Trino Márquez

El tema relacionado con las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que en ocasiones sale del centro de los reflectores, siempre  gravita en la agenda pública. El Gobierno no pierde oportunidad de atribuirles la responsabilidad de todos sus errores y fracasos, aunque la conexión causal con esos yerros no exista. 

La destrucción de Pdvsa comenzó cuando Hugo Chávez decidió, en el ya lejano 2002, despedir al personal profesional y técnico más calificado de la industria para sustituirlo por militantes del PSUV, que no eran evaluados con criterios meritocráticos, sino  por su lealtad incondicional al partido. Desde esa época la industria petrolera entró en declive hasta llegar al ocaso en el que se encuentra en la actualidad. La asistencia técnica de los iraníes, ¡y hasta de los cubanos!, no ha sido suficiente para detener el declive de una industria que provocaba la envidia de los países petroleros. Las sanciones nada tienen que ver con  ese desplome, iniciado mucho antes de que se hablara de penas contra los gobernantes venezolanos.

La erosión de la industria nacional y la destrucción del empresariado, y también de la clase obrera, hay que entenderla como parte de la venganza del comandante Chávez contra los empresarios y sindicatos que participaron en los sucesos del 11 de abril, cuando Chávez estuvo algunas horas fuera de Miraflores, hace casi un cuarto de siglo. Al poco tiempo de haber ocurrido esos acontecimientos, los precios internacionales del crudo comenzaron a escalar hasta encaramarse por encima de los cien dólares el barril. Chávez pensó que el crecimiento de China y la India permitiría el aumento de los precios de forma indefinida. La economía nacional se convirtió, por un lado, en una actividad de puertos porque la mayor parte de los bienes se importaban; y en una actividad estatizada debido a que Chávez, con todos los petrodólares que le ingresaban al país, creía que podía acabar con la propiedad privada y la iniciativa particular, sustituyéndolas por empresas administradas por comisarios del Gobierno. Centenas de industrias y empresas de servicios, hatos y haciendas pasaron a manos del régimen. El resultado de ese asalto a los activos de la nación en manos particulares lo padecemos desde hace muchos años. Las sanciones no guardan ninguna relación con el deterioro de la actividad industrial y comercial.

El menoscabo de los servicios públicos –electricidad, agua potable, educación, salud y transporte, tampoco está conectado con las sanciones. Las fortunas amasadas alrededor del negocio de la electricidad por personas vinculadas al régimen, son ampliamente conocidas.

Lo que ocurre es que Maduro utiliza las sanciones para tratar de ocultar la ineficacia, desidia y corrupción del Gobierno, y más recientemente, para justificar la decisión de no convocar un proceso electoral transparente  que  permita el cambio de Gobierno de forma democrática, pacífica y constitucional, como establece la Carta del 99. Las sanciones operan como un señuelo. El control de los medios de comunicación que posee el régimen, especialmente en el interior del país, ha logrado convencer a un segmento de la población de la inconveniencia e inutilidad de las sanciones. Los permanentes mensajes a través de la amplia red de medios informativos de los que dispone Maduro, han logrado que la gente le retire el apoyo a las sanciones. Hoy, de acuerdo con distintas encuestadoras, el respaldo popular es sensiblemente menor que en 2021. 

El tema no es sencillo de abordar para la oposición porque  no se trata de un problema económico, sino político, con una vertiente interna y, sobre todo, una vertiente enlazada con el exterior. La complejidad del asunto se refleja en el debate reciente suscitado por las repetidas declaraciones de Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y Adán Celis, el nuevo presidente de Fedecamaras, quienes abogan porque las sanciones sean levantadas de forma inmediata.

Quienes exigen el levantamiento de las sanciones deberían saber que esa penalidad es consecuencia de la violación sistemática de los principios democráticos por parte del régimen. No son producto de una antipatía especial que genere Maduro en los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. En México, Honduras, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, se instalaron gobiernos de izquierda en los años recientes. Todos, con sus respectivos matices, triunfaron en procesos electorales verificados por la comunidad internacional. Ninguno ha sido sancionado o amenazado por sus tendencias ideológicas. 

Venezuela, Nicaragua y Cuba constituyen la excepción. Sobre esos regímenes se ha tendido un cerco sanitario porque los tres desconocen la Carta Democrática Interamericana (CDI) y los principios democráticos establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Un valor esencial de la comunidad internacional es el acatamiento a la soberanía popular expresada en las urnas electorales, con procesos comiciales transparentes y equilibrados y gobiernos alternativos. Todos principios conectados con la posibilidad de que los pueblos elijan sin presiones a sus gobernantes y la decisión sea acatada por quienes detentan el poder.  El régimen de Maduro pretende que las sanciones se suspendan sin modificar ni un ápice su comportamiento antidemocrático. Quiere unas elecciones libres, ‘pero libre de sanciones’. Inaceptable.

@trinomarquezc