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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la eliminación de la financiación pública para partidos políticos, una práctica que formaba parte de la Constitución de ese país y que disponía dinero del Estado para impulsar campañas electorales.

La iniciativa, impulsada por el mandatario Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa liderada por su partido, Nuevas Ideas, recibió apoyo mayoritario del Congreso, según indicó la prensa local.

La Constitución salvadoreña, en su Artículo 210, disponía la deuda pública: «como un mecanismo de financiación para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

Desde el Ministerio de Hacienda se fijaba una subvención por cada voto recibido por parte de un partido político, se contemplaban aproximadamente seis dólares por cada voto en las últimas presidenciales; 3,2 dólares por cada voto en las legislativas y algo menos de 2,5 dólares por cada voto en las municipales.