Tomada de El País

Esther Mobilia Diotaiuti

Las noticias que nos llegan a diario desde Estados Unidos nos demuestran cómo los venezolanos hemos jugado un rol tanto en la carrera electoral del 2024 como en los primeros meses de gobierno de Donald Trump. Y no escribo estas primeras líneas como un cumplido, sino con preocupación sobre cómo a lo largo de la historia las minorías siempre han jugado un papel determinante en la consolidación de ciertos gobiernos, atribuyéndoles además causas que explican, en alguna medida, los grandes problemas que afronta la sociedad y culpándolos de aspectos que no siempre están relacionados con su participación.

Sin subestimar las actividades delictivas del Tren de Aragua en los Estados Unidos, así como las denuncias de robo, extorsión, los actos de violencia y el resto de informaciones que recibimos a través de las redes sociales, en la versión oficial del Gobierno de los Estados Unidos, la migración ilegal, y de manera especial la migración de venezolanos, sean delincuentes o no, se ha convertido en uno de los problemas más grandes en términos de la política interior. En estos primeros meses de gobierno de Donald Trump, el intento de retomar la grandeza del pasado ha impulsado una política agresiva de deportaciones de migrantes, en donde los venezolanos han sido sistemáticamente protagonistas.

El instrumento que se ha empleado para ello es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, promulgada en los Estados Unidos hace 227 años, a propósito de los sucesos en el contexto de la Revolución Francesa y los enfrentamientos en el Atlántico y el Caribe entre las flotas norteamericanas y galas. Después de que Francia había apoyado a los Estados Unidos en su guerra de independencia, solo unos años antes de la toma de poder en París por parte de los revolucionarios, ambos Estados se distanciaron cuando se produjo el cambio político que llevó al derrocamiento del rey francés Luis XVI. Como consecuencia de ello, Estados Unidos tomó dos decisiones:  dejó de cancelar los préstamos que le habían otorgado los franceses en tiempos de su guerra de independencia y se alió con Gran Bretaña (su antiguo colonizador). De este acercamiento se produce la firma del Tratado Jay en 1794, en honor a John Jay, el diplomático norteamericano que llevó adelante las negociaciones, acordando cooperar en términos de comercio, navegación y apoyo mutuo ante potenciales agresores. Es en ese contexto del acercamiento británico-estadounidense que en Washington se promulga una ley para apresar a ciudadanos considerados enemigos en tiempos de guerra, tal como eran estimados los franceses, entre 1798 y 1800, durante lo que se conoce como la Guerra Franco-Estadounidense.

En otras palabras, las tensiones entre ambos Estados durante una guerra son el factor que detona las acciones. La idea es proteger  los intereses nacionales y rechazar la injerencia de los extranjeros, especialmente por la forma en cómo estos pueden afectar la estabilidad, comercio e integridad de estadounidenses y de sus bienes. Pero esta no sería la única vez que se aplicó. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sería empleada en 1812 para condenar a los ciudadanos británicos durante la Guerra Anglo-Estadounidense de ese año, momento en el que Estados Unidos intenta invadir los territorios británicos en Canadá, así como en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en rechazo a alemanes, austro-húngaros y turcos (miembros de la coalición rival) y en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en contra de italianos, japoneses y alemanes.

Visto con perspectiva histórica, esta ha sido una ley definida por la guerra y la participación de los Estados Unidos en diversas contiendas a lo largo del tiempo. En la actualidad, al emplear la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 se ha elevado al Tren de Aragua a la categoría de enemigo del Estado, la misma que tuvieron en sus respectivos momentos el ejército revolucionario francés, la Royal Army británica, las tropas del Segundo y Tercer Reich alemán, los ejércitos italiano y japonés. Tal como se establece en la Sección 1 de la Proclamación del presidente de los Estados Unidos, del 15 de marzo de 2025, a propósito de la Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en relación con la invasión de los Estados Unidos por parte del Tren De Aragua, queda claro que Washington considera a esta organización criminal como la encargada de llevar adelante una “invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos”[1].

La aspiración del gobierno de Donald Trump de reafirmar la grandeza de los Estados Unidos y de sentar las bases de una Pax MAGA a través de políticas coincidentes con los ideales de su partido y agenda personal, se apoya en la idea de que los venezolanos, especialmente los miembros de las organizaciones criminales, son enemigos de Estado. Quizá esta idea tuviera la resonancia del caso si no fuera porque ha habido denuncias de personas no vinculadas con el Tren de Aragua que han sufrido el mismo trato que los delincuentes. En el panorama sombrío que se le presenta a los venezolanos en estos tiempos, no pueden dejarse de lado las circunstancias que impulsaron la migración de miles de hombres y mujeres, y mucho menos justificar a los que decidieron entrar ilegalmente a los Estados Unidos pagando luego las consecuencias de su decisión. Sin embargo, resulta notable cómo una ley de más de dos siglos de antigüedad esté tan presente en nuestros días, afectando la política exterior venezolana y sus relaciones con Washington, y elevando al Tren de Aragua a la condición de una de las organizaciones más letales que haya existido.

¿Qué se escribirá en los libros de historia sobre estos hombres y mujeres? Solo el tiempo lo dirá.

[1] “Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua”, The White House, March 15, 2025, recuperado de: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/invocation-of-the-alien-enemies-act-regarding-the-invasion-of-the-united-states-by-tren-de-aragua/, fecha de consulta: 02 de abril de 2025. La traducción es nuestra.