Tomada de Mission 21

Andrés Cañizález 08.10.25

Trece años después de su independencia, Sudán del Sur como nación autónoma permanece atrapada en un ciclo de inestabilidad política y represión que socava cualquier aspiración a la democracia. El país, nacido de décadas de conflicto con el norte sudanés, ha visto cómo sus instituciones iniciales se han desmoronado bajo el peso de la corrupción, la violencia étnica y la manipulación de los recursos naturales para favorecer a quienes detentan el poder.

Para los habitantes del sur de Sudán, separarse del norte fue un anhelo de muchos años. Tras lograrlo, sin embargo, en este nuevo país africano no se goza de libertad ni de bienestar. Indicadores internacionales como los de Freedom House y The Economist Intelligence Unit clasifican a Sudán del Sur consistentemente como uno de los regímenes menos democráticos del mundo, mientras que informes de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras documentan violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la libertad de expresión.

En medio de esta deriva autoritaria, el contexto económico –detallado en reportes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– revela una población empobrecida y vulnerable, dependiente de un petróleo que beneficia a pocos y agrava las divisiones internas.

El nacimiento de una nación

El surgimiento de Sudán del Sur como nación independiente se remonta a un proceso marcado por la lucha armada y la promesa de autodeterminación. Tras la independencia de Sudán del Reino Unido y Egipto en 1956, el sur –predominantemente nilótico y cristiano– se sintió marginado por el gobierno central en Jartum, dominado por élites árabes y musulmanas. Dos guerras civiles definieron esta tensión: la primera (1955-1972) dejó cientos de miles de muertos y terminó con un acuerdo de paz efímero; la segunda (1983-2005), liderada por el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), causó más de dos millones de fallecidos y desplazó a cuatro millones de personas, según organismos internacionales.

El Acuerdo Integral de Paz de 2005, mediado por Estados Unidos y la Unión Africana, otorgó autonomía al sur y programó un referéndum para 2011.El 9 de enero de 2011, con una participación del 97%, el 98,8% de los votantes sureños optaron por la secesión. El 9 de julio de ese año, Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo y el 193º miembro de la ONU. Salva Kiir Mayardit, líder del SPLM, asumió la presidencia en un acto de euforia colectiva. La capital provisional en Juba bullía de banderas y esperanzas de un futuro próspero, impulsado por vastas reservas de petróleo, el 75% de las que contaba todo el territorio de Sudán antes de que naciera la nación sur sudanesa.

Desde su nacimiento, Sudán del Sur no ha logrado consolidar un sistema democrático. En lugar de elecciones inclusivas, ha operado bajo un gobierno de transición dominado por Kiir Mayardit y su ex vicepresidente Riek Machar, cuya rivalidad étnica –dinka contra nuer– desató una guerra civil en diciembre de 2013. El conflicto, que duró hasta el Acuerdo de Paz de 2018, causó 383.000 muertes y desplazó a cuatro millones de personas.

El acuerdo creó un gobierno de unidad nacional, pero las elecciones prometidas para 2021 se pospusieron indefinidamente. En septiembre de 2024, las partes extendieron el período transitorio hasta febrero de 2027, aplazando los comicios a diciembre de 2026.

La democracia brilla por su ausencia

Sudán del Sur, en la práctica, salvo el referendo inicial para declarar su independencia, que fue organizado con apoyo de la comunidad internacional, desconoce el ejercicio democrático del voto.

Este retraso perpetúa un statu quo donde el poder se concentra en élites militares, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Freedom House, en su más reciente informe Freedom in the World, asigna a Sudán del Sur una puntuación de 3 sobre 100, la más baja posible junto a Corea del Norte.

El informe destaca la ausencia de elecciones, la corrupción rampante y la violencia contra civiles, periodistas y trabajadores humanitarios. «El país sufre de corrupción endémica y circunstancias económicas desesperadas», afirma el análisis de Freedom House. Esta evaluación refleja un declive global en libertades en un mundo en el que la democracia parece no estar de moda: Sudán del Sur está entre los 67 territorios «No Libres».

