Opinión y análisis

La “Desjusticia”: Cuna del renacimiento de la sociedad civil organizada

Foto: Archivo

Pedro González Caro

Oficial retirado de la Armada Venezolana. Graduado de la Escuela Naval en 1981. Licenciado en Ciencias Navales. Profesor de la UCAB en el Máster de Gestión de Programas  Sociales, Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Subdirector del CEPyG-UCAB.

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El pasado 15 de julio se presentó en Ginebra, dándole cumplimiento a la Resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos[1] un informe escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, dedicado en especial a la independencia y acceso al sistema de justicia. También se incluyó el tema de la violación de los derechos económicos y sociales y la situación de los derechos humanos en la región del estado Bolívar donde funciona el llamado Arco Minero del Orinoco.

Es curioso ver cómo sistemáticamente el gobierno del Presidente Nicolás Maduro se mofa de los organismos internacionales y del mismo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para él que fue elegido, después de hacer tantas “diligencias” para obtener un sillón. La última conspiración contra el régimen chavista denunciada por Nicolás Maduro dio con la detención, sin órdenes judiciales, de cuatro militares y dos policías y otros ocho venezolanos quedaron señalados por estar supuestamente implicados en un plan para asesinar al líder chavista y a otras figuras de su cúpula. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, falleció bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).  La detención de estas personas ocurrió precisamente durante la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ahora que se presenta este informe escrito y por exigencia del consejo, se detiene en forma absolutamente arbitraria al politólogo venezolano, Nicmer Evans, y se comenten una serie de abusos contra los principales partidos políticos de oposición y contra los derechos políticos de los venezolanos.

Está claro que  el principal objetivo del gobierno de Maduro es minar la capacidad de resistencia y destruir la esperanza de cambio de la población. El liderazgo político de la oposición que dirige Juan Guaidó se sostiene por esa esperanza de cambio, pero tras dar muchos traspiés y de fallar reiteradamente en la oferta de alcanzar la tan ansiada “salida”, la población está finalmente cediendo y cada vez más son los que prefieren adaptarse para sobrevivir o emigrar.

El informe oficial [2] y la versión no oficial en español [3] que fue  presentado el 15 de julio como punto 4 de la agenda, sobre situaciones de derechos humanos que requieren la atención del consejo, se basa en información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), incluyendo en entrevistas con víctimas, y testigos.

La preocupación del consejo, ante la falta de independencia que sufre el sistema de justica, es realmente alarmante, pero no voy a comentar aquí lo que ya el informe señala con mucho detalle, pero sí señalaré los eventos ocurridos justamente en días previos a la publicación de este informe sobre el sistema de justicia y el acceso a la justicia se producen un desbalance descarado y sistemáticamente diseñado para restar valor al “voto” como instrumento de cambio social y político y, por el contrario, convertirlo en una herramienta de perpetuación del régimen de Maduro en el poder.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que exige organizar y administrar procesos electorales para la renovación de los cargos de representación política en los que se garantice la participación con total libertad y equidad de todos los sectores de la sociedad. Solo así estos procesos electorales podrán gozar de la confianza de los ciudadanos y de la legitimidad nacional e internacional, sin embargo, el gobierno se ha empeñado en convocar unas elecciones para renovar el parlamento, aun con el agravamiento de la pandemia por el COVID-19 y  transgrediendo las más elementales normas de integridad electoral que brindan transparencia y credibilidad al proceso.  

En días recientes, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional a efectos de la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y designó a los cinco rectores y 10 suplentes del directorio del CNE, imponiendo entre los designados a dos magistradas de ese máximo tribunal. Con esta decisión el TSJ usurpa la competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional para designar a los titulares y suplentes del Poder Electoral; pero más allá de eso también usurpó las funciones del propio Consejo Nacional Electoral, con la imposición como presidenta del directorio del CNE, a una de las dos magistradas designadas como rectoras por la Sala Constitucional del TSJ y la imposición al frente de la Junta Nacional Electoral (JNE), responsable de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendo,  de quien fuera magistrada de la Sala Electoral. Esta magistrada fue la ponente y quien dictó la sentencia Nº 260 del 30 de diciembre de 2015 de la Sala Electoral, que impidió incorporarse a la Asamblea Nacional a los 3 diputados del estado Amazonas y el representante indígena por la Región Sur (Amazonas – Apure) electos el 6 de diciembre de 2015 y que dejó sin representación parlamentaria a ese estado, durante todo el periodo constitucional que ahora termina, y como elemento final el TSJ intervino las juntas directivas y designó nuevas autoridades en los tres principales partidos de oposición.

