El panorama político nacional sigue siendo muy complejo. Persiste la indefinición de la candidatura opositora que ha reabierto confrontaciones en su seno tras la inscripción de Rosales con el apoyo de tres de los diez partidos de la Plataforma Unitaria. Existen expectativas en torno al tipo de sanciones que pudiera activar la comunidad internacional, que insiste en el cumplimiento de lo negociado en Qatar y Barbados. Los días 2 y 3 de abril estuvo en Caracas Andreas Motzfeldt Kravik, secretario de Estado del Reino de Noruega, para reunirse con representantes de la oposición, la sociedad civil y los coordinadores de los equipos de negociación que representan al oficialismo y a la oposición, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente, en un intento por reactiva la facilitación de un diálogo que no da señales de vida. Además, hubo importantes pronunciamientos de voceros de Estados Unidos y líderes de América Latina y Europa en rechazo a lo ocurrido con las postulaciones, algo que Miraflores no esperaba

Benigno Alarcón Deza

Si bien el gobierno no da señales de ceder para que haya comicios presidenciales competitivos, las negociaciones aún tratan de mejorar las posibilidades. “No hay muchas esperanzas para unas elecciones libres en Venezuela”, pero «todavía hay tiempo de cambiar de ruta”, reconoció el pasado martes 2 de abril el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.

Por su parte, el secretario de Estado de Noruega, Andrea Motsfeld Kravik, quien estuvo en Caracas a principios de la semana y se reunió con el canciller Iván Gil, los jefes de las delegaciones negociadoras, Jorge Rodríguez (gobierno) y Gerardo Blyde (oposición), dirigentes de la Plataforma Unitaria y con María Corina Machado, pareciera no haber logrado mayores avances. Al final, recalcó la importancia del cumplimiento del Acuerdo de Barbados en materia electoral y que se constituya la comisión de verificación y seguimiento de dicho convenio, lo que desde hace mucho es una tarea pendiente en la que no se ha podido seguir adelante.

Aunque EE. UU. ha estado evitando la renovación de sanciones ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno venezolano, pareciera inevitable la no renovación de la licencia 44, emitida el 18 de octubre de 2023 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que permite transacciones que involucren a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en los sectores del gas y el crudo. Asimismo, a partir del próximo 18 de abril podría venir un nuevo esquema de sanciones, que continuaría escalando después de la elección del 28 de julio, tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos si el régimen venezolano se mantiene en el poder.

Sobre este aspecto se vienen desarrollando dos estrategias de lobbying paralelas, en las que participan actores internos y externos. Una aboga por que se eliminen las sanciones como mecanismo de presión, un cabildeo que ha perdido fuerza ante los acontecimientos de restricciones electorales y actos de represión; y otra que considera que las sanciones siguen siendo una herramienta que genera impacto en determinados sectores del gobierno y que pudieran marcar la diferencia en momentos clave en estos meses electorales.

La candidatura opositora

Pero más allá de las negociaciones que se están desarrollando en diferentes niveles, la definición de la candidatura opositora concentra la mayor atención, dado el peso del liderazgo de María Corina Machado en la candidatura de Corina Yoris, no admitida hasta ahora, la inscripción a última hora de Manuel Rosales con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC), y la de Edmundo González Urrutia por la de la Unidad.

Sin que signifique un abandono de sus aspiraciones, Rosales pareciera estar reconsiderando la estrategia de imponer su candidatura usando la tarjeta de su partido, tras las fuertes críticas y el rechazo que ha recibido desde dentro y fuera de los partidos de la Unidad, aunque algunos sectores consideran que ante la imposibilidad de que Machado o Yoris sean candidatas, es el nombre que hay que apoyar.

