La Unión Europea (UE) aprobó sanciones contra Israel por la guerra en la Franja de Gaza y propuso la suspensión parcial del acuerdo comercial que se traduce en un coste extra de 227 millones en aranceles. Se contempla además la suspensión de fondos aunque sin romper las relaciones comerciales, ello depende de la aprobación de la mayoría cualificada de los Veintisiete.

Se trata del principal pilar del paquete de medidas planteadas por el Ejecutivo comunitario, encabezado por Ursula von der Leyen, en respuesta a la crisis humanitaria en Gaza, un hecho calificado como «inaceptable».

La decisión plantea la suspensión de todas las disposiciones preferenciales para el comercio de bienes, servicios, competencia y contratación pública, algo que de acuerdo a fuentes comunitarias implica la suspensión de todas las ventajas de libre comercio y preferentes, aunque no afecta la circulación de capitales, puesto que el comercio seguirá fluyendo.

De acuerdo a los cálculos de la Comisión, el impacto económico de la suspensión parcial afectará al 37% de las exportaciones israelíes a la UE.