Carta del Director

Editorial

Benigno Alarcón Deza | 05 de abril 2020

La semana pasada fue, sin lugar a dudas,  muy noticiosa y movida, lo que ha generado, entre el ocio de las rutinas alteradas y la ansiedad producidas por la cuarentena, corrientes indetenibles de información entre las se cuelan todo tipo de especulaciones que independientemente de las fuentes y las intenciones, encuentran en las actuales circunstancias las condiciones ideales para su difusión. 

Es por ello que en tiempos como los que vivimos todo lo que contribuya a mantener una actitud calmada y reflexiva, tanto en relación a esta especie de diluvio universal traducido en pandemia que ha convertido al hogar en nuestras arcas de Noé para la sobrevivencia, como lo relacionado con los diferentes temas que impactan nuestras vidas, como lo económico, lo social, lo político, y lo internacional, que aunque son también impactados por esta realidad de la que nadie escapa, no se detienen y necesitamos comprender para poder responder a ellos de la manera adecuada. 

Es así como mientras la semana avanzó teniendo como centro, no solo en Venezuela sino en el mundo,  la agudización de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, se han producido en nuestro caso particular informaciones que inciden de manera significativa en el conflicto político: 

1. Acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos  (EEUU) contra Nicolás Maduro y 14 personas relacionadas con la élite gubernamental por narcotráfico, narco-terrorismo, corrupción y otros crímenes relacionados .
2. Aprobación de la Asamblea Nacional de un Plan de Emergencia y la Conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional propuesto por Juan Guaidó; “en donde se incluye la participación de todos los sectores políticos y sociales del país sin Nicolás Maduro en el Poder Ejecutivo”, “para atender no solo la emergencia sanitaria sino también la epidemiológica producida por la presencia del virus COVID-19 en Venezuela”.
3. Propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la constitución de un gobierno de transición en Venezuela sobre la base de la propuesta presentada por la oposición en el marco de las las negociaciones de Oslo y Barbados en 2019.

1. Situación de la pandemia COVID-19

La pandemia COVID-19 generada por el SARS-CoV-2 supone un problema mayor para Venezuela puesto que ya para el momento se atravesaba por una situación de Emergencia Humanitaria Compleja. Un manejo estatal eficiente de este nuevo estadio de la emergencia sanitaria es, cuando menos, improbable porque el Estado venezolano ha mostrado severas deficiencias en el cumplimiento de sus funciones básicas. Entre las más críticas y asociadas, a su vez, a la coyuntura de esta emergencia: a) El sector salud enfrenta un estado de precariedad prolongada; b) las provisiones públicas de agua, gas, electricidad, gasolina y transporte no están garantizadas a lo largo del territorio; c) la economía está colapsada, sin visos de recuperación en el corto plazo; d) la situación de protección de los derechos humanos (DDHH) está bajo cuestionamiento; e) Los ingresos del gobierno están mermados por la agudización de la crisis mundial de salud, que a su vez ha agravado la crisis en el mercado petrolero. 

En medio de este escenario, el gobierno de Maduro adelantó la adopción de las medidas extremas como la imposición de una “cuarentena colectiva y social”, lo cual en un país normal sería celebrado por las previsiones tempranas tomadas por el gobierno. Sin bien esta medida se ajusta a las estrategias recomendadas y aplicadas para “aplanar” la curva de contagios, tiene, especialmente en el caso de Venezuela, impactos muy importantes en lo social, lo económico y lo político. 

Es así como en Venezuela, donde la mayoría de la población no sólo depende de actividades económicas informales y un tercio padece restricciones severas de alimentación, será materialmente imposible sostener la cuarentena de manera efectiva más allá de cuatro semanas, lo que podría coincidir con el momentos en que, según los expertos, se requiere más de su estricto cumplimiento. 

Tal adelanto de la cuarentena tuvo un fin utilitario para el régimen al utilizarla para frustrar, en una etapa temprana, los llamados del liderazgo opositor para reactivar la protesta en todo el país y aumentar el control político y social a través del despliegue de las fuerzas militares, policiales y paramilitares, bajo la justificación de medidas necesarias de protección y seguridad ante la situación de emergencia, así como para  contrarrestar cualquier iniciativa política asociada a los nuevos eventos mencionados al inicio de este editorial. Es así como el uso discrecional del poder por parte de cuerpos militares y de seguridad ciudadana, así como por grupos para-militares ha generado una militarización del país y la detención ilegal de actores políticos, periodistas y trabajadores de la salud por proveer información sobre la evolución de la epidemia, las vulnerabilidades para su atención,  o poner en evidencia la opacidad de la información oficial. 

La desinformación, más allá de la opacidad que ha caracterizado el gobierno en otras áreas como los indicadores económicos, la situación social o la criminalidad, tiene un agravante en la inexistencia de procedimientos que permitan un efectivo monitoreo de la situación. Es así como para el 5 de abril de 2020, las cifras oficiales de la incidencia de la Covid-19 es de 159 casos confirmados. Con base en informes de expertos, los números podrían estar subestimando la gravedad del momento actual. En parte la explicación está en el control del Estado sobre los reactivos para el despistaje de la enfermedad y la baja capacidad del Instituto de Higiene del Ministerio de Sanidad (aproximadamente cien pruebas por día) para procesar todas las solicitudes que se generarán desde los diferentes hospitales y clínicas del país. 

