Tomada de @GovRJ

En medio de la escalada de tensión por un megaoperativo antinarco en Río de Janeiro, un grupo de gobernadores de derecha, se reunió en el Palacio de Guanabara para criticar y atribuir responsabilidades al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la situación de seguridad nacional, cuestionando también la tramitación del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública en el Congreso. Como respuesta, los dirigentes anunciaron la conformación de un «consorcio de paz» para coordinar esfuerzos contra el crimen organizado.

De acuerdo al medio local O Globo, el nuevo consorcio de seguridad está liderado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, e integra a otros cuatro gobernadores de las regiones sur, sudeste y oeste del país, además de la vicegobernadora del Distrito Federal. Su objetivo principal es permitir que los estados actúen conjuntamente, compartiendo información, equipos y tropas para reforzar la seguridad. Castro busca convertir a Río en un «laboratorio para la recuperación de territorios y el control de armas», mientras que los miembros esperan aprovechar la integración para adquirir recursos y equipos a menor costo.

Por su parte, el presidente Lula da Silva respondió a la crisis ordenando la creación de una oficina conjunta entre autoridades nacionales y locales para enfrentar al crimen organizado, señalando que su administración no puede tolerar la destrucción causada por estos grupos.

Horas antes, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, indicó que Lula estaba «horrorizado» por el número de muertos de la operación y aclaró que una Garantía de Orden Público (GLO) para desplegar militares solo podría decretarse a pedido del gobernador Castro, quien había estado intercambiando acusaciones con el gobierno federal.