Tomada de Voz de América

Benigno Alarcón Deza

Luego de incumplir el Acuerdo de Barbados y conformar su propia mesa de negociación, el gobierno estableció el 28 de julio como fecha para la elección presidencial y a través del CNE anunció un cronograma electoral que no cumple con las garantías mínimas exigidas para una elección libre, justa y competitiva, aunque podría servirle a determinados actores locales y foráneos que desean pasar la página de las sanciones. Bajo esta premisa, el gobierno busca mantenerse en el poder y normalizar las relaciones con el mundo.

En todo caso, en términos electorales existe un cronograma formal para unas elecciones que se realizarán en un plazo menor de seis meses, 145 días para ser exactos, en el que se contemplan 90 actividades dentro de todo el proceso para este tipo de comicios.

Hay que destacar que dado que el plazo para la postulación es inmediato, del 21 al 25 de marzo -y que casualmente son previos al inicio de la Semana Santa-, deben tomarse decisiones en el muy corto tiempo con respecto a la inscripción de la candidatura de la oposición.

El periodo para el Registro Electoral (RE) también es estrecho: del 18 de marzo al 16 de abril. El principal problema tiene que ver con los 4,5 millones de personas que están inscritas en el RE y están en el exterior, pero que tendrán que actualizar sus datos; luego están los 2,5 millones de venezolanos rezagados mayores de 18 años que no están inscritos, divididos entre quienes están fuera y dentro del país.  A esto se suman las personas que han migrado internamente y que tampoco han actualizado sus datos de ubicación.

No se observa disposición de abrir muchos centros de inscripción, especialmente en el exterior. En los países donde hay consulados abiertos, se trata de mantener una baja expectativa porque el gobierno está consciente de que los nuevos votantes no van a favorecer a su candidatura.

De manera que suplir ese déficit en el RE es improbable, por no decir imposible, en tan corto tiempo. Para ello se requeriría de un operativo con una campaña bastante fuerte y no hay recursos ni manera de llegar a la población con un mensaje en ese sentido, tomando en cuenta las limitaciones de los medios de comunicación, producto de la censura.

A nivel internacional, si el gobierno estuviera interesado en atender ese tema, tendría que hacer un despliegue importante en países como Colombia, Perú y Chile, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos. En Estados Unidos, donde hay unos 550 mil venezolanos censados, no se podría hacer nada puesto que no existe sede consular.

Adicionalmente, el período fijado para la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, también representa una restricción importante. Los candidatos y los partidos tendrán menos de un mes para dar a conocer sus propuestas.

Uno de los aspectos clave para garantizar la integridad electoral es la observación internacional, para lo cual los plazos tampoco son los indicados. La invitación a los observadores internacionales se acaba de hacer este jueves 7 de marzo, incluyéndose a la CELAC, CARICOM, La Unión Interamericana de Organismos Electorales, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Africana, La Unión Europea y el Centro Carter “siempre que cumplan con la normativa constitucional y legal”. Se insiste en que, de este modo, “el CNE acoge las propuestas suscritas en el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición, el 17 de octubre de 2023, y el Acuerdo de Caracas, el 28 de febrero de 2024”, en un evidente intento por justificar y legitimar las decisiones relacionadas con la próxima elección presidencial.

La realidad es que muy pocos de los organismos mencionados tienen los recursos, humanos y materiales, la experticia y la experiencia necesaria para constituir una verdadera misión de observación electoral. Quizás haya la posibilidad de contar con alguna misión, pero no en la dimensión y condiciones que se requiere para una elección de esta magnitud. Tales misiones, si llegan, lo que depende del gobierno y de alcanzar los acuerdos operativos necesarios con el CNE, no van a poder estar en las etapas preliminares del proceso.

