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Venezuela y el COVID-19: cuando la política económica puede hacer poco, o nada, para lidiar con la crisis

Luis Zambrano Sequín, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, advierte que, debido a las dificultades fiscales, las acciones del Gobierno para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia generarán, inevitablemente, mayor presión inflacionaria y devaluación.

Luis Zambrano Sequín | El Ucabista

Venezuela está siendo víctima de dos severos, y simultáneos, choques externos, que vienen a agravar, aún más, su ya precaria situación: la pandemia del coronavirus, originada en China, y la guerra de precios petroleros desatada por los gobiernos de Arabia Saudita y Rusia.

La pandemia, por sí sola, ha afectado profunda y rápidamente tanto a la oferta como a la demanda agregada en todos los países. Un breve listado de los impactos más relevantes incluye: rompimiento de las cadenas globales de suministro y desaceleración de la economía mundial; caída abrupta en los flujos de comercio internacionalesdesplome en el precio de las materias primas, especialmente en el caso del petróleo (que adicionalmente se ha visto afectado por la guerra de precios entre los principales productores); brusca contracción en los flujos de viajeros por negocios y turismo; reducción drástica de los flujos financieros y reversión súbita en el movimiento de los capitales (salida de capitales buscando refugios más seguros); depreciación de la mayoría de las monedas y apreciación simultánea del dólar norteamericano; y una importante caída en las transferencias y remesas enviadas por los emigrantes a sus familias.

La guerra de precios petroleros, por su parte, ha agravado la ya dramática caída en los ingresos petroleros en Venezuela, producto del desplome de la producción de hidrocarburos y sus derivados que comenzó en 2016. Este choque de origen petrolero, probablemente, será más duradero que el asociado con la pandemia.

Naturalmente, estos acontecimientos tendrán un importante efecto negativo sobre el crecimiento económico y los niveles de pobreza, especialmente en los países con escasa capacidad para implementar medidas de ajuste y compensatorias. Todos las agencias competentes han reducido drásticamente sus pronósticos en torno a las tasas de crecimiento, y de empleo, esperadas para este y el próximo año. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se pronostica que, como efecto de estos acontecimientos, el PIB podría contraerse 12,5% en 2020, en lugar del 8,5% inicialmente previsto (Credit Suisse, 17/03/2020).

Medidas que se están tomando en el mundo

En todas partes se están tomando medidas para reducir los impactos de estos choques adversos, especialmente los ocasionados por la pandemia. Los efectos de estas medidas aún están por verse y difieren de país en país, ya que dependen de múltiples factores que caracterizan a cada caso particular. Las condiciones iniciales, el grado de apertura de la economía, la estructura y diversificación sectorial, y el espacio para hacer política económica son elementos que, en buena medida, determinarán el impacto, la velocidad y la manera como cada país saldrá de la crisis.

El objetivo inmediato de las medidas es mitigar el impacto económico y sanitario de la pandemia y proteger, sobre todo, a los más pobres y vulnerables. Para ello, en todos los países se ha recurrido al aislamiento social con la esperanza de aplanar la curva de infectados y evitar el inmediato colapso de la infraestructura y los servicios sanitarios. Sin embargo, hay que anotar que este tipo de medidas tiene un impacto negativo sobre la actividad económicalos ingresos y el empleohaciéndolas insostenibles en el tiempo.

Paralelamente, se han incrementado los recursos destinados al gasto público en salud, donde se ha podido, a pesar de la caída en los ingresos fiscales producto de la paralización de la actividad económica. Hay un convencimiento generalizado en las autoridades fiscales nacionales de que la austeridad presupuestaria solo exacerbaría el impacto económico de la pandemia y sería un obstáculo frente a la crisis sanitaria en curso.

Dado el tipo de choque, su carácter progresivamente sistémico y el poco espacio para hacer política monetaria en muchas economías, hay un creciente consenso en el rol crucial que en la actual coyuntura tiene la política fiscal. Pero no en todas partes, y especialmente en el caso venezolano, hay margen de maniobra para poder aplicar políticas fiscales compensatorias y expansivas.

