Eglé Iturbe de Blanco | 25 de marzo de 2020

La pandemia del Coronavirus (COVID-19)  ha puesto en evidencia el crítico estado de las políticas de salud, del desmantelamiento de los establecimientos dedicados a la atención de la salud en todas sus modalidades y de la progresiva privatización de un servicio que debería ser garantizado por el Estado, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual señala en tres de sus artículos del Capítulo V, De los derechos sociales y de las familias, lo siguiente:

 Artículo 83”: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.

Artículo 84 “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter interinstitucional, descentralizado y participativo, integrado por el sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud”.

Artículo 85 “El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales con las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier fuente de financiamiento que determine la ley. El estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional para producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud”.

Queda claro, al leer lo establecido en la CRBV, que la mayoría de los enunciados y obligaciones previstas en la misma (subrayado personal) no se cumplen y no es del caso incidir en lo que ya es de conocimiento público, como se han abandonado los hospitales y la atención ambulatoria sustituyéndola por la Misión Barrio Adentro, a la cual se orientaron los mayores recursos del sector. Las instituciones de salud se encuentran con escasez de agua (78%), medicinas (80%) y material para dar atención rutinaria y no de emergencias (49%). Ya hemos oído por boca de los responsables de algunos de los 46 hospitales designados como centros centinelas para atender la emergencia derivada de los casos que se presenten de Coronavirus (COVID-19) que no están equipados con suficientes recursos materiales y profesionales para atender el número de casos que se presenten. De manera insólita la respuesta del gobierno ha sido de represión a las personas que han manifestado esta preocupación y la censura contra los medios de comunicación y trabajadores de la prensa.

La política de salud y seguridad social es responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo, a través de la Vicepresidencia de Socialismo Social y Territorial, la cual es responsable de coordinar y supervisar los ministerios sociales; entre ellos, los ministerios de Salud y de Proceso Social del Trabajo. Estas instituciones responsables de la planificación, diseño, organización, ejecución y control de las políticas de salud y seguridad  social y de la supervisión y control de los entes a ellos adscritos, no han estado en capacidad de definir la política de salud dentro de una visión de continuidad y de largo plazo. Para colmo la descentralización que debe privar en el manejo cotidiano de los entes prestadores de la salud se ha revertido, tanto, que hasta la dotación de medicamentos, equipos, vehículos  y todo lo necesario para el funcionamiento adecuado de los centros de salud depende del gobierno central aunque en cada estado existe un organismo responsable de la misma, por cierto con estructuras jurídicas diferentes. A manera de ejemplo, en algunos estados se les denomina Direcciones Estadales (14), Institutos autónomos (3), Corporaciones de Salud (3), Secretarías de salud (2), Fundaciones (1) y Autoridades únicas de salud (2). Todo esto hace más difícil el manejo del tema en las regiones.

            En los últimos 20 años se han nombrado 17 ministros de Salud y 14 ministros de Proceso Social del Trabajo (ministerio del cual depende el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales).  En el caso de la Vicepresidencia de Socialismo Social y Territorial, los ministros de salud y de Proceso Social del Trabajo tienen un tiempo promedio en el cargo que oscila entre un año y año y medio en ambos casos, lo cual no permite que se diseñen políticas de largo plazo porque cada funcionario que asume el cargo máximo, cambia casi todo su tren directivo.

Si revisamos la situación hasta diciembre del 2019, encontramos que hay 9 viceministros y 69 directores generales, de los cuáles el 65,2% tiene dos años en el cargo y solo el 34,8%, tiene entre 3 y 4 años en funciones. Ningún directivo ha sido nombrado antes del 2016. Esta alta rotación de los directores generales sustantivos y de las oficinas ministeriales se refleja hacia abajo porque el personal de línea se siente desmotivado con tantos cambios frecuentes donde cada uno que llega quiere implantar nuevas ideas sin continuidad y las políticas públicas se estancan.

En términos de remuneración, este ministerio es de los que presenta una situación difícil por los bajos niveles de remuneración en relación con su compromiso y dedicación y por esa razón muchos médicos, .enfermeras y otros profesionales que laboraban para el sector público han formado parte de la diáspora que ahora ayuda con sus conocimientos a otros países. El Coronavirus (COVID-19) ha encontrado a una Venezuela en desventaja desde el punto de vista de personal especializado, equipos e infraestructura, así como de escasez de medicinas y otros elementos  necesarios para el combate de esta pandemia.

 No se conocen los tres últimos presupuestos de ingresos y gastos del Gobierno nacional, dado que los Proyectos de Ley referidos a este importante tema fueron consignados ilegalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y  no ante la Asamblea Nacional, como corresponde por mandato constitucional, en consecuencia, no puede hablarse con propiedad de la evolución del gasto en salud. No obstante, para el 2017 al ministerio de Salud se le asignó el 6,64% de los gastos presupuestados para ese año con lo cual habría de cubrir las remuneraciones de 130.186 funcionarios que representaban el 7,62% de los funcionarios de la administración central y además los demás gastos del  propio ministerio La remuneración promedio para ese ministerio para ese año estaba prevista en 308.733 BF/año, es decir 20.582 BF/mes. calculados sobre 15 meses. No se dispone de las cifras actuales, pero basta observar las constantes quejas, reclamos y protestas de los distintos grupos de salud para saber que su insatisfacción es real y que seguramente se encuentran por debajo de las remuneraciones promedio del sector público central y que están siendo golpeados como todos los venezolanos por la hiperinflación.

Las estadísticas de personas que fallecen o no son atendidas en los hospitales es muy alta por el déficit de materiales, camas disponibles, medicinas y  falta de profesionales, uno de los casos más dramáticos es el de los pacientes infantiles del Hospital J.M. de los Ríos, ubicado en Caracas, y los pacientes que requieren medicamentos de alta factura porque padecen de cáncer, HIV o necesitan ser dializados. Esta situación es lo que llamo “la privatización de la salud”  porque el paciente debe llevar todo lo necesario para poder ser atendido. Si esta situación es cotidiana, qué puede esperarse para circunstancias extraordinarias como la actual.

 A partir de este momento sería imprescindible que se destinen más recursos a este sector para atender: a) Los reclamos legítimos de los profesionales del área, b) Que se revise la estructura institucional del sector para darle más estabilidad a los niveles directivos y técnicos de modo que se puedan formular políticas de largo plazo, c)  Darle más autonomía a las organizaciones regionales favoreciendo la descentralización efectiva, d) Que se pongan en servicio más camas de las hoy abandonadas y e) Que se haga un gran esfuerzo para capacitar profesionales en todos los aspectos necesarios para honrar progresivamente los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.