Benigno Alarcón Deza

El pasado lunes 25 de marzo, día de cierre de las postulaciones para las elecciones presidenciales, el gobierno logró varias cosas: dividir nuevamente a la oposición, sembrar la duda entre la gente sobre la unidad opositora y, lo más importante, impedir la postulación de Corina Yoris, representante de María Corina Machado para la elección presidencial, así como imponer a candidatos “potables”, o sea cooptados. Esto le garantizaría la reelección sin mayores inconvenientes, aunque no necesariamente le sirva para lograr su legitimación. 

Ese día se produjo una discusión muy álgida en el seno de la Plataforma Unitaria sobre quién sería postulado en la tarjeta de la MUD y quién iría en la de Un Nuevo Tiempo (UNT), que fueron las dos que permitió el gobierno a la oposición. Las personas que controlaban la inscripción de los candidatos para estas tarjetas decían que el sistema no les permitía entrar. Allí se propuso enviar una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar una prórroga de tres días, no solo justificada por el aspecto técnico sino también por otros problemas. El CNE respondió que el problema lo tenían los partidos opositores, no el organismo comicial, y generó incertidumbre sobre si las claves funcionaban o no, o si era que alguien estaba jugando en contra de María Corina Machado. 

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ante la imposibilidad de inscribir a Corina Yoris, trató de convencer a María Corina Machado de inscribir a otra persona provisionalmente. Ella dijo que mantendría como su candidata a Corina Yoris. Sin embargo, no se negó a que los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) debatieran sobre otras opciones para preservar la tarjeta de la Unidad, por lo que se abría la posibilidad de que de encontrarse otra opción que reuniera los criterios, sobre todo el de la confianza, habría disposición a acompañarla. Luego Machado se retiró de la reunión y hubo clara mayoría de partidos, al menos 7 de los 10 que conforman la PUD que estarían de acuerdo en postular a Omar Barboza, secretario de la Unidad. Minutos después, sorpresivamente, los rumores que habrían circulado todo el día se materializaron y se conoció que Manuel Rosales (UNT), presentó su postulación pasando por encima de la Plataforma Unitaria, mientras Omar Barboza rechazaba la propuesta de inscribirse como candidato sustituible por la tarjeta de la MUD. Rosales en su defensa argumentó la necesidad de evitar que la oposición no pudiera presentar una candidatura, dejándole el terreno libre a Maduro. Poco después, el CNE anunció una prórroga de 12 horas para postular con la tarjeta de la MUD.

En la misma madrugada Omar Barboza y el responsable de procesar la inscripción del candidato, José Luis Cartaya, lograron que Edmundo González, presidente del partido Mesa de la Unidad Democrática, aceptara ser inscrito como candidato tapa. Sin embargo, dicha decisión de la MUD no fue consultada con los partidos políticos de la PUD, y mucho menos con María Corina Machado. Esto generó malestar y desconfianza entre los partidos porque muchos de ellos no sabían del juego adelantado de Rosales, ni tampoco de la designación de González como candidato de la MUD. 

Esta acción originó un importante conflicto entre los partidos de la PUD, en donde unos tres partidos opinan que hay que levantar la mano de Rosales porque tiene más oportunidad de ganar (Un Nuevo Tiempo, la Acción Democrática de Henry Ramos y Movimiento por Venezuela, el partido presidido por Simón Calzadilla que ha venido apoyando a Andrés Caleca). Pero en estos momentos, después de Maduro, quien tiene más rechazo en la población –tanto en lo personal como por su gestión- es precisamente Manuel Rosales, por lo que en relación con los otros partidos, hay cinco que no acompañan al gobernador del Zulia: Vente Venezuela, que no es parte de la MUD, Voluntad Popular, La Causa R, Convergencia y Encuentro Ciudadano, mientras otros tres deshojan la margarita en medio de las diferencias de posiciones a lo interno: Primero Justicia, COPEI y Proyecto Venezuela. 

Ante tal circunstancia, María Corina Machado, que mantiene activo a su equipo de campaña, así como los comanditos, ha dicho que su candidata sigue siendo Corina Yoris, y sigue con una ventaja abrumadora en el proceso electoral.

Ahora, ¿qué pasaría si no se logra negociar la inscripción de Corina Yoris o, en el mejor de los casos, la habilitación de María Corina Machado, candidata electa en primarias de la oposición? ¿Se mantendría Edmundo González como candidato de la MUD? Es difícil porque al parecer no es su intención, no goza del apoyo de ninguno de los bandos enfrentados en la MUD, que nunca aprobaron su inscripción y lo ven solo como un candidato-tapa mientras se resuelve el conflicto, y, además, seguramente el gobierno permitió su inscripción pensando que luego la MUD le daría su apoyo a Rosales o, en todo caso, a otro candidato considerado “potable”. El CNE podría dejar correr la tarjeta de la MUD hasta el 20 de abril, fecha tope para la sustitución de candidatos con efecto en el nombre que aparece en la pantalla de la máquina de votación. 

Hay quienes advierten que, si al final se cierran las posibilidades de María Corina Machado y/o de Corina Yoris de inscribirse por la MUD, habría que pensar si se apoya a Rosales. Porque si la oposición mayoritaria no lo apoya, sería acusada de abstencionista. Pero si lo apoya, se corre el riesgo de que esa elección se pierda por el alto nivel de rechazo a Rosales o por sus compromisos previamente adquiridos con el gobierno de Maduro. En otras palabras, en el caso de que el caudal de votos opositor se vuelque favorablemente hacia Rosales, como la alternativa de la oposición, surgen dudas sobre su disposición a luchar por los resultados de la elección.

