Tomada de VOA

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un escrito con fecha del 22 de noviembre, en el que señaló el escaso avance en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

«Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos», señaló la OPCV en el texto dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI.

Recientemente, fue presentada una solicitud de recusación contra Khan por presuntos conflictos de intereses, por lo que la OPCV advierte que las víctimas siguen esperando justicia y tienen derecho a que los procedimientos avancen de manera rápida y justa. Aunque la investigación sobre Venezuela fue reanudada en junio de 2023, indican que no hay avances concretos para la apertura de un caso o penalizaciones contra los responsables.

«Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más», advirtió la oficina.

En el texto, se cuestiona que el Fiscal no haya adoptado una posición pública sobre las acusaciones en contra del Gobierno venezolano luego de las elecciones presidenciales. «Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares», sostiene la oficina.

«El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas las personas con discapacidad), lo que representa 10% del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, es una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad», alertó.