Destacado

La preocupación democrática por Venezuela

Foto: AFP

Elsa Cardozo

En medio de la emergencia global que plantean la pandemia y los temores a una profunda recesión económica, y no obstante que ambos han llevado en primera instancia a privilegiar en los países la atención a lo propio y las respuestas nacionales, Venezuela sigue siendo objeto de preocupación internacional. Lo es tanto para organizaciones internacionales y no gubernamentales como para gobiernos, porque la severidad de la emergencia humanitaria y socioeconómica preexistente convierte en certezas a los temores sobre el demoledor impacto de la pandemia. Ese impacto que amenaza tan duramente a los países más vulnerables se va asomando en Venezuela  también en lo político, con señales de desbordamiento del marco jurídico que debe proteger los derechos humanos y al propio estado de derecho en situaciones de emergencia. Se ha venido advirtiendo sobre esos abusos mientras no dejan de confirmarse las decisiones y políticas autoritarias que la emergencia alienta o consolida en el mundo, aunque también han sido identificadas  oportunidades para la expansión democrática que nace del impulso a la solidaridad y del buen uso de las tecnologías de información y seguimiento. Al lado de las consideraciones sobre la autoprotección del régimen político en situaciones de emergencia, son también de mucho interés las reflexiones sobre lo crucial de la capacidad institucional estatal y, especialmente, de la confianza en el gobierno -en la que incide grandemente la transparencia en su actuación y provisión de información– que ha estado perfilando la calidad de las respuestas ante la pandemia.

En este cuadro, son muchas las razones para preocuparse por Venezuela. Gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales consideran la situación desde perspectivas en las que se conjugan de diferentes modos la sensibilidad para reducir la pérdida de vidas humanas, la conciencia de los obstáculos que imponen la pérdida de estado de derecho y la opacidad, el agravamiento previsible  de la situación económica, así como, por supuesto, los intereses de seguridad y geopolíticos que la emergencia no desplaza.

Desde mediados de marzo, se han sucedido propuestas y declaraciones internacionales que evidencian esas razones e intereses, a la vez que perfilan una oportunidad de atender las grandes y crecientes dificultades que se avecinan en las que la emergencia humanitaria a atender se muestra cada día más compleja e inseparable de fundamentales problemas de gobernanza, es decir, de eficiencia,  capacidad institucional y confianza interior y exterior en el gobierno. Revisemos las propuestas y declaraciones, en secuencia, en torno a tres temas: las sanciones y el impacto de la pandemia, la propuesta de un plan y gobierno de emergencia hecha desde la Asamblea Nacional y la propuesta de Estados Unidos seguida por declaraciones de Latinoamérica y Europa.

Entre las peticiones para que se amortigüe el régimen de sanciones para facilitar el acceso a recursos en medio de la pandemia, con expresa mención de Venezuela entre otros países, la más integral de las propuestas ha sido la de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que junto a su exhortación a la cooperación y la solidaridad internacionales se precisaron cuatro llamados: que se proceda a la amortiguación o levantamiento de sanciones sectoriales (no personales); que las exenciones humanitarias incluidas en las sanciones se apliquen más amplia y eficazmente a través de autorizaciones rápidas y flexibles; que es fundamental la protección de los trabajadores de la salud, quienes no deben ser sancionados por señalar deficiencias en la respuesta a la emergencia y, no menos importante, que los países sancionados deben proveer información transparente, aceptar las ofertas de asistencia, dar prioridad a los más vulnerables y ofrecer a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías para el desarrollo de sus tareas sin interferencias. En estos asuntos, en cuando a falta de garantías, institucionalidad y confianza, sigue habiendo grandes obstáculos en Venezuela.

Pocos días después, con la presentación de un gobierno de emergencia, hecha desde la Asamblea Nacional, se ofreció un plan político y para la emergencia que, tal y como fue expresamente reconocido, se inspiró en las propuestas en las que se había avanzado en las rondas de negociación mediadas por los noruegos el año pasado, hasta su suspensión en septiembre. Esto último es de especial importancia para valorar la amplitud de la propuesta, los apoyos internacionales que ha recibido y los que podría procurar en adelante.

