Por: Claudia Peña Melin / 14 de febrero de 2013

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Los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y humanos de los jóvenes no están siendo protegidos por las Políticas Públicas de Juventud en Venezuela. Ello significa que la gobernabilidad del sistema político e institucional está seriamente comprometida, tanto como el futuro de la generación joven.

En una de las muchas manifestaciones públicas protagonizadas por nuestros jóvenes en estos últimos días, y cuyo punto culminante ha sido el 12 de febrero, día de “La Juventud”, se lee en una pancarta “Queremos morir de viejos: basta ya de violencia”. Esta declaración, sin lugar a ninguna duda, es una cuestión de derechos humanos, un asunto de Estado, y que debe ser atendido mediante políticas públicas pertinentes, oportunas y eficientes.

Una lectura de datos relativos a la población en Venezuela señala que la edad mediana en el país es de 27 años, lo que indica que somos una población predominantemente joven. Según reporta el Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de 15 a 29 años es de 27.9% y si le agregamos los de 30 a 35 años, alcanza a un 35%. En diciembre de 2013, la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 11,2%, el doble de la tasa promedio nacional (5,6%). A ello habría que agregar la tasa de inactividad, es decir, jóvenes que no están insertados en el mercado laboral, ya sea porque están estudiando, o dedicados a los quehaceres del hogar o porque se declaran incapacitados. En cuanto a los indicadores de violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe anual de 2013 señala que en el país se registraron 24.763 muertes violentas, lo que representa una tasa de 79 por cada cien mil habitantes, ubicando a Venezuela entre los cinco países más violentos del mundo. Esta situación afecta en su mayoría a hombres jóvenes, en edad productiva, y en consecuencia impacta en la pérdida de la fuerza de trabajo. Otro indicador relevante de la situación de los jóvenes es el de embarazo adolescente. Venezuela en 2011, según el Fondo de Población de Naciones Unidas en su Informe de la Población Mundial, alcanza la tasa de 101 embarazos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, muy por encima del promedio en América Latina (74 por 1.000 mujeres de 15 a 19 años).

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Juventud 2013, llevada adelante por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello, en el marco del Proyecto “La Juventud Venezolana Protagonista de la Democracia”, en el Boletín Informativo N° 1 (2013), señala que, “de acuerdo a su propia experiencia, la valoración que hacen los jóvenes de la educación media recibida es bastante negativa” lo que confirma las fallas que ofrece la enseñanza en este nivel. Los resultados de la Encuesta también nos dicen que “la mayoría de los jóvenes considera que el gobierno hace poco o muy poco respecto al buen manejo de la economía, la mejora de la seguridad ciudadana y el combate a la corrupción”. Igualmente se destaca que “en general los jóvenes perciben que actualmente la situación del país está mal, que se ha mantenido igual o peor en el último tiempo y que a futuro estará igual o peor a lo que se conoce hoy” y apunta que “61% de los jóvenes considera que el país está encaminado en la dirección equivocada”. Es justo destacar un dato alentador: de los jóvenes, “el 69% prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno”.

Cuando en un país las agendas de los asuntos públicos del gobierno y los asuntos de los ciudadanos – en este caso, la agenda de los jóvenes- no coinciden o la brecha entre ambas es significativamente amplia, es una señal de que la salud del sistema político e institucional está seriamente comprometida, y en consecuencia, su gobernabilidad.

Ello ratifica la urgencia de entender y atender las demandas de los jóvenes que podrían resumirse en otra pancarta enarbolada por los manifestantes que reza: “Queremos soluciones que construyan calidad de vida y no miseria”. Más claro, imposible.

La respuesta, ante tales demandas, en ningún caso puede ser una ola de persecución, asesinatos y represión generalizada por parte de las instituciones del Estado. No es admisible que la deuda con los jóvenes, en relación a la protección de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y humanos, siga creciendo. Esta deuda debe ser saldada generando oportunidades y construyendo capacidades, sin exclusión, reconociendo la diversidad y, sobre todo, con un trato digno.

La pregunta entonces es ¿qué está en juego si no se atienden las demandas de la población joven? Nada más y nada menos que el futuro de nuestra población. No atenderlas es hipotecar el futuro de Venezuela. ¿Y cuál entonces sería el desafío en términos de políticas públicas?

El gran desafío de la Política Pública de Juventud es conseguir efectivamente la aplicación y materialización de los principios plasmados en los documentos sobre los Derechos de la Juventud. Creando la posibilidad real de mejorar la calidad de vida de los jóvenes y sus condiciones de vida materiales y simbólicas, en relación con la familia, el hogar, salud, educación, ingresos, empleo y consumos culturales. A la vez que, direccionando la política de juventud con un enfoque de ciudadanía juvenil, y con una visión de los jóvenes como actores estratégicos. Ello pasa por entender que los jóvenes están capacitados para ser generadores de capital social y humano. Preciso es reconocer sus derechos y su igualdad ante la ley, generando igualdad de oportunidades y acceso equitativo a los recursos, a fin de poder lograr la emancipación y la autonomía para que, consecuentemente, puedan participar plenamente en los procesos democráticos y en el ejercicio de la ciudadanía plena. Es ahora, mañana puede ser demasiado tarde.