La máxima oportunidad y el escenario suicida de la oposición

Una de las razones por las cuales el gobierno decidió acortar los lapsos es para no estar mucho tiempo en campaña. Quieren pasar esa página pronto porque Maduro no logra repuntar, lo que quedó claro en la totalidad de los estudios de opinión y en los procesos de movilización intentados durante los últimos meses. Entre esta y la próxima semana la atención y el debate se concentrará en la suerte que correrá la candidatura de María Corina Machado ante un cronograma electoral que establece que la presentación de postulaciones se hará entre el 21 y el 25 de marzo, o sea un proceso que cierra en doce días, mientras la admisión o el rechazo de postulaciones ocurrirá durante el inicio de la Semana Santa.

Luego de la Primaria, que concluyó con el triunfo arrollador de María Corina Machado (MCM), los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se han concentrado en la campaña. Particularmente la líder opositora está haciendo un esfuerzo importante para conformar su comando y los comanditos y ha realizado visitas a diferentes regiones del país. Y después de los anuncios del cronograma por parte del CNE ha dicho que llegará hasta el final para inscribir su candidatura y lograr elecciones libres.

Pero dado el corto plazo para que se presente su candidatura, diversos sectores han planteado que debe designarse un sustituto debido a que el gobierno no dará marcha atrás a la inhabilitación. En cualquier caso, la estrategia unánime es mantenerse en la ruta electoral, con MCM o con quien esta designe si no puede inscribirse.

Si por alguna razón derivada de negociaciones y presión ciudadana llegara a inscribirse, Machado ganaría de calle la elección. Pero si no es posible, ¿qué pasaría?

Por ahora hay una oportunidad importante para Machado, que no puede ser desechada porque estaría dilapidando su liderazgo y capital político. Y muchos, del lado del gobierno y algunos desde una oposición acomodaticia a los intereses del gobierno, están apostando justamente a ello.

La oportunidad está en que si no se puede inscribir, pueda darse una transferencia de su apoyo a través del voto. Por ahora, lo que dicen las encuestas, es que ese poder de transferencia estaría funcionando si, y solo si, es ella, haciendo uso de su liderazgo, quien hace la designación de su representante, que es distinto a ser sustituida. El atributo esperanzador de cambio que representa Machado está vivo y no puede sustituirse en un liderazgo que no se identifique y sea representativo de su mensaje y proyecto, pero habrá que ver hasta dónde los partidos de la PUD logran entender que es ahí en donde radica hoy su base de apoyo y su poder.

Desde el punto de vista de las percepciones, si Machado pierde el atributo de ser quien lidera a las grandes mayorías que reclamen un cambio político, y de continuar siendo la potenciadora de la esperanza, las cosas podrían cambiar en detrimento de la misma oposición. En este sentido, las actuales acciones del gobierno apuntan a sembrar la desesperanza manteniendo la inhabilitación, para que se perciba que todo está perdido, que no hay nada que hacer, pero hasta ahora, según las mediciones más recientes, no han logrado aún destruir la esperanza de cambio.

Las investigaciones indican que Machado tiene una capacidad muy importante de endoso, especialmente si se trata de una figura desconocida, que no sea una candidatura vinculada a los intentos del pasado, pero cercana a ella, que no se diferencie de ella, sino que la represente legítimamente y permita a María Corina continuar liderando, seguir siendo el motor del proceso, porque el liderazgo es algo que no se puede inhabilitar. En otras palabras, alguien que la represente, y no que la sustituya. Ello, además de mantener abierta la posibilidad de incluir su postulación hasta el 18 de julio, si la presión sobre el gobierno se vuelve inmanejable para este, pero aun en caso contrario podrían mantenerse altas las esperanzas de un cambio político si María Corina Machado se mantiene activa y hace uso de su liderazgo para movilizar al país en favor de quien la representa en el proceso.