Luego, ya cerrando el mes, se produjeron los anuncios desde el Departamento de Estado, en los que el Gobierno de Estados Unidos -pocos días después  de las imputaciones del Presidente y catorce altos funcionarios  por el Departamento de Justicia– delineó lo que llamó el Marco para la Transición Democrática Pacífica en Venezuela. Este, en lo fundamental, puede ser leído como una propuesta de levantamiento de sanciones a medida que se avance en la constitución de un gobierno de transición -el de emergencia delineado nacionalmente- para que cuente con los recursos, confianza e institucionalidad necesarios para atender la emergencia y para convocar a elecciones generales. El anuncio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en El Caribe, como una operación mejorada antinarcóticos, se añadió al complejo y polémico cuadro de incentivos: entre presiones y oferta de alivio y levantamiento de sanciones, en medio de la temible pandemia. Ahora se renueva la atención sobre cómo conciliar el régimen de sanciones con el agravamiento de la emergencia, en el entendido de lo que no ha escapado a la atención de la Alta Comisionada Bachelet: la necesidad de eficacia en las exenciones humanitarias y de garantías efectivas de transparencia en el manejo de la asistencia.

Aun en medio de la polémica y lo debatible que hay en todo esto, significativos apoyos democráticos han visto una oportunidad  para los venezolanos en la propuesta de la Asamblea Nacional y el plan de levantamiento de sanciones anunciado por Estados Unidos.

Esa lectura es la que encontramos de modo especialmente expreso en dos de las declaraciones de los primeros días de abril. La del Grupo de Lima -que apoya el plan presentado por Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional “para garantizar la atención de la emergencia, la mitigación de la pandemia, la asistencia humanitaria internacional y la ayuda financiera internacional; concertar la aprobación de las normas para la reconciliación nacional, enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, y la celebración de elecciones generales democráticas, con organismos electorales renovados e independientes y observación internacional”, a la vez que valora la propuesta de Estados Unidos en cuanto apoya la restitución pacífica de la democracia por los venezolanos. Es también la lectura que se encuentra en la Declaración del Alto Representante en nombre de la Unión Europea, que comienza por reiterar su posición de que la solución a la crisis venezolana solo puede ser lograda a través de un proceso político nacional, incluyente, que lleve a elecciones presidenciales libres, para enseguida señalar la importancia inmediata de acuerdos para atender la emergencia del coronavirus. En ese contexto valora positivamente el anuncio de Estados Unidos y su nueva aproximación al régimen de sanciones, en cuanto contribuye a la construcción de una salida negociada que la Unión Europea considera más necesaria que nunca y para la que mantiene su disposición a apoyar a los venezolanos.

En este encadenamiento de propuestas y declaraciones, aun en medio de la gran emergencia global y a la vez precisamente por ella, se manifiesta la atención sobre la situación de Venezuela y se acercan las posiciones de Europa, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica para mantener el apoyo a la causa democrática en circunstancias globales y nacionales cada día más críticas para la supervivencia y para las libertades. Esas circunstancias obligan a examinar con cuidado lo que se nos presenta como dilemático y se nos propone responder en consecuencia, eligiendo lo uno o lo otro. De lo hasta aquí escrito sobre la atención democrática internacional a la situación de Venezuela, es posible concluir preliminarmente con dos puntos de acuerdo: que los apoyos y la administración de los incentivos internacionales pueden ser muy importantes, pero que la solución sigue siendo fundamentalmente responsabilidad y tarea de los venezolanos; que el problema de fondo, de pérdida de gobernanza, hace tan complejo como necesario ocuparse simultáneamente y con todo empeño de la emergencia humanitaria y de la crisis política, y  así debería ser comprendido por tirios y troyanos, dentro y fuera de Venezuela.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s