Carta del Director

El costo de la pandemia

Carta del Director

Foto: VOA

Editorial

13 de abril de 2020, Benigno Alarcón Deza

El editorial de esta semana lo dedicamos a explorar lo que podría ser la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 en Venezuela y algunas de sus posibles consecuencias. Es evidente que existe una gran desinformación que se traduce en muchas especulaciones sobre lo que está en realidad sucediendo. Al día de hoy pareciera que estamos en una etapa temprana de contagio en donde aún no se ha presentado el fenómeno de contagio exponencial que hemos visto en otros países, en donde los casos reportados se duplican cada tres días, pero la mayoría de los expertos parecieran coincidir en que no existe ninguna razón objetiva para esperar que en Venezuela se de una evolución distinta a la de otros países. De ser así, el escenario que cabe esperar es el de una inevitable agudización de la emergencia sanitaria de consecuencias difíciles de predecir, dada la precedente crisis del sistema de salud y de otros servicios básicos relacionados con la capacidad para hacer frente a esta pandemia, como es la disponibilidad de alimentos, medicinas, electricidad, agua, gas, y ahora de gasolina, sin la cual se paraliza buena parte de la distribución de bienes y servicios en el país, lo que podrán generar las condiciones para un escenario de alta conflictividad social.

Dos modelos básicos para lidiar con la pandemia

En el mundo hemos visto que los países han venido enfrentando la amenaza de la pandemia mediante dos metodologías opuestas, aunque ambas parecieran funcionar dependiendo de las características de sus sociedades. Veamos estos modelos desde la experiencia asiática por ser el continente en donde el virus tiene su origen, y por lo tanto la primera área geográfica donde se inicia su expansión.

El primer modelo se corresponde con las medidas exitosamente aplicadas por países como Taiwan y Corea del Sur, los cuales, pese a su cercanía con China, país de origen de la epidemia, lograron contener su expansión de manera temprana.

En el caso de Taiwan, país habitado por unos 24 millones de personas, con una alta densidad poblacional y a menos de 100 kilómetros de China, se han registrado sólo unos 380 casos con 5 personas fallecidas.  Taiwan, a diferencia de otros países, y de la misma China, no recurrió a la cuarentena social ni a la paralización de sus actividades regulares, sino que su éxito se explica por la rapidez de su respuesta y una infraestructura de salud pública muy sólida que está en capacidad de administrar las pruebas de diagnóstico de manera inmediata y gratuita a todo el que la solicite, y en caso de que el resultado sea positivo se coloca a la persona en cuarentena, mientras el gobierno cubre sus costos de comida, vivienda y gastos médicos, lo cual genera los incentivos para que nadie que tenga algún síntoma o sospeche haber contraído la enfermedad lo oculte. Estas políticas se complementan con un importante análisis de Big Data que permite comprender mejor los focos geográficos en donde se esta expandiendo la enfermedad.

Tales políticas coinciden con las aplicadas por Corea del Sur con una población de casi 52 millones de personas, que se ha convertido en uno de los casos de éxito más relevantes tras haber sido el segundo país con más contagios en el mundo después de China, y que actualmente registra 10.423 casos, con sólo 204 fallecimientos y unas 7.000 personas recuperadas. Corea del Sur examina a unas 20.000 personas por día, identificando prematuramente no solo casos graves sino también aquellos casos leves que, a pesar de no suponer un riesgo para la persona contagiada, la convierten en un propagador de la enfermedad, a fin de proceder a su aislamiento temprano. Asimismo, Corea del Sur ha organizado una gran base de datos para estudiar las líneas de contagio, lo que les permitió, por ejemplo, aislar selectivamente grupos de alto riesgo como la comunidad religiosa de la Iglesia Shincheonji, relacionada en un momento inicial con más de la mitad de los casos de Covid-19 en el país.

La característica común del modelo aplicado tanto en Taiwan como en Corea del Sur, que ha sido adoptado con éxito también en Singapur y en algunos países del norte de Europa, en los que no se impusieron cuarentenas sociales ni se cerraron las ciudades ni las actividades productivas, así como tampoco las  escuelas ni las universidades, ha sido el diagnóstico masivo y temprano, la sistematización de datos, junto a la imposición de medidas muy estrictas de aislamiento para los pacientes y personas contagiadas.

El segundo modelo se corresponde con el que ha sido aplicado en China, y en buena medida en la mayor parte del mundo. En China, por haber reaccionado tarde, no hubo tiempo para las medidas de supresión y cuando ya el problema había entrado en una etapa de contagio exponencial hubo que tomar medidas muy restrictivas de mitigación. Para ello se tuvieron que decretar cuarentenas estrictas en ciudades y poblaciones enteras, que alcanzaron a unas 760 millones de personas en aislamiento, para tratar de evitar  una mayor propagación del coronavirus.

Ambos modelos han funcionado, de hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el éxito del gobierno de Xi Jinping por su actuación frente a la crisis. Pero lo que estos tres países comparten como característica común que les permitió atender el problema de manera exitosa es su capacidad estatal, que está entre las más desarrolladas del mundo. Lo que diferencia los modelos de respuesta es que las estrategias de mitigación, como la usada por China, España, Italia y Venezuela, no buscan erradicar el virus sino aplanar la curva de contagio para distribuir el número de afectados en un tiempo mucho mayor para no colapsar los servicios de salud, cuya consecuencia es un trade off que implica un costo económico y social muy importante para sus economías y sociedades, en especial cuando los Estados no cuentan con los recursos para absorber tales costos, y sobre todo cuando la población sufre carencias previas, como es el caso de Venezuela.