El escenario de apoyo a María Corina a Rosales no es un escenario tan sencillo como algunos quieren hacer parecer. El apoyo a Rosales hoy tiene costos políticos para quien lo haga, por su alto nivel de rechazo, incluso para María Corina Machado, que sería duramente cuestionada por sus seguidores más firmes, que difícilmente atenderían a un llamado a apoyar al gobernador del Zulia, poniéndose en riesgo el capital político que le dio el contundente triunfo de la Primaria.

Consecuencias: más migración y presión internacional

Aunque el gobierno pareciera estar dispuesto a controlar el proceso electoral haciendo caso omiso de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, el objetivo final de legitimarse con esta elección difícilmente se alcanzaría. El cronograma establecido por el CNE con tiempos tan cortos para hacer una elección presidencial justa y competitiva, los pocos centros de Registro Electoral en el país y la no apertura de los mismos fuera de Venezuela, así como las trabas para la inscripción de candidatos, han generado una respuesta internacional que no ha sido la que esperaba el gobierno. Especialmente de países aliados como Brasil y Colombia.

El primer comunicado firmado por siete países: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, expresó serias dudas sobre “la integridad y transparencia de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela” ante la imposibilidad de la inscripción de las candidaturas con mayor apoyo en la oposición, como es el caso de María Corina Machado, con motivo de la inhabilitación, y de su representante, Corina Yoris. 

Impedir que los candidatos de la oposición participen en la votación podría socavar la confianza de la comunidad internacional, advirtió el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado que sorprendió al gobierno. Posición similar asumió Brasil al señalar que se debe respetar lo establecido en el Acuerdo de Barbados y promover el diálogo, los derechos políticos y las garantías electorales en Venezuela. A esta exigencia también se sumó la Unión Europea. Tales pronunciamientos fueron considerados por parte del gobierno venezolano como injerencia externa. Incluso Maduro llegó a expresar temor ante la posibilidad de que se conforme otro “Grupo de Lima”. Lo cierto es que no permitir la inscripción de la candidata opositora ni de su representante, así como los informes y condenas sobre la escalada de violencia política en Venezuela durante las sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, le han venido generando importantes costos al oficialismo. 

Uno de los aspectos que ha causado mayor temor a nivel internacional es el impacto que podría tener una reelección de Maduro. Diversos estudios apuntan a que habrá un repunte importante del flujo migratorio venezolano, que contempla una salida de 300 mil venezolanos del país entre los próximos meses de junio y julio, y que podría alcanzar a unos tres millones durante el próximo año si no ocurre un cambio político en Venezuela. De hecho, algunos informes indican que en Roraima –estado brasileño fronterizo- se están preparando refugios para enfrentar esta nueva oleada. Eso mismo debe estar pasando al norte de Santander (Colombia), Ecuador y otros países que están conscientes de esa realidad.

Sin competencia, no hay gasto

Tradicionalmente, los procesos electorales impulsan la economía porque hay mucho dinero invertido en las campañas. En el caso de que sea el presidente quien busque su reelección, se espera que lance mucho dinero a la calle para generar sensación de prosperidad. Pero ese no parece ser el caso en esta oportunidad.

En estos momentos, en términos económicos lo que se esperaba de recuperación está muy lejos de las estimaciones iniciales. Se observa un gobierno sin disposición de gastar demasiado, al punto que a esta fecha no hay erogación de un gasto significativo, lo que indica que no se trata de una elección competitiva. 

El gobierno se ha concentrado en programas muy específicos, de apoyo a las mujeres, créditos a los pescadores, fondo regional de transporte para los motorizados. Es decir, hacer aportes simbólicos a sectores que pudieran contribuir con algunos votos.

Por otra parte, por primera vez se observa preocupación entre las empresas petroleras con respecto a la posibilidad de que podría venir un cambio en las sanciones que tenga un impacto importante en su operatividad y en el flujo de caja del gobierno.

Pero el gran problema es que seguir con una economía estancada, que no tiene capacidad para crecer con un gobierno aislado, no reconocido internacionalmente, nos lleva a un escenario similar al que siguió a la elección presidencial de 2018. Las severas fallas en los servicios públicos, especialmente en el sistema eléctrico, genera un serio impacto en la calidad de vida y en lo económico.  Y un gobierno que no ve peligro, no tiene necesidad de aumentar el gasto. Aun teniendo recursos, la decisión política es no hacerlo, posiblemente por un esperado incremento de las sanciones tras la elección presidencial.

En conclusión…

Si la oposición quiere mantenerse en la ruta electoral, deberá ser más estratégica y no hacer las cosas sobre la marcha. El país merece que la dirigencia transmita la confianza de que está preparada para cada uno de los eventos por venir. El gobierno inscribió a los que quiso inscribir, a aquellos aspirantes cooptados que se han vuelto altamente dependientes del gobierno nacional y que responden a incentivos político-clientelares.

Pero también se debe trabajar hacia lo interno, aprovechando la clara mayoría opositora que existe hoy en día, e intentar evitar fracturas irreparables en la coalición unitaria. En ese sentido, Manuel Rosales, con su inscripción tras bastidores, se convirtió en el gran elemento de división de la Unidad, al contrario de lo que muchos esperaban fuese el caso con María Corina Machado. A todo evento, ambos actores tienen una gran responsabilidad y eso requiere mucho pulso e inteligencia para dificultarle al gobierno uno de sus grandes propósitos estratégicos: dividir a la oposición democrática para seguir gobernando. 

La comunidad internacional, que esta semana ha sido clara en torno a las maniobras del gobierno, tiene un rol determinante para seguir presionando. Los países latinoamericanos y Estados Unidos saben el impacto que podría tener una reelección de Maduro en la seguridad y estabilidad del hemisferio, comenzando por el problema más obvio, la diáspora venezolana que se ha convertido en la segunda más importante después de la de Siria, país sumido en una guerra civil desde hace más de una década.