En las economías donde hay holgura fiscal, incluyendo a varias latinoamericanas, se han anunciado medidas de política centradas en transferencias monetariassubsidios salariales en empresas públicas y privadas y reducción de la presión tributaria a empresas y personas. Estas medidas han sido complementadas con intervenciones en los mercados de divisas y depreciación cambiaria, suministro de liquidez a los bancos, líneas de crédito especiales para la pequeña y mediana empresa, y relajamiento de controles y regulaciones sobre el sistema financiero y el resto de los sectores.

¿Pueden este tipo de medidas ser aplicadas en Venezuela?

Venezuela, antes de estos choques, ya estaba en el medio de una crisis humanitaria sin precedente. Sin reservas internacionales, hiperinflación, inestabilidad política interna, una profunda crisis institucional, y un progresivo aislamiento internacional, producto de la falta de legitimidad del régimen frente a una importante fracción de la comunidad internacional.

En buena medida esta problemática ha sido más el producto de fallas de las políticas económicas aplicadas, que de los choques externos previos a los que aquí estamos considerando. Estas políticas redujeron sustancialmente el acervo de recursos productivos (recursos humanos, capital privado y público, infraestructura básica, espacio agrícola, entre otros) afectando el nivel del PIB potencial (la capacidad permanente para producir bienes y servicios, y generar empleo localmente). Desde luego que, más recientemente, las sanciones internacionales impuestas al régimen han incrementado las restricciones previas.

La caída de los ingresos fiscales petroleros e internos, el “default” en el servicio de la deuda externa, la merma en las reservas internacionales, la paralización del sistema financiero, el deterioro de la infraestructura y los servicios básicos, la escasez de combustible, entre otros factores, se traducen en la ausencia de holgura para poder aplicar eficientemente medidas de política que permitan minimizar el impacto de la pandemia y los efectos de la guerra de precios petroleros. No existen fondos de ahorro público, no hay posibilidad de hacer política monetaria, el nivel de las reservas internacionales es mínimo y la economía se ha dolarizado a niveles que han anulado el uso de la política cambiaria.

En este contexto, el Gobierno ha venido anunciando medidas. Las primeras de ellas tratan de trasladar al sector privado parte de los costos del ajuste: suspensión del pago de capital e intereses de los créditos otorgados por la banca, suspensión del pago de alquileres, imposibilidad de despidos en las empresas. Un sector privado en extremo debilitado, sin acceso al crédito y en una economía que no solo se ha contraído en 60% en los últimos 5 años, sino que no tiene perspectivas ciertas de recuperarse.

Un segundo grupo de medidas tienen, claramente, incidencia fiscal: transferencias monetarias a personas naturales de bajos ingresos, pago de parte de los sueldos y salarios a pequeñas y medianas empresas seleccionadas y exenciones arancelarias a las empresas en sectores calificados como prioritarios. Pero dadas las condiciones en que se encuentran las finanzas públicas, es de prever que el Gobierno recurrirá a la emisión monetaria como vía fundamental de financiamiento de la expansión del gasto fiscal asociada a estas medidas. El resultado no es difícil de deducir: mayor presión inflacionaria y depreciación del tipo de cambio. En las circunstancias actuales, no hay otra alternativa.

Hay que notar, además, que el Gobierno, dada la crisis institucional, no está en capacidad de garantizar una focalización adecuada de las políticas, viéndose obligado a tomar decisiones globales, en gran medida arbitrarias, incrementando los costos fiscales y la ineficiencia de las medidas en cuestión.

En este contexto, es muy probable que se exacerben las tensiones sociales y políticas conforme el virus se propague y se profundice la guerra de precios petroleros.

Venezuela no puede salir de este atolladero sin una importante ayuda internacional, masiva y rápida. La prioridad sigue siendo reducir las restricciones externas y recuperar la producción petrolera. Pero, sin duda, hoy es más difícil avanzar en esta dirección de lo que era hace apenas dos semanas.

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