Otro aspecto muy importante, en favor de esta estrategia es que hasta el día de hoy los intentos del gobierno por dividir los apoyos en la oposición no han funcionado, y de mantenerse esto no habrá fragmentación del voto opositor, ya que en las encuestas prácticamente no sale ningún otro candidato distinto a María Corina Machado. En este sentido, hoy la unidad de la oposición depende, principalmente, de que se mantenga la unidad en torno a María Corina Machado, y el desafío para ella y la Plataforma Unitaria, es mantener y cuidar ese liderazgo, que constituye hoy el capital político sobre el que se sustenta la esperanza y las posibilidades reales de éxito en la próxima elección presidencial.

La gente espera que María Corina ejerza el liderazgo, pero también quiere participar electoralmente y no pareciera dispuesta a apoyar un boicot, porque al fin y al cabo la elección tendrá lugar. Si se llamase a un boicot electoral nuevamente, como algunos ya han insinuado, esto dividiría irremediablemente a la oposición, generándose un daño irreversible, pero si hay una candidatura que la represente, y que sea designada por ella, con las características antes explicadas, es factible endosarle la casi totalidad de los votos que obtendría Machado. Pero si ese candidato o candidata designada no está completamente asociado a la imagen y propuesta de Machado, la posibilidad de endoso desaparece, al tiempo que aumentarían los niveles de abstención y fragmentación del voto opositor. El escenario ideal para el gobierno: divide et impera.

En un escenario distinto, si María Corina Machado, haciendo uso de su liderazgo y siguiendo esta lógica, designa a su representante a la candidatura mientras la Plataforma Unitaria elige a otro distinto, estaríamos ante un “escenario suicida” para la Plataforma Unitaria y los partidos políticos de la oposición que podrían terminar con las manos vacías.

El suicidio del gobierno

Evidentemente, en un escenario como los descritos es posible que el gobierno decida inhabilitar a cualquier persona que pueda desafiar electoralmente al gobierno, comenzando por cualquier opción que represente y cuente con el total apoyo de María Corina Machado y la PUD en los términos sugeridos.

El problema para el gobierno es que, de ocurrir una nueva inhabilitación, o cualquier otro evento que impida que un nuevo candidato propuesto por María Corina Machado y la PUD no pueda inscribirse, estaría destruyendo la legitimidad de su propia elección, aumentando exponencialmente el riesgo de una escalada de conflicto interna, así como de la presión interna e internacional, comprometiendo seriamente la gobernabilidad futura de todo el sistema y la normalización de sus relaciones con el sistema internacional.

En otras palabras, tendría, en el mejor de los casos, una elección inútil a los fines de legitimar a Maduro, que no le resolverá los problemas que le generó la del 2018, y por el contrario podría terminar aumentándolos dramáticamente.

Aunque en algunos sectores se crea que ya el gobierno logró su objetivo de cuadrar el tablero de juego para “ganar” la elección presidencial de esta año, el juego no termina hasta que termina, y este juego político está aún lejos de haber terminado, especialmente por el hartazgo de la población que se demuestra cada vez que Maduro llama a movilizarse para votar, como sucedió en el referéndum sobre el Esequibo, o a manifestarse como sucedió hace quince días cuando se trancó la ciudad para conmemorar la declaración anti-imperialista de Chávez, y por una creciente aspiración de cambio que prevalece y la existencia de un liderazgo que hoy encarna esa necesidad.

A otros sectores como los empresarios, la iglesia y la comunidad internacional, lejos de adoptar una actitud conformista: “porque aquí no habrá cambio y hay que normalizar las relaciones” o “continuar haciendo negocios”, les corresponde actuar en consonancia con principios que son universales y que serán la regla por la que sus actitudes de hoy serán evaluadas en el futuro, para, desde una actitud más cónsona, exigir el respeto a las reglas del juego democrático y acompañar un proceso que sin la participación de la candidata elegida en una primaria por la oposición, nunca podrá ser calificado como libre y democrático y que, en el mejor de los casos, tendrá grandes déficits de integridad electoral, pero que representa una oportunidad de cambio bajo condiciones que pueden producir un stunning election.