El desafío que representa para el sector público la mitigación de la pandemia luce con bajas probabilidades de éxito dada la incapacidad del Estado venezolano, a lo que suponemos que se responderá, como de hecho ya está sucediendo, con una gran opacidad en la información, lo que aumenta la exposición de la población que ya ha comenzado a relajar la atención a la cuarentena para atender a sus necesidades básicas de sobrevivencia en el día a día. El adelanto de la cuarentena para contener una escalada de protestas a las que convocaba la oposición al iniciarse esta emergencia, junto a la crisis pre-existente, generan el riesgo de un cruce entre los puntos máximos de dos ciclos, el de la pandemia y el de la presencia de gente en la calle al haberse agotado su capacidad de resistencia para mantener la cuarentena por parte de los grupos más vulnerables de la población, que constituyen la gran mayoría del país, lo que ha venido obligando al régimen a ajustar, por ensayo y error, este experimento de control social a los fines de evitar que esta especie de toque de queda moderado no se le convierta en una situación de ingobernabilidad aguda. 

Para ello el régimen trata de optimizar, con la excusa de la emergencia, el control político y social, lo que incluye: (i) un mayor control sobre la información y los medios de comunicación; (ii) la imposición de una narrativa a su favor que busca cohesionar a sus aliados, justificando su incapacidad de actuar no sólo en las sanciones y el condicionamiento de la ayuda humanitaria, sino además en la inaceptable renuncia a la soberanía para aceptar la imposición de los Estados Unidos (ii) la represión a grupos e individualidades que denuncien ineficiencias y violaciones de derechos humanos; (iii) la amenaza de pasar de un estado de emergencia a uno de conmoción,  como respuesta a la propuesta de instaurar un gobierno de transición al margen de la Constitución.  

2. Situación política

Con respecto a los recientes eventos políticos, la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y a un grupo de catorce individuos vinculados a la élite gubernamental y la oferta de recompensas por su captura, forma parte de los procedimientos y tratamiento usual en el caso de personas acusadas por crímenes de cierta relevancia, lo cual envía un mensaje hacia adentro y hacia afuera de Venezuela. 

Horas después de este evento, el comisionado gubernamental para Venezuela, Elliot Abrams, y posteriormente el Departamento de Estado, a través de su Secretario Mike Pompeo, reaccionaron haciendo oficial una propuesta política para un gobierno de transición, que parte de la presentada por la oposición en las negociaciones de Barbados, mediadas por el Reino de Noruega durante el año pasado. Esta propuesta permite la sinergia entre el gobierno de los Estados Unidos y el resto de los aliados democráticos internacionales en torno a una solución política. Es así como la Unión Europea tras anunciar que estudiaría la propuesta produce el viernes pasado un comunicado respaldándola, lo que acompaña a las respuestas positivas previas de Austria, Alemania, Croacia, España, Miembros del Grupo de Lima (Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, y Perú), Portugal, Reino Unido, entre otros. 

Ambos anuncios, el hecho por el Departamento de Justicia y la oferta Abrams-Pompeo, que retoma la previamente hecha por la oposición en la mediación de Barbados, se corresponden a dos procesos independientes y no relacionados entre sí, lo que explica las evidentes contradicciones entre el contenido de una y otra, lo que si bien puede traducirse en mayor presión hacia el régimen venezolano tienen el inconveniente de que podría generar, al contrario de lo que se busca, mayor cohesión entre los actores que comparten poder al elevar sus costos de tolerancia a una salida política, que es lo que aparentemente ha venido sucediendo desde su anuncio. 

El desenlace estará íntimamente condicionado por las respuestas iniciales que se den desde los diferentes voceros gubernamentales, sus aliados internacionales, y las organizaciones estatales y paraestatales en que se sostiene. Respuestas iniciales de rechazo a la oferta desde voceros claves, generarían una cascada de respuestas negativas, mientras que respuestas positivas podrían generar la salida negociada que tanto la oposición como los gobiernos democráticos buscan. Las respuestas iniciales tanto de la élite gubernamental y militar, así como de aliados internacionales como Rusia parecieran apuntar en la dirección opuesta, lo que complica la posible retractación a posteriori tanto del régimen como de sus aliados internos y foráneos.

La dirigencia opositora enfrenta no sólo los retos y desafíos de posicionarse como una fuerza política que tiene la capacidad de mostrarse sensible y atender las necesidades de la población venezolana, dentro de la frontera de sus posibilidades en materia de salud relacionado con la pandemia, así como de la crisis humanitaria acentuada por ésta, sino también hacer frente a los eventos políticos, toda vez que el bloque de poder tiende a cohesionarse y, en consecuencia, a tomar acciones contra los miembros de la oposición, en un momento en el cual se dificulta consolidar el respaldo de la ciudadanía debido a la imposición de la cuarentena asociada al COVID-19, que le ha servido al gobierno como pretexto para avanzar en su autocratización y ampliar su control político y social.