
Tomada de France 24
Andrés Cañizález 30.07.25
En Venezuela, las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un momento crítico en la trayectoria de un sistema político ya profundamente erosionado por más de dos décadas de autoritarismo. En un contexto de represión, inhabilitaciones políticas y control institucional, estos comicios no solo consolidaron la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro, sino que dejaron en evidencia la falta de autonomía de poderes públicos que se suponían independientes, según lo dicta la Constitución vigente.
La campaña electoral para las presidenciales de 2024 se desarrolló en un entorno marcadamente asimétrico, donde el chavismo desplegó todo su aparato institucional para garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Desde la firma del Acuerdo de Barbados en 2023, que prometía garantías electorales, el gobierno violó sistemáticamente sus compromisos, bloqueando candidaturas opositoras y restringiendo la participación de votantes en el exterior. María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023, tuvo una inhabilitación no sólo ratificada sino extendida tras la consulta opositora, por parte de la Contraloría General, una decisión que el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, calificó como «una maniobra para neutralizar la principal amenaza al régimen».
Para Alarcón se presionó desde el ejecutivo para que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se dividiera, pero finalmente se logró consenso en designar como candidato a un exembajador desconocido hasta entonces, Edmundo González Urrutia. El candidato “tapa” fue inscrito el 25 de marzo de 2024. En la medida en que se desarrolló una campaña, aunque signada por presiones y obstáculos oficiales, la candidatura de González Urrutia se hizo favorita gracias al respaldo y empuje de María Corina Machado.
En esa campaña de 2024, el chavismo, por su parte, utilizó recursos estatales de manera desvergonzada. Según un informe de Transparencia Venezuela, el 70% de la propaganda electoral en medios públicos fue monopolizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La experta electoral venezolana Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, señaló que «el régimen no solo inclinó la cancha, sino que la convirtió en un campo minado para la oposición». La campaña de González Urrutia, apoyada por una oposición unificada en torno a la PUD, logró movilizar a amplios sectores a pesar de las trabas, pero la represión, incluyendo detenciones de activistas y empresarios que apoyaron logísticamente, marcó el tono de un proceso diseñado para favorecer al oficialismo.
Resultados oficiales del CNE: una narrativa cuestionada
El 29 de julio de 2024, un CNE obsecuente con el gobierno, proclamó reelecto a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. Estos resultados, anunciados sin la publicación de actas detalladas por mesa electoral, desataron inmediatas sospechas de fraude. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, afirmó que los resultados reflejaban «la voluntad del pueblo», pero la ausencia de datos desglosados y la negativa a permitir auditorías independientes, socavaron la credibilidad del proceso. La desaparición de la web institucional del CNE profundizó la desconfianza. Piero Trepiccione, subdirector del Centro Gumilla, afirmó entrevistado por TalCual que «la opacidad del CNE no es un error, es una estrategia deliberada para evitar cualquier escrutinio que revele inconsistencias». La falta de transparencia fue particularmente grave en un sistema electoral automatizado que, según expertos, debería permitir resultados verificables en horas.
La comunidad internacional reaccionó con escepticismo. Gobiernos izquierdistas como los de Brasil, Colombia y Chile, tradicionalmente cautelosos con el gobierno de Maduro, exigieron la publicación de las actas, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea calificaron los resultados de «no creíbles». El Centro Carter, una de las pocas organizaciones independientes acreditadas para observar el proceso, sostuvo que las elecciones no cumplieron con estándares democráticos mínimos. La narrativa oficial del CNE, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también afín al poder ejecutivo, se enfrentó a un rechazo generalizado, tanto interno como externo, consolidando la percepción de un fraude estructural.
En contraste con la opacidad del CNE, la oposición, liderada por María Corina Machado, presentó un conjunto de actas electorales que, aunque incompletas, representaban el 81,7% de las mesas de votación. Estas actas, recolectadas por miles de testigos organizados en «comanditos», mostraron una victoria contundente de Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. La plataforma digital permitió a los ciudadanos verificar los resultados con su cédula de identidad, un esfuerzo que, según Carmen Beatriz Fernández, «desnudó la inconsistencia estadística de los resultados oficiales». Las actas fueron validadas luego por el Centro Carter, así como por expertos de los medios estadounidenses The Washington Post y AP News, lo que reforzó su credibilidad frente a la narrativa oficial.
En su momento, Benigno Alarcón destacó la importancia de este esfuerzo opositor: «La oposición no solo desafió al régimen en las urnas, sino que creó un sistema paralelo de verificación que expuso la magnitud del fraude». El malestar ciudadano por la percepción del fraude activó diversas protestas espontáneas que fueron duramente reprimidas el 29, 30 y 31 de julio de 2024. La represión oficial de estas protestas que siguieron al anuncio del CNE, dejó al menos 24 muertos y más de 2.000 detenciones según Amnistía Internacional.
La estrategia de la oposición, aunque efectiva en documentar el fraude, no logró traducirse en un cambio político inmediato, evidenciando las limitaciones de enfrentar un régimen autoritario en un sistema electoral controlado. La académica colombiana Socorro Ramírez, largamente vinculada a los estudios binacionales colombo-venezolanos, cree que el 28J 2024 dejó en evidencia que “no habrá elecciones reales y democráticas bajo un régimen autoritario”. El poder “tolera que se vote, pero no que realmente se elija”, escribió en Razón Pública con una frase que sintetiza lo ocurrido: las elecciones presidenciales dejaron en evidencia no sólo el deseo de cambio sino la decisión oficial de acallar la voluntad popular.
Las elecciones del 28 de julio de 2024 no solo consolidaron el autoritarismo, sino que también representaron un punto de inflexión en la crisis política venezolana. La campaña, marcada por el ventajismo oficial y la represión, evidenció un sistema diseñado para perpetuar al poder establecido, sin chance para el cambio por vía electoral. Como señaló Alarcón, «el régimen ha cerrado todas las puertas a una transición pacífica, dejando a la oposición en un callejón sin salida». Distintos análisis coinciden en señalar que estas elecciones marcaron el colapso de la vía electoral, profundizando la desconfianza ciudadana y generando grietas en una ya debilitada oposición, sobre cuál es la estrategia a seguir.
Finalmente, en una lectura desde las comunidades electorales sobre la Venezuela posterior al 28J, el jesuita Robert Yency Rodríguez, director del Centro Gumilla, sostenía que “la resignación no es la postura que está marcando las dinámicas comunitarias en este tiempo post-elecciones del 28J. Porque no hay asimilación al suceso”. A su juicio lo que estaba ocurriendo entre los venezolanos era “todo lo contrario”, ya que “priva la resistencia y persistencia democrática”. En su observación como religioso, pero también como sociólogo escribía: “se siente frustración, incertidumbre y miedo; pero también deseo de cambio. Es un deseo herido que sigue latiendo, porque el deterioro de las condiciones de vida es tal, que lo nutren a diario”.
Fuentes:
Alarcón Deza, Benigno e Hidalgo, Manuel (2024). “Venezuela: la lógica de la supervivencia autocrática”. En: Revista de Ciencia Política. Vol. 44. N° 2. pp. 463-489. Versión en línea: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2024000200463&script=sci_arttext
Ramírez, Socorro (2025) “Las nuevas elecciones en Venezuela”. En Razón Pública. Versión en línea: https://razonpublica.com/las-nuevas-elecciones-venezuela/
Rodríguez, Robert Yency (2004). “El país después del 28J. Comunidades y sus dinámicas poselectorales”. En: SIC. N° 852. pp. 202-204.
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