The Economist Intelligence Unit refuerza esta imagen en su Democracy Index 2024. Sudán del Sur ocupa el puesto 167 de 167 países evaluados, colocándose en la categoría de «régimen autoritario». El índice de la revista británica The Economist mide procesos electorales, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Amnistía Internacional, en su más reciente reporte anual, documenta abusos persistentes pese al Acuerdo de Paz de 2018. La ONU registró 157 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, afectando a 183 sobrevivientes –113 mujeres, 66 niñas y cuatro hombres– entre edades de 9 y 65 años.  Además, 84 violaciones graves contra 68 niños en contextos armados. La impunidad reina: un tribunal híbrido para juzgar atrocidades desde 2013 no se ha establecido, contraviniendo la Constitución de 2011 y tratados firmados con respaldo internacional.

En julio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a la Ley de Seguridad Nacional que amplía detenciones sin orden judicial, permitiendo al Servicio de Seguridad Nacional (NSS) arrestos indefinidos. La libertad de expresión sufre igual. Reporteros Sin Fronteras (RSF), en el World Press Freedom Index 2024, ubica a Sudán del Sur en el puesto 123 de 180.

Periodistas enfrentan detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos; en 2023, al menos tres murieron en ataques. RSF destaca que «las autoridades y grupos armados atacan sistemáticamente a periodistas durante protestas», y que el 75% de la población carece de acceso a información independiente.

Esto erosiona el debate público sobre corrupción. Sudán del Sur encabeza con 177 de un total de 180 países, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. El Banco Mundial, en un reporte dedicado a Sudán del Sur en diciembre pasado, reveló que la pobreza es endémica: el 82% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema (2,15 dólares diarios), y la vulnerabilidad es casi universal tras una década de declive económico.

De acuerdo con el Banco Mundial, bajo un sistema sin libertades, se ha acentuado la pobreza y la emergencia humanitaria. Nueve millones de personas, equivalente al 75 de la población, requieren asistencia humanitaria. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su proyección 2024/2025 prevé una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 30% y una inflación superior al 100% anual. La debacle económica también hace de las suyas en este país, que hace parte del llamado Cuerno de África.

Se trata de una región del noreste de África que incluye a Etiopía, Somalia, Eritrea, Yibuti, Kenia y Sudán y Sudán del Sur, y que es conocida por su situación de emergencia humanitaria, inseguridad alimentaria, conflictos armados y falta de democracia.

El petróleo, que genera el 90% de ingresos estatales, beneficia exclusivamente a élites. Estos ingresos también incentivan disputas por su reparto, teniendo como telón de fondos diferencias étnicas y corrupción extendida.

Alan Boswell, director adjunto del Programa África del International Crisis Group y analista senior en el Cuerno de África, ve la crisis en Sudán del Sur en un punto de no retorno, impulsada por élites políticas y militares que actúan como «emprendedores de guerra», priorizando el control de recursos sobre la estabilidad nacional.

En un documento hecho público en septiembre pasado, Boswell argumenta que el régimen de Kiir ha disuelto el frágil acuerdo de paz de 2018 al posponer elecciones hasta 2026 y al acusar de traición al vicepresidente Riek Machar, lo que erosiona la legitimidad del gobierno y amenaza con una guerra civil renovada.

Desde la óptica de este experto, la dictadura no es solo personalista, sino sistémica: Salva Kiir, al maniobrar para ungir a un sucesor a un general que le es leal, fragmenta alianzas étnicas y regionales, exacerbando tensiones entre las regiones y los distintos grupos étnicos. Para Boswell, la salida a la crisis en Sudán del Sur sería un “reseteo” pero esto sólo sería posible con una activa y comprometida actuación de la comunidad internacional, que según este y otros investigadores parecen haberse olvidado de cómo en Sudán del Sur el sueño de una nación independiente terminó en la pesadilla de una dictadura.