Benigno Alarcón 07 de agosto de 2019

Ha sido una constante en Venezuela que la activación de un proceso de negociación, directa o asistida (mediación),va de la mano de la desactivación de la protesta. ¿Es la protesta incompatible con un proceso de negociación? ¿Se negocia porque se agota la protesta? La realidad es que, en todo proceso de negociación, como el que tiene lugar hoy en día en Barbados, la probabilidad de alcanzar un acuerdo depende casi siempre más de lo que está pasando fuera de la mesa que de lo que sucede en ella. En tal sentido protesta o negociación no son estrategias opuestas o mutuamente excluyentes, sino complementarias. Conflicto (protesta) y negociación son las dos caras de una misma moneda. Difícilmente puede obligarse al régimen venezolano a aceptar un acuerdo negociado sin la combinación de medidas internacionales, de las cuales hoy pareciéramos depender totalmente, y la presión interna derivada de la protesta masiva y articulada, que hoy no vemos, y sin la que es imposible aumentar los costos para el régimen de mantener el poder por la fuerza y, en consecuencia, aumentar las probabilidades de una salida negociada.

En Venezuela, se registraron 10.477 protestas en el primer semestre de 2019, en su mayoría pacíficas – equivalente a un promedio de 58 diarias- un número significativamente elevado con respecto al comportamiento de los últimos años, si consideramos que fueron 4.930 durante el primer semestre de 2017 y 5.315 en el mismo periodo del año 2018, de acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Durante los primeros seis meses de protestas, se reportaron 61 personas asesinadas y, adicionalmente, “6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones”.

Las protestas abarcaron todo el territorio nacional, y emergieron de zonas rurales y urbanas, según reza el informe del OVCS (2019). Muchas de estas fueron iniciadas espontáneamente e impulsadas por vecinos bajo la bandera de exigir, principalmente, la prestación y mejora de los servicios básicos, el acceso a alimentos, y cambios políticos. Otras fueron “planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales”. De las 10.477 protestas registradas, casi la mitad (4.169) estuvieron vinculadas a la precariedad de los servicios básicos, equivalente a 23 protestas diarias. Miranda (947), Distrito Capital (888) y Mérida (843) fueron las regiones que registraron la mayor actividad de protestas durante el periodo. Le siguen Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716). De este grupo se destaca Trujillo, que representa una de las 10 entidades menos pobladas de Venezuela, cuyos habitantes no se habían caracterizado por manifestar en contra del gobierno hasta ahora, debido a su afinidad histórica con el chavismo.

La mitad de las protestas fueron motivadas por demandas fundamentalmente sociales, económicas, culturales y ambientales (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo que en el informe del OVCS se denomina DESCA), mientras que el resto respondió al reclamo de derechos civiles y políticos (DCP según la conceptualización del mismo OVCS).  Los motivos son variados y pasan por exigir el derecho a la participación (4.777), derecho a la vivienda (4.169) y servicios básicos, derechos laborales (1.587) hasta reclamar el derecho a la alimentación (697), en su mayoría por las cajas CLAP.

Ambos tipos de protestas -DESCA y DCP- no son mutuamente excluyentes, ya que es común que en la dinámica de las protestas se presenten causas combinadas. De hecho, el observatorio suele llevar un registro del nivel de protestas combinadas, aunque no está disponible para el reciente informe semestral. Es así como a partir de enero, coincidiendo con hitos importantes en la dinámica política del país, la proporción de protestas por causas civiles y políticas, registran picos importantes en enero y abril, 1641 y 1288 respectivamente. Durante enero se experimentó el incremento de la protesta en sectores populares que representaron bastiones del chavismo. Dichas manifestaciones fueron fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Después de abril, se ha observado una caída generalizada de las protestas de índole política; en junio alcanzaron solo el 25% de las manifestaciones registradas en ese mes, lo que implica un importante descenso en la presión que se ejerce desde dentro del país sobre el régimen, justamente en el momento en el que tiene lugar la mediación auspiciada por el Reino de Noruega, y en la que el fortalecimiento de las alternativas a un acuerdo negociado, como la capacidad de movilización interna, deberían estar en su mejor momento, justamente para aumentar las probabilidades de un acuerdo negociado y evitar que el régimen apueste al uso de la mediación como mecanismo de apaciguamiento interno.  

