Tomada de Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

El Gobierno de China manifestó este viernes su intención de adoptar «todas las medidas necesarias» para salvaguardar los derechos e intereses de sus empresas en el exterior. El pronunciamiento surge tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de declarar inconstitucional la ley que sustentaba la concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, debido a presuntas irregularidades y perjuicios económicos detectados a través de una auditoría estatal.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, señaló que la empresa afectada considera que la resolución judicial incumple la base legal bajo la cual se establecieron sus derechos de concesión. En este sentido, la compañía comunicó que se reserva el ejercicio de todas sus facultades legales, incluida la vía judicial internacional, mientras que Pekín reiteró su compromiso de defender la seguridad jurídica de sus inversores sin entrar en valoraciones directas sobre el fallo del poder judicial panameño.

La anulación del contrato coincide con la reestructuración de activos de CK Hutchison, empresa que negocia la venta de más de 40 terminales portuarios a un consorcio liderado por BlackRock (sociedad de inversión multinacional con sede en Nueva York, Estados Unidos). La operación, que abarca infraestructuras próximas al Canal de Panamá, es monitoreada por organismos internacionales debido a su impacto en la gestión de rutas comerciales y la concentración de activos en la región.