Rosales llega a la candidatura con un rechazo muy alto, que facilitó su inscripción ante el organismo electoral controlado por el gobierno, y aparece como una figura que rompe con el acuerdo de la Unidad, lo que lo hace mucho más interesante como candidato de la oposición para el gobierno. En los partidos políticos hay mucho malestar. Tres partidos de la Plataforma Unitaria lo apoyan: su propio partido Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC), Movimiento por Venezuela (MPV) y Acción Democrática (AD). Mientras, en Primero Justicia (PJ) hay un debate que amenaza con generar importantes fracturas en lo interno entre el grupo liderado por Capriles-Tomás Guanipa, quienes están comprometidos con la candidatura de Rosales, y el resto de la cúpula partidista, entre los que destacan Borges, Mateus y Juan Pablo Guanipa, quienes defienden el acuerdo unitario en alianza con María Corina Machado. El resto de los seis partidos (Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, La Causa R, Encuentro Ciudadanos, COPEI y Convergencia) se mantienen fieles a lo que se negoció dentro de la Plataforma Unitaria, con la participación de Machado.

Mientras tanto, María Corina Machado ha dado dos mensajes clave: sigue en la ruta electoral, impulsando los comandos de campaña y los comanditos de base, lo que desvirtúa la tesis de que se inclinaría por la abstención, para mayor desgracia del gobierno; y ha dicho que su opción y la de Yoris siguen vigentes “hasta el final”, pues la Constitución establece que puede haber cambio de candidatura diez días antes de las elecciones.

Rechazo internacional a Maduro

Una reacción inesperada para el régimen ha sido la del rechazo internacional a la inhabilitación de María Corina Machado y a la prohibición de la postulación de la Dra. Corina Yoris. Sorprendió la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó de “golpe antidemocrático” la inhabilitación de la candidata electa en primarias. Como se sabe, al asumir la presidencia, Petro se mostró al principio como un aliado de Maduro, intentó dar un vuelco a la situación de Venezuela en el ámbito internacional y atraerla al sistema de la convención sobre derechos humanos.

Al presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, se le hizo difícil ignorar las decisiones del gobierno venezolano contra la postulación opositora, tomando en cuenta que públicamente le había dicho a Machado que dejara de llorar y buscara un sustituto, como lo hizo él en su oportunidad. Justamente ella designó una candidata y no la dejaron inscribirse, lo que a juicio de Lula no tiene explicación legal. A ello que hay que agregar las posiciones críticas de otros países como la del presidente Gabriel Boric (Chile), el vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el comunicado de siete países de América Latina exigiendo el respeto a los acuerdos de Barbados para unas elecciones competitivas en Venezuela.

A ello se agrega la reacción que ha generado la actitud del gobierno de Maduro en la controversia con Guyana, lo que provocó reacciones en contra por parte de naciones del Caribe y de la región, que ven a Venezuela como el país agresor de un país más pequeño. Una de las razones de la reacción de Lula está relacionada con este asunto.

En conclusión…

Frente a un escenario electoral plagado de incertidumbres, las organizaciones políticas opositoras tienen el reto de hacer su mayor esfuerzo por superar la crisis generada por las barreras para inscribir a los candidatos y la sorpresiva postulación de Manuel Rosales, de UNT. Mantener la unidad en la ruta electoral luce fundamental.

Por otra parte, les toca mantener abiertos todos los canales de comunicación con la comunidad internacional y los espacios de negociación, tomando en cuenta que se ha activado una reacción de defensa de elecciones libres y a la causa de la democracia venezolana.  Cultivar esos vínculos, hacerles difícil cambiar de opinión y llamar la atención de aquellos países que están callados, debe formar parte de la agenda internacional de la alianza democrática.

El seguimiento de la comunidad internacional es clave, no solo por los riesgos de un eventual uso del tema del Esequibo en el contexto electoral, sino también por su ayuda en los procesos de negociación y presión para lograr la democratización del país. Además de tener un interés directo por las implicaciones que tendría una nueva oleada migratoria en caso de que no ocurran los cambios políticos y económicos que más del 80% del país aspira. La situación en Venezuela no admite medias tintas ni existen posiciones intermedias y acomodaticias y que reaccionarán acusándonos de maniqueísmo: Es hora definir posiciones tanto para los actores internacionales como para los actores internos: ¿Estamos con Maduro o estamos con la Democracia?