Tomada de France 24

Tulio Ramírez 19.03.25

El gobierno de Trump ha lanzado una serie de órdenes ejecutivas para transformar las políticas migratorias y darle un vuelco a la ayuda humanitaria. Desde el 20 de enero ha emitido órdenes para suspender la entrada de personas indocumentadas, cancelar el uso de la aplicación móvil CBP One que, durante dos años, permitió a más de 936.500 solicitantes de asilo en territorio mexicano, también prohibió programar citas en los puertos de entrada fronterizos de Estados Unidos. Por otro lado, ha exigido a los diplomáticos estadounidenses negociar nuevos acuerdos sobre el “tercer país seguro.” Estos acuerdos obligarían a otros gobiernos a aceptar personas deportadas por los Estados Unidos. En este caso, los sujetos deportados tendrían que buscar asilo en el país receptor.

Estas decisiones que fueron tomadas bajo el argumento de “evitar la invasión de inmigrantes”, han afectado no solo a los venezolanos que han ingresado de manera ilegal a ese país, sino que también afectará a compatriotas que están amparados por figuras jurídicas que aseguraban su permanencia temporal en el norte.

Solo para conocer algunas cifras, para mediados de 2023 se contabilizan 486 mil venezolanos en situación ilegal, según las estimaciones del Instituto de Policía Migratoria (MPI). Para 2024 se estimaban unos 600 mil que estaban bajo el amparo del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y unos 117 mil que ingresaron a los Estados Unidos bajo la figura del parole humanitario. De tal manera que aproximadamente 1 millón 200 mil venezolanos estarían en peligro de ser deportados de mantenerse las medidas anunciadas.

Es común, y más en las actuales circunstancias, que se tienda a confundir el parole  humanitario y el TPS. Si bien, ambos programas migratorios ofrecen alivio temporal a personas extranjeras, tienen diferencias significativas en cuanto a su propósito, elegibilidad, duración y naturaleza. Trataremos, para efectos de una  mejor comprensión intentaremos establecer sus diferencias.

El parole humanitario tiene el propósito de permitir el ingreso o permanencia temporal en USA por razones humanitarias urgentes, por imposibilidad de regreso seguro al país de origen o por el particular beneficio para la nación del norte. Es un permiso discrecional otorgado caso por caso. En cuanto a su elegibilidad no se otorga por la nacionalidad del solicitante sino por sus circunstancias individuales y puede ser concedido a personas de cualquier país. Es un permiso de duración corta y no conduce a la residencia permanente.

Por su parte el TPS, es un programa migratorio que ofrece un estatus legal temporal a ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos y son oriundos de países “marcados” por los Estados Unidos como susceptibles de beneficiarse del programa. Tiene como propósito proteger a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a  conflictos armados, desastres naturales (como terremotos o huracanes) u otras circunstancias extraordinarias y temporales. A diferencia del parole humanitario, se otorga según la nacionalidad, ya que el gobierno norteamericano califica a los países como sujetos del TPS. Mientras esté vigente, protege de la deportación, pero no conduce a la residencia ni a la ciudadanía y su duración finaliza cuando el país sea desclasificado como susceptible a la aplicación del programa.

Ante la medida de la Casa Blanca, el Gobierno venezolano ha respondido, anunciando que no recibirá más compatriotas deportados, de acuerdo a algunos voceros gubernamentales, como represalia a la suspensión de las actividades comerciales en Venezuela por parte de la empresa Chevron, ordenada por el presidente Trump.

 Ahora bien, lo que agrava la situación de los venezolanos deportados es que algunos países de la región han negado toda posibilidad de aceptarlos en su territorio, como es el caso de Ecuador. En el caso de Panamá, si bien ha recibido deportados de diferentes nacionalidades, entre ellos venezolanos, los ha aislado en campamentos para luego servir de puente para tramitar su retorno a los países de origen o a los que quieran recibirlos. Al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, los venezolanos deben ser enviarlos a un tercer país, lo que complicaría su situación por ser traslados sobrevenidos y sin ninguna seguridad de encontrar condiciones mínimas para garantizar la subsistencia.

La deportación en esas condiciones es un problema grave, sin mencionar el impacto que tendrá en los países de la región que accedan a recibir a estos venezolanos. De ser considerados por la población del país huésped, como “visitantes no deseados”, se pueden potenciar reacciones xenofóbicas, las cuales lamentablemente han proliferado en varias naciones de Sudamérica. Es frecuente que en el imaginario popular la condición de “deportado” suele asociarse a conductas delictivas o mal comportamiento, algo que tampoco favorecerá a nuestros compatriotas.

La vida del migrante siempre ha sido muy dura y difícil, máxime cuando esta es forzada y no planificada. Lo sabemos porque fuimos país receptor de una gran ola migratoria después de culminada la 2da Guerra Mundial. Vimos llegar a nuestras costas a hombres y mujeres que huyeron de la pobreza y la persecución política, con solo una ilusión como equipaje. Sin embargo, los vimos integrarse a nuestra cultura sin perder la suya, los vimos crecer económicamente a fuerza de trabajo duro y los vimos dejar un legado que enriqueció desde todo punto de vista la venezolanidad. Todo eso fue posible, porque llegaron a un país solidario y abierto, un país sin complejos y sin arrogancias de ninguna naturaleza.

Esperemos que esos miles de venezolanos deportados a causa de los avatares políticos de los tiempos que vivimos, puedan volver al país más temprano que tarde. Claro está, seguramente lo harán una vez desaparezcan las causas que motivaron la decisión de convertirse en migrantes.