Benigno Alarcón Deza 24.02.25

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó esta semana que las elecciones regionales (gobernadores y consejos legislativos estadales) y parlamentarias previstas para el 27 de abril fueron postergadas para el domingo 25 de mayo.

Más allá del cambio de fecha, sobre lo cual hay varias hipótesis, estas elecciones han generado un debate en el seno de la oposición, donde si bien ha prevalecido la tesis de no participar, dos de los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han insistido en presentarse, lo que implicaría una división, aunque parcial, dentro del sector que se opone al gobierno de Maduro.

Este miércoles, la Plataforma Unitaria finalmente emitió una declaración en la que indica que reconstruir la ruta electoral «pasa por la recuperación de condiciones políticas, institucionales y garantías electorales reales que permitan que cualquier convocatoria en materia electoral pueda reputarse como una verdadera elección».

La PUD consideraría participar en los comicios regionales y parlamentarios siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que textualmente se transcriben:

1. Que se inicie de manera inmediata una negociación formal y transparente, basada en el reconocimiento de la verdad del 28 de julio.

2. La liberación inmediata de todos los presos políticos, asilados en embajadas y exiliados, con plenas garantías para su regreso al país, así como el cese de la represión y la persecución de todos aquellos venezolanos que exigimos el respeto a los resultados electorales y la restitución plena de los derechos políticos. No más inhabilitaciones.

3. La libre disposición y uso de nuestro símbolo electoral, la tarjeta de la Unidad Democrática (la “tarjeta de la Manito”), conforme a sus normas y reglamentos.

4. También deben garantizarse las condiciones electorales por las que hemos venido luchando, incluyendo entre muchas otras, la existencia de un árbitro electoral confiable, que respete los resultados, así como la presencia de una observación internacional calificada.

Un nuevo relato

Para quienes defienden la tesis de no participar en la convocatoria del CNE, ahora reprogramada para el 25 de mayo, este evento puede convertirse en la gran oportunidad de desarrollar un mensaje que resuene en la población, enfocado en la falta de integridad electoral e insistir en el respeto de los resultados del 28 de julio para superar los problemas políticos, económicos y sociales que siguen agravándose.

Sobre la integridad electoral, si bien es cierto que la oposición en cada elección ha tenido que participar en condiciones cada vez más adversas, logrando el pasado 28 de julio el triunfo, según ha quedado documentado en las actas presentadas horas después de la elección, y como acaba de reafírmalo el Centro Carter en su informe final presentado esta semana, en esta oportunidad la situación es diferente, por lo ocurrido tras el anuncio del CNE en aquel momento y que generó la mayor pérdida de credibilidad, deteriorada desde hace mucho, del árbitro electoral.

El mismo Centro Carter sentenció: “Debido a la negativa inaudita del CNE a cumplir con la función más elemental de informar con precisión los resultados y a la abrumadora evidencia física de las actas de las mesas de votación recopiladas, el Centro Carter concluye que las elecciones de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”.

Hay quienes advierten que, como parte de la estrategia de un nuevo relato, siempre dentro de la perspectiva del propósito de transición democrática, se considera igualmente indispensable que el discurso del liderazgo evite incentivar las confrontaciones dentro de los factores opositores, especialmente porque una palabra clave imborrable en la narrativa es el concepto de Unidad, concepto que hoy en día debe ser fortalecido más allá de la alianza político partidista, con fines electorales, que representa la Plataforma Unitaria Democrática y la tarjeta de la MUD, y debe incluir a todos los actores de la vida nacional que hoy luchan por restaurar la libertad y democracia en Venezuela: la sociedad civil, las universidades, los estudiantes, las iglesias e incluso las instituciones del Estado en donde quede un resquicio de integridad.

Todos sabemos que el gobierno ya no tiene el apoyo del país, el gobierno es hoy una minoría, incluso más pequeña que los votos que obtuvo el 28 de julio. Todos sabemos que hay gente que se siente obligada a votar por el gobierno por prácticas como el voto asistido, o vota en la tarjeta del PSUV por miedo a represalias, porque creen que el voto no es secreto. Esta es una realidad que, como sucede con una represa cuando el caudal crece, presionará cada día más al gobierno, al mismo tiempo que el muro de contención se hace cada vez más frágil ante la evidencia de que los tiempos y la conciencia del país están cambiando, y estos cambios suelen ser indetenibles.