La pregunta obligada para los ciudadanos, es entonces: ¿qué hacer frente a esta barbarie de abuso del poder y uso de la “desjusticia” para construir un proceso electoral a la medida del régimen para adueñarse del único poder democráticamente electo y reconocido por más de 50 países?

La oposición está completamente desarticulada en una lucha intestina por hacerse del liderazgo, la sociedad civil, sumida en la desesperanza y cada vez más ocupada en sobrevivir con el peso adicional que supone la pandemia del COVID 19, que ahora crece en forma exponencial y por lo cual el gobierno declara medidas de contención e impone restricciones de reunión y distanciamiento social con lo cual no existe forma de organizar ni de coordinar ninguna acción que contrarreste la arremetida del régimen. Participar en una elección con las condiciones que anteceden a ésta, que ha sido convocada es un absurdo, pero no se trata de “no votar” se trata de participar para recuperar el valor del voto.

La respuesta que tengo ante la interrogante anterior es la  denominada “retirada”. En estrategia, una retirada es un tipo de operación que en general implica el abandonar la posición ocupada y replegarse a otra u otras más seguras, para consolidar fuerzas, para ocupar la tierra que se defienda más fácilmente, o para conducir al adversario hacia una situación en la que, sumergido en la confianza que le brinda el poder acumulado, lo induzca a la subestimación y a cometer errores. Una retira por su propia naturaleza es una operación relativamente aventurada peligrosa, que requiere disciplina para evitar caer en una derrota desorganizada.

Es imperativo reconstruir la propuesta democrática como “Proyecto de País” y así encontrar en él, el nuevo espacio de encuentro y de reconciliación de las fuerzas democráticas, pero fundamentalmente debemos valorar nuestra capacidad para poder llevar adelante esta “idea”, y finalmente ganar la gobernabilidad necesaria para poder cumplirla. Ha llegado la hora se “sumar”, no de alegrarse porque el régimen arremeta contra los que antes fueron propios, como ocurrió con Nicmer Evans y otros tantos. Si nuestra bandera es la recuperación de la democracia y de la reivindicación los derechos humanos, entonces la lucha debe ser más firme e intolerante frente a las violaciones de los derechos de los disidentes y de los que piensan diferente a nosotros.

En resumen, estamos inmersos en un sistema perverso y corrupto que está diseñado para doblegar la voluntad del ciudadano y convertirlo en un autómata, es imperativo que los ciudadanos comprendan que su rol es fundamental, que es necesario retomar la confianza en el liderazgo y que recuperen la esperanza de vivir en libertad y en democracia. El éxito de una retirada para reorganizarse, está en primer lugar en el orden y la disciplina y en segundo lugar en mantener la direccionalidad estratégica que garantiza que los sacrificios no serán en vano y el esfuerzo  mantendrá la orientación que efectivamente apunta al logro de los objetivos.

El mayor desafío que afronta la sociedad civil  está en asumir la gran responsabilidad de evitar a todo termine en la re-polarización entre quienes creen en acciones más radicales y aquellos más moderados, el momento histórico exige de los dirigentes asuman posturas ejemplares para orientar y direccionar el esfuerzo en el sentido correcto.

Quiero despedirme citando a Mark Twain, para estimular la reflexión de los líderes sociales en todos los espacios: “No podrás equivocarte, si haces lo correcto”.


[1] A/HRC/RES/42/25, 8 de octubre de 2019.

[2] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54.pdf

[3] ttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf  

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