las garantías y protecciones judiciales deben ser «aseguradas», así como también «el trato digno» a toda persona bajo custodia estatal.

Entre otros asuntos políticos, Bukele hizo oficial su candidatura a inicios de julio y optará a la reelección en las elecciones de 2024. Este anuncio surgió en medio de críticas de organizaciones y juristas salvadoreños por la presunta inconstitucionalidad de una resolución que habilita al mandatario a ser reelegido.