La desmovilización de la población, después de un inicio de año que prometía un aumento considerable de los costos de represión para el régimen, se explica por una dinámica que ha estado caracterizada por:

• La participación espontánea y poco articulada de la población en general que no encontró en plataformas como el Frente Amplio, Creemos Alianza Ciudadana, Voluntarios por Venezuela, o la Operación Libertad, entre otras, estructuras organizativas maduras y capaces de coordinar y articular la movilización social en sus diferentes expresiones;
• Intensificación de la política de Estado de represión, a través del uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares;
• Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas, con el propósito de “obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional”;
• Participación de las comunidades en las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (RAAS), conformadas por vecinos y otros integrantes desempeñando el rol de agentes de inteligencia, quienes informan a los cuerpos de seguridad y colectivos paramilitares sobre la ubicación e identidad de manifestantes;
• Materialización del respaldo popular a Juan Guaidó como presidente encargado, en movilizaciones convocadas por la oposición, lo que logró la congregación de diversos y numerosos actores sociales y políticos de manera espontánea, aunque con una muy baja articulación, durante los primeros cuatro meses, seguido de una notable y progresiva disminución en la frecuencia de este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación;
• Aumento de las protestas por servicios básicos: electricidad, agua potable y gas doméstico;
• Repunte de saqueos en zonas vulnerables, a causa de las fallas del sistema eléctrico.
• Repunte de protestas por la falta de distribución y venta de gasolina, sobretodo en las ciudades donde se impuso regímenes de racionamiento de combustible;
• Protestas laborales en las cuales se exige respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos;
• En general se produce una mutación progresiva de la protesta por un cambio político a las centradas en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en las que, por razones utilitarias inmediatas, se evita articular con lo político.

La población ha ejercido el derecho a la protesta de forma más significativa en 2019, como respaldo al liderazgo emergente y audacia de Juan Guaidó y las esperanzas que su aparición generó, tras un año de retrocesos en la lucha democrática, el deterioro progresivo de las precarias condiciones de vida, y de los derechos políticos y sociales.

Lamentablemente, la sociedad venezolana continua desprovista del tejido organizativo necesario para ejercer el derecho a la protesta, tan importante cuando se está frente a un gobierno de corte autoritario. Esto es, en buena parte, consecuencia de la ausencia de un trabajo político sistemático por parte de los partidos y la sociedad civil, que parecen siempre preferir la gratificación inmediata de la respuesta espontánea a la certeza del trabajo sistematizado y tedioso de la organización ciudadana. Es así como el desamparo de los ciudadanos causado por el Estado venezolano ha tomado expresión en dichas protestas de múltiples propósitos, sin que sean articuladas con fines estratégicos por parte de los líderes políticos y sociales del país. Los derechos de la población son cada día más vulnerados, sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación, pese a las ventaja que ofrece un momento, único en mucho tiempo, en el que se cuenta con un liderazgo legitimo del lado de la oposición, mientras que el régimen vive su peor momento tanto a nivel de liderazgo como de circunstancias externas e internas para mantener la gobernabilidad.

Siendo evidente que la mediación auspiciada por el Reino de Noruega en Barbados se encuentra en un momento crucial que definirá la posibilidad de llegar o no a una solución negociada, la capacidad de la comunidad democrática del país para lograr la articulación de un movimiento que combine la presión social y política es un reto impostergable, tanto para aumentar las probabilidades de una salida negociada, como para dar respuesta a la falta de tal acuerdo.