La situación en Venezuela

Las proyecciones de escenarios en el caso venezolano no lucen para nada fáciles considerando la situación actual, en la que no existe ninguna certeza sobre las cifras reales de contagio debido al hecho de que los reactivos para las pruebas son monopolizados por el Estado, que al no estar en capacidad de procesar miles de pruebas por día como lo vienen haciendo la mayoría de los países, la detección de casos presenta un rezago de varios días, que podría ser mayor en la medida que el número de personas con algún síntoma de contagio aumenta.

Si buscamos como referencia casos cercanos, por su proximidad geográfica y características sociales, tenemos que en un país vecino, como Colombia, con una población de 49 millones de habitantes, se están realizando 4000 despistajes por día. En Colombia se registraban, para el 20 de marzo, 128 casos de contagio,  para el 9 de abril el número alcanzaba los 2.053 y tan solo tres días después, el 12 de abril se ubicaba en algo más de 2.700 casos diagnosticados.

En Venezuela se reconocen oficialmente hoy en día la existencia de 167 casos, pero el total de pruebas que se han hecho desde la declaración de la emergencia al 31 de marzo era solo de 1.779 despistajes con 8% de casos positivos de acuerdo al segundo update, de fecha 2 de abril, de la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, lo que hace pensar que puede haber un rezago muy importante entre las cifras oficiales y la realidad actual, lo que implicaría que lo que estamos viendo no es, como el gobierno señala, una derrota a la pandemia ni diferencias en el comportamiento del virus en Venezuela, sino las enormes  distancias  entre las capacidades para diagnosticarlo que hay en relación a otros países, lo que depende, fundamentalmente, de la capacidad para procesar un alto número de pruebas confiables por día. A todo evento, Venezuela pareciera estar aún en una fase de crecimiento lineal y podría entrar, según han señalado algunos expertos muy respetados, en una fase de crecimiento exponencial en tres o cuatro semanas.

Lo que más preocupa del caso venezolano es que en una estimación de contagio de apenas 5% de la población, o sea 1.500.000 personas, lo que estaría muy por debajo de la tasa que se ha presentado en la mayoría de los países, se superarían las capacidades más elementales de atención médica del país y por mucho más las de hospitalización (unas 12.000 camas totales), y las de cuidados intensivos (que a duras penas llegaría a unas cien camas), con tan solo un 1% de los contagiados que requiera alguna atención de este tipo.

Al problema de la falta de infraestructura y recursos para atender la panedemia se suman las condiciones pre-existentes de Emergencia Humanitaria Compleja que hace mucho más dificil sostener en nuestro caso medidas como la cuarentena social colectiva, cuando ya antes de ser declarada la emergencia por el COVID-19 un tercio de la población era incapaz de procurarse la alimentación mínima  necesaria. Tal dificultad se incrementa cuando el gobierno, por razones políticas que apuntaban a contener una escalada de protestas convocadas por la oposición, asume la medida de manera temprana, lo que sería un acierto en un país con condiciones de normalidad y la capacidad para ayudar a la población a resistir la disrrupción de las actividades que le permiten sostener sus vidas, agotando los recursos de la gente al extender la situación por varias semanas adicionales.

Esta realidad se hace ya hoy evidente en el contraste entre sectores de una misma ciudad, en los que el cumplimiento de la cuarentena es mucho más estricto en localidades con poblaciones de clase alta y media, mientras que en sectores con altos indices de pobreza, que son además los de mayor densidad poblacional, es común la presencia cada vez mayor de personas en la calle para buscar alimentos o desarrollar actividades que le permitan el sustento diario.

La situación descrita hace predecible que, en el caso de que el crecimiento exponencial del contagio se presente en tres o cuatro semanas, como indican la mayoría de las proyecciones hechas por los expertos, el COVID-19 nos encontrará en la calle, lo cual podría implicar una situación muy compleja, considerando las condiciones pre-existentes del país.

Tal situación, sumada a la desaparición de la gasolina y con ello la progresiva desmovilización de personas y bienes, estaría conformando un pre-escenario que podría ser de alta conflictividad social, cuyo control, para mantener la gobernabilidad, exigiría del régimen mayores niveles de control social y represión de los que vemos ya hoy en día. En un escenario que tiende a complicarse por la propagación exponencial del contagio, el agravamiento de la situación socio-económica, un aumento en la conflictividad social, mayor represión y censura en la información, muchos son los que se estarán preguntando si ello podría lograr que el régimen reconsidere una oferta como la hecha, antes por los negociadores enviados por Guaió a Oslo y luego a Barbados, y recientemente replanteada por el gobierno norteamericano y apoyada por la Unión Europea y el Grupo de Lima, para constituir un gobierno provisional de unidad nacional.

La respuesta en estos casos es siempre ambigua porque aunque el impacto político de estas crisis no puede ser nunca subestimado, la experiencia nos enseña que al final el factor determinante está en la forma en que éstas condiciones afectan la posición de los diferentes actores claves en el régimen ante una situación que muy probablemente les exigirá escalar el uso de la fuerza contra su propia población y asumir costos muy altos en lo económico, lo social e incluso en vidas humanas para mantenerse en el poder.

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