El rol de la Iglesia Católica

En este sentido, un actor clave, que aparece en las encuestas constantemente como una de las instituciones con mejor reputación y credibilidad, es la Iglesia. Después de mantener por un tiempo un bajo perfil, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un pronunciamiento, cuyo  encabezado fue “Constructores de Esperanza”, donde anuncia su disposición a jugar un rol más activo: “Para nosotros, pastores, resulta evidente que uno de los mayores anhelos del pueblo venezolano es reconocernos como partícipes de un mismo destino, vivir en paz y libertad”.

Advierten los obispos, acertadamente, que esto no será posible mientras no se resuelva la crisis política que hoy vive nuestro país, debido a la falta de publicación detallada de los resultados y los eventos ocurridos después de las elecciones del pasado 28 de julio.

En este escrito, resaltan que “si queremos vivir en una sociedad democrática, participativa y protagónica es necesario recuperar la primacía de la verdad y la justicia, de la dignidad de la persona y del bien común poniendo a un lado los intereses particulares o partidistas. Y, tal como lo establece la Constitución y las leyes, se debe respetar la soberanía popular expresada en el voto (cf. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 5), garantizar la participación política en igualdad de condiciones, la libertad de expresión plural y la legítima protesta. Se hace imprescindible que los organismos electorales den muestras claras de imparcialidad y transparencia”.

Este reto que se ha planteado la Conferencia Episcopal adquiere relevancia, tomando en cuenta que se trata de un actor que ha jugado un papel muy decisivo en procesos de transición política como los ocurridos en Chile, Polonia y Sudáfrica, entre otros.

La Iglesia católica asumió un rol significativo durante el régimen de Augusto Pinochet, especialmente en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una transición hacia la democracia. Tras el golpe de Estado en 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez convocó a diversas iglesias para formar el Comité Pro-Paz, que se encargó de ofrecer ayuda a las víctimas del régimen y abogar por los derechos humanos. Posteriormente, en 1976, estableció la Vicaría de la Solidaridad, un organismo que se convirtió en un pilar fundamental para documentar las violaciones a los derechos humanos, brindar asistencia legal y social a los perseguidos, y organizar la resistencia.

La Iglesia católica también jugó un papel protagónico en Polonia durante el movimiento Solidaridad en los años 80. El Papa Juan Pablo II apoyó abiertamente el movimiento sindical Solidaridad, lo que ayudó a legitimar las demandas de cambio político y a empoderar al pueblo. Esa lucha tomó como eslogan la frase “No tengáis miedo”, expresada por el Papa polaco,  tras su visita al país en 1979.  

Asimismo, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la transición democrática de Sudáfrica, actuando como mediadora entre las distintas facciones políticas y promoviendo el diálogo en un país profundamente dividido por el apartheid. Figuras religiosas como el arzobispo Desmond Tutu fueron fundamentales al denunciar las injusticias del régimen y alentar una solución pacífica basada en la reconciliación. La iglesia también brindó refugio a activistas, organizaron foros de discusión y fomentaron la participación cívica en el proceso de negociación que llevó a las elecciones de 1994. Su énfasis en el perdón y la justicia restaurativa influyó en la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, contribuyendo a la estabilidad y legitimidad del nuevo gobierno democrático liderado por Nelson Mandela.

La reciente declaración de la Conferencia Episcopal, y la actitud que asuma la Iglesia en Venezuela puede tener repercusiones políticas muy importantes de aquí en adelante, especialmente para preservar la esperanza y la unidad entre los sectores civiles, políticos, e incluso en el retorno de los actores institucionales al Estado de derecho. El gobierno lo sabe, y por ello el ataque inmediato de los voceros oficialistas al valiente comunicado del liderazgo de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Venezolana no expresó nada que el país no supiera, solo expresó de viva voz lo que otros no se han atrevido a decir por miedo, lo que no se puede callar ni ocultar porque está en